Hundimientos y fallecidos, la otra cara de la deficiencia de controles portuarios

La pesca constituye junto al turismo, las principales actividades de la ciudad en términos económicos, históricos e incluso identitarios. Sin embargo, las tareas vinculadas a mar tienen un oscuro saldo que no parece corresponderse con ese lugar: el elevado número de naufragios y víctimas. 

Según indicó un relevamiento del Observatorio de Problemáticas Pesqueras, del año 2000 a la actualidad se hundieron 60 embarcaciones dejando un saldo de 97 muertes (dónde también se cuentan los desaparecidos). Estos fueron históricamente atribuidos a dos causas: el estado del tiempo y la negligencia de la tripulación o ambas. Sin embargo, un análisis más amplío permite ver que las responsabilidades se extienden mucho más allá.

El estado de los buques, los permisos de pesca y la regulación de la seguridad corresponden a entidades tanto empresarias como públicas. Cómo revela el caso del Repunte, el rol de prefectura habría sido clave al aprobar cálculos de estabilidad incorrectos. Dicha institución, de forma insólita, también es la encarga de llevar adelante las pericias, lo que muestra la tensión de ser "juez y parte" que abunda en el mundo de la pesca.

La antiguedad y los permisos de los buques, por su parte, depende el Consejo Federal Pesquero. Según revela el estudio anteriormente mencionado, un hecho común a todos los naufragios, es que en promedio, se trataba de barcos con más de 40 años. Incluso hay registro de embarcaciones de madera, algo que, en este punto, es anacrónico. 

Como informó La Tecla ante el hundimiento del Rigel, en 2018, este sirve como ejemplo de ilegalidad. Se supone, según el artículo  66 de la Ley 24.299 y los artículos 17 y 23 de la Ley 20.094, los barcos que cedan su permiso de pesca deben ir a desguace, cosa que no ocurrió.