La posibilidad de hallar petróleo cerca de las costas de la ciudad emerge como una oportunidad crucial para el despegue económico definitivo de Mar del Plata. En medio, idas y vueltas judiciales que ponen en suspenso el desarrollo de la actividad.
Las principales miradas están posadas en el bloque CAN (Cuenca Argentina Norte) 100, que cuenta con una extensión de 15.000 kilómetros cuadrados y está a unos 300 kilómetros de la ciudad. La empresa noruega Equinor es la principal operadora, controlando el 35%, junto con YPF (35%) y Shell (30%). El 30 de diciembre de 2021, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, autorizó la explotación petrolera en dicha área, y también en los bloques CAN 108 y 114.
Según las estimaciones del Gobierno se podrían hallar unos 1.000 millones de barriles de petróleo cerca de las costas de Mar del Plata, y se prevé que el proycto Argerich sea el primer pozo exploratorio en aguas profundas en la Cuenca Argentina Norte. Sin embargo, el desarrollo de la actividad ha encontrado trabas en la Justicia este año.
En enero se presentaron cuatro amparos en contra de la prospección sísmica necesaria que se debe hacer en el lecho marino para determinar la presencia de hidrocarburos. El de mayor peso político fue el que elevó el intendente Guillermo Montenegro. En la misma línea impulsaron el freno a la actividad La Casa del Trabajador, la Organización Ambientalistas Autoconvocados y un grupo de entidades ambientalistas, con Greenpeace a la cabeza.
En aquel entonces, el jefe comunal solicitó la suspensión de la autorización otorgada por el Presidente en tanto no se provea de toda la información necesaria para poder determinar si hay un riesgo ambiental y los alcances del mismo.
La causa le tocó al Juzgado Federal N°2, a cargo de Santiago Martín, que en febrero dictó la medida cautelar impulsada por los amparistas. El magistrado ordenó la suspensión de las tareas adjudicadas a las empresas petroleras y solicitó al Ministerio de Ambiente que brinde todos los datos necesarios sobre el impacto ambiental que generaría la exploración petrolera.
Tras la apelación del Gobierno, la Cámara, en junio, dio de baja la medida cautelar que se dictó inicialmente, pero ordenó otra, instando al Gobierno a una nueva “Evaluación Ambiental Estratégica” que dé cuenta de los impactos “acumulativos” que generaría la prospección sísmica en el lecho marino.
En agosto, Nación dio el visto bueno a los nuevos estudios de impacto ambiental complementarios que elevó Equinor. Sin embargo, en una resolución dictada el 18 de octubre, Martín mantuvo la medida cautelar que frena la exploración por dos aspectos centrales. En primer lugar,pidió la intervención de la Administración de Parques Nacionales (APN), para que evalúe y opine sobre el dictado de impacto ambiental. Se trata de algo que hasta el momento no se realizó, a pesar de que el área alertó por los perjuicios que se podrían generar en la fauna marina a partir del varamiento de la ballena franca austral.
En tanto, Martín ordenó analizar e incluir los plazos temporales en que se pondrán en práctica los proyectos de exploración petrolera, considerando “impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos que se deberán integrar con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”.
La otra novedad saliente por estos días fue la postura de Montenegro, quien afirmó que nunca estuvo “a favor ni en contra” de la actividad. El jefe comunal señaló que los últimos recaudos que planteó la Justicia Federal fueron impulsados por organizaciones ambientalistas, mientras que lo solicitado por la Comuna ya fue cumplido. Estos ítems tenían que ver con que la DIA esté bajo el control del Ministerio de Ambiente, la confección de un Plan de Mitigación del impacto ambiental y la realización de una au-diencia pública consultiva, llevada a cabo en el mes de mayo.
¿Centro de operaciones? Los interrogantes del puerto
Un eje clave para el futuro de la actividad es el funcionamiento del puerto local como centro logístico, en medio de la puja con Bahía Blanca. En principio, la ciudad contaría con ventaja por ser la zona más cercana a la base de operaciones y contar con mayor oferta hotelera y gastronómica. El puerto bahiense, por su parte, queda mucho más lejos, por lo que aumentan no solo los costos, sino también el riesgo de accidentes.
Gabriel Felizia
Sin embargo, la Comuna tiene su costado deficitario: hay poca capacidad de amarre, un punto clave, porque en la fase exploratoria se necesita espacio para los buques sísmicos y perforadores, así como los de apoyo. En el mientras tanto, el consorcio que conduce Gabriel Felizia no ha avanzado prácticamente con el desguace de buques inactivos que limitan el espacio operativo. Tampoco hubo avances en la construcción del Espigón 92, obra anunciada hace casi tres años por Fernanda Raverta.
Poco espacio operativo en el puerto
Los guiños de Provincia y Nación
En el marco de la última audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente, tanto Provincia como Nación brindaron su apoyo para que Mar del Plata sea ciudad de cabecera de la exploración petrolera offshore, en medio de la puja con Bahía Blanca. “Sería el epicentro de la actividad costa fuera, dado que cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de estos proyectos a gran escala”, aseguró al respecto Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense.
En la misma línea, Daniel Schteingart, de la Secretaría de Desarrollo Productivo, sostuvo que Mar del Plata puede ser un gran “hub” para los hidrocarburos offshore, con 54 pymes locales que son “proveedoras de la cadena de gas y petróleo”.
La apelación de Equinor
La empresa noruega se encuentra ante un escenario contradictorio: mientras que las autoridades de Ambiente dan continuidad al proceso de audiencias públicas, la Justicia mantiene frenado el proyecto. En los escritos presentados por la compañía exigieron levantar la cautelar “de forma urgente” y aseveraron que la medida implicaba un efecto “irreparable” con los compromisos en la realización de actividades de explotación en nuestro país.
A su vez,destacaron que la industria es “altamente promovida como una política de Estado”. Por último, en el escrito, compartido con YPF, afirmaron que afecta al interés público nacional y que se pone en juego no solo el proyecto en particular, sino también “el futuro de la política energética”.
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