Continúa el conflicto entre el balneario Manantiales y los vecinos de la zona sur de la ciudad

 

Continúa el conflicto por el espacio público entre la asamblea vecinal Luna Roja y el balneario Manantiales Club de Mar. Tras el dictamen del juez Heber Daniel Amalfi, quien falló a favor del privado, la comunidad protestante denunció públicamente el frustrado intento de querer cerrar el acceso público a la playa, y alambrar la totalidad de la Unidad Turística Fiscal  (UTF) Arroyo Lobería, ubicada en el kilómetro 540 de la Ruta 11. 

Los vecinos y vecinas de la zona sur de la ciudad precisaron que “el balneario se apropió de toda la unidad que es un bien de dominio público”. Ante la situación, “alertados por el atropello, la apropiación privada y el despojo del parque público, movilizaron al lugar y lograron evitar pacíficamente la implantación del alambrado”, detalla el comunicado del Observatorio Paseo Costanero Sur, que agrega: “Las autoridades municipales hacen oídos sordos y dan vía libre a las intempestivas embestidas privadas que una vez más ponen en peligro los espacios públicos”. 

La problemática podría agudizarse durante el transcurso de los próximos días. “Posiblemente vuelvan a intentar alambrar. Y eso estamos esperando, serán más ellos -por el concesionario-, y nosotros también”, advirtieron desde la asamblea vecinal, quienes se encuentran en “estado de alerta permanente” y de “acción pronta”. 

Según la Ordenanza 21.554, le otorga al particular -Rivan S.A- la concesión para la explotación comercial, y en contraprestación, debe brindar servicios turísticos arancelados y no arancelados. Es decir,  reservar un área para el uso público con los servicios correspondientes, entre ellos, baños, áreas recreativas con juegos infantiles y sesenta plazas de estacionamiento libre y gratuito. 

En ese sentido, el balneario emplazado, desde 1990, en la UTF, "nunca cumplió con la normativa desde hace 30 años. Solo brinda servicios pagos, y no reconoce el uso público de la unidad. Cierra todos los accesos. Para ingresar, si o si, hay que pagar porque no hay bajadas públicas”, precisó una ambientalista integrante de Luna Roja, quien aseveró: “El Ente Municipal de Turismo nunca dio una respuesta, a pensar que hicimos una multitud de denuncias hace años. Las normativas y el control dentro de las concesiones no existe”.

Foto: proporcionada por asamblea Luna Roja - Elementos que deben retirar 

Ante este contexto, la comunidad de Chapadmalal recuperó -en junio de 2021- un sector abandonado que representa, aproximadamente, el 7% de la superficie total. El lugar, previo a su puesta en valor, se encontraba lleno de basura y desperdicios. Allí funcionó el polígono de quema para los restos de poda y plástico. “Limpiamos y acondicionamos el espacio para que las personas puedan disfrutarlo. Los chicos del barrio comenzaron a venir para jugar a la pelota”, expresaron desde Luna Roja.  

El sentimiento de “victoria” duró poco. “Aprovechando esa circunstancia, ingresamos a la capilla, hecha en 1956, y sacamos todos los residuos que ellos tenían”, explicaron. En ese momento, comenzó la problemática y posterior batalla judicial. El locatario realizó una demanda civil por desalojo. “Los juicios civiles dependen de un  patrocinio letrado, que nosotros no tenemos. No podemos pagarlo”, precisaron. 

El tiempo pasó y el dictamen llegó. “El juez interpretó, con un criterio muy riguroso y cerrado, que hay una usurpación, pero nosotros no poseemos ni tenemos ningún bien nuestro abandonado ahí. Además, no impedimos el ingreso de nadie. Es algo surrealista porque nosotros no sabemos que van a desalojar porque no hay nadie, no hay pertenencias. Tampoco hay elementos de cerramiento que impida el acceso de personas. Es como ir a desalojar una plaza”, lamentaron. 

En ese sentido, el activista ambiental que, conoce detalladamente la causa, aseguró que se trata de “una estrategia del privado para amedrentar con las costas del juicio a los involucrados” para así, “intentar alambrar nuevamente la Unidad Turística Fiscal”, que corresponde al Paseo Costanero Sur, y “continuar con la concesión sin cumplir nada”. 

Tras la resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Mar del Plata, la comunidad deberá retirar diversos elementos que “obstruyen” el funcionamiento del balneario denunciante -aunque advirtieron que no lo harán-: un cartel que señala el carácter de “Bien de Dominio Público” de la unidad, otro que indica  el cuidado higiénico de la zona, dos mesas hechas con madera reciclada, una señalización que aclara la prohibición del uso del fuego por riesgo de incendio y su marco legal y un poste que contiene información -en colaboración con científicos del CONICET- sobre la fauna del lugar.