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21 de abril de 2023

Censo 2022: qué dice la respuesta del INDEC al Concejo

El organismo nacional explicó la demora en la difusión de los datos y reveló que el operativo costó $17.400 millones. Además, se declaró “incompetente” sobre los parámetros para definir los recursos coparticipables. El oficialismo había cuestionado la veracidad de las estadísticas.

Censo 2022: qué dice la respuesta del INDEC al Concejo - La Tecla Mar del Plata

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio detalles sobre las demoras en la difusión de los datos del Censo 2022, a la vez que se declaró "incompetente" sobre la incidencia de las estadísticas en el reparto de la coparticipación provincial.

El organismo nacional remitió una nota al HCD luego de que, en febrero, se aprobara una comunicación que lo instaba a expedirse sobre la demora en el procesamiento de los resultados; si esto podría afectar "de manera significativa la veracidad de los datos obtenidos en todo el proceso censal"; por qué hubo diferencias entre las estadísticas provisorias en mayo del 2022 y las publicados en febrero de 2023; el costo del operativo; y si la forma en la que se reparte la coparticipación es en base al Censo 2010 o por el proyectado del mismo.

Al respecto, Marcos Lavagna, el titular de la dependencia nacional, explicó que el INDEC decidió no publicar los resultados provisionales en la fecha original del 18 de enero-lo hizo finalmente el 31-”porque los datos de las planillas resúmenes de campo no cumplían con los estándares que se requiere para la difusión de información estadística precisa”. 

En base a la evaluación realizada sobre dichas planillas de conteo rápido se concluyó que, “por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron al censo digital no fue incluido”. Y, por lo tanto, eso no permitió reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional. No obstante, “esta situación no afectará a los datos del Censo 2022”.

En esa línea, Lavagna esgrimió que un censo de población, viviendas y hogares “representa el operativo estadístico más grande desde el punto de vista logístico, operacional y metodológico”. Y que el esquema de difusión será el siguiente: el 31 de enero fue la primera etapa de los resultados, desagregados por jurisdicción y departamento; la segunda etapa consistirá en la publicación de los datos definitivos de las mismas variables de la etapa anterior, incorporando los rangos etarios por sexo, y el nivel de desagregación de localidad, fracción y radios censales; y la tercera etapa constará de “un conjunto de publicaciones temáticas relacionadas a la interacción de las variables demográficas básicas con los demás ejes del cuestionario”.

Sobre las diferencias entre los datos provisorios que se informaron en mayo de 2022 y los de enero, el funcionario planteó que los primeros resultados “se basaron en parámetros de campo extrapolados a todo el operativo censal”. Y que los mismos “debían entenderse como tendencia del operativo de campo a los cuales se aplicarán, posteriormente, procesos poscensales de consistencias y validaciones". Por lo que las diferencias "obedecen a esas reglas de validaciones”.

En tanto, precisó que, a la fecha, el costo total del Censo 2022 ascendió a $17.416.254.067,65. A la vez que manifestó que el INDEC “no es competente” en relación a “la metodología en que la provincia distribuye los recursos coparticipables”. Por lo que instó a “consultar a las autoridades responsables”.

Como es sabido, el INDEC informó que General Pueyrredon tiene 682.605 habitantes, lejos del millón que proyectaba el gobierno municipal. De esta forma, la comuna se posicionó como el cuarto distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires, detrás de La Matanza -1.837.774-, La Plata -772.618- y Lomas de Zamora -694.330-. 

Las cifras difundidas generaron sospechas en el oficialismo local, que impulsó el mencionado pedido de informe al organismo nacional, a la vez que volvió a apuntar contra la presunta población adulterada de La Matanza en el Censo 2010. De comprobarse, eso implicaría una revisión de los parámetros que utiliza Gobernación para repartir la coparticipación.
 

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