La Justicia volvió a poner contra las cuerdas al Municipio y a Obras Sanitarias (OSSE) por uno de los aumentos tarifarios más fuertes de los últimos años. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó el fallo que había considerado ilegítimo el incremento del 142,7% aplicado a comienzos de 2024 y mantuvo la obligación de compensar a los usuarios alcanzados.
La resolución surgió a partir de las apelaciones presentadas por la Municipalidad de General Pueyrredon y OSSE contra el pronunciamiento de primera instancia. Ambos habían defendido el incremento bajo el argumento de que se trataba de una actualización necesaria para recomponer los ingresos del servicio frente al fuerte aumento de los costos y la inflación.
Pero los camaristas entendieron que, más allá de cómo haya sido presentado el incremento, el resultado concreto para los usuarios fue una suba sustancial de las facturas. Por ese motivo, consideraron que antes de aplicar una modificación de semejante magnitud debía existir una instancia efectiva que permitiera a los usuarios informarse y participar del proceso.
Ese punto fue determinante. Para la Cámara, los mecanismos generales de participación existentes en el ámbito municipal no alcanzaron para reemplazar una instancia específica previa al aumento. Tampoco consideró suficiente que el Concejo Deliberante hubiera intervenido posteriormente.
El conflicto tiene su origen en una acción colectiva impulsada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), que cuestionó el incremento aplicado sobre las facturas correspondientes a enero y febrero de 2024. El planteo terminó derivando en un expediente que ahora suma un nuevo capítulo judicial.
La cuenta que queda abierta
El fallo ratifica que las sumas que los usuarios hayan abonado como consecuencia del incremento cuestionado deberán ser computadas en futuras facturaciones. La forma concreta en que se instrumentará esa compensación deberá determinarse durante la etapa de ejecución de la sentencia.
Pero el expediente todavía tiene otra cuestión pendiente. ADDUC había reclamado además una indemnización equivalente al 25% de los montos cobrados, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. La Cámara entendió que ese planteo no había sido resuelto en primera instancia y ordenó que sea analizado allí.
Es decir que, además del mecanismo de devolución o compensación que deberá aplicarse si la sentencia queda firme, todavía podría abrirse una discusión adicional sobre cuánto deberán reconocer finalmente OSSE y el Municipio a los usuarios alcanzados por la demanda.
Un fallo que preocupa puertas adentro
El nuevo revés judicial aparece en un momento particularmente sensible para las cuentas municipales. En un escenario de recursos cada vez más ajustados y con las arcas de General Pueyrredon bajo presión, una eventual obligación de compensar a los usuarios de OSSE representa un frente financiero que el Gobierno deberá seguir de cerca.
Por ahora, no existe un desembolso inmediato derivado del fallo: la sentencia todavía puede ser recurrida y las compensaciones quedarán supeditadas a que la resolución adquiera firmeza. Sin embargo, el antecedente genera preocupación porque deja planteada una eventual obligación económica que podría terminar impactando sobre las cuentas de la empresa sanitaria y, de manera indirecta, sobre las finanzas municipales.
La Municipalidad y OSSE todavía cuentan con la posibilidad de intentar llevar el expediente ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense mediante un recurso extraordinario. Hasta que se agoten esas instancias, no corresponde hablar de una devolución inmediata a los usuarios.
Mientras tanto, el fallo vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda para el Gobierno: cómo sostener el financiamiento de un servicio esencial cuando los aumentos tarifarios de magnitud quedan expuestos a nuevos controles judiciales.
El expediente, así, lejos de cerrarse, abre otra etapa. A la discusión sobre la legitimidad del aumento se suma ahora la definición de cómo se compensará a los usuarios y, eventualmente, si también corresponde reconocer una indemnización adicional. Para el Municipio, es un nuevo frente que llega justo cuando cada peso de las cuentas públicas empieza a tener mayor peso político.
