La precariedad portuaria, una constante

Hace una semana se conoció el archivo de la causa del San Antonino, buque hundido en septiembre del 2016 con 6 tripulantes abordo, con tres fallecidos y tres desaparecidos. El cierre del expediente se suma a otras demoras y fallos judiciales en torno a los naufragios que se acumulan pero sin mayores respuestas oficiales que la "falla humana" o la meteorología. En esa línea, las autoridades, políticas o empresariales, quedan afuera. 

Junio es un mes particular en la historia de los hundimientos. La zafra del langostino en aguas patagónicas provoca la migración de buena parte de la flota hacia esa zona en busca del llamado "oro rojo". La ganancia extraordinaria que la especie generó en los últimos años tuvo "efectos secundarios" como la falta de controles y la salida de buques en cualquier condición.

Los casos paradigmáticos son los del "Rigel" y el "Repunte", que aportaron más víctimas al historial. Los familiares, en el proceso de búsqueda de justicia, pusieron sobre la mesa hechos que son vox populi en el puerto como la antiguedad de la flota, cuyo promedio en Argentina supera las cuatro décadas. La desidia también se ve en los "arreglos" precarios, en muchas ocasiones hechos con los buques a flote, algo prohibido por la ley. 

El Consorcio Portuario Regional, el Consejo Federal Pesquero y la Prefectura Naval, aparecen como parte de una cadena de responsabilidades que permiten la salida a mar de buques sin condiciones y que en convivencia con entidades empresariales o sindicales, mantienen a la flota al borde de la tragedia.