Sin embargo, el proceso de investigación y justicia puso sobre la mesa otras aristas y responsables. La causa tiene siete imputados, entre miembros de la Prefectura, de la familia Caputo -dueña de la nave- y el ingeniero que firmó el cálculo de estabilidad, hecho que terminaría siendo clave en el naufragio. En ese sentido, la cadena de responsabilidades se extiende hacia las dependencias del Estado, el empresariado y también la política. Ésta última aparece en varias partes del proceso, por ejemplo, en la entrega de permisos de pesca entre un buque y otro. Al Repunte se le otorgó la posibilidad de la pesca de langostino, actividad para la que no había sido construido. Esto llevó a la colocación de tangones, herramientas utilizadas para dicha especie y que habrían provocado el vuelco de la nave. Otra punta habitual en los naufragios es el estado de las naves. La renovación de la flota pesquera, un anuncio evocado en varias oportunidades por la política, nunca termina de hacerse efectivo. El decreto elaborado por el macrismo en 2019, extiende los plazos para efectivizarla hasta 2040, permitiendo que naves entre 40 y 60 años continuen activas. Los números |