¿Políticas de Seguridad Pública o Política con la Seguridad?

Latinoamérica fue la tierra de oportunidades para nuestros bisabuelos y abuelos, aquellos que vinieron a hacerse “la América” con sudor y trabajo, con una mano delante y otra detrás. No mucho cambió a estas épocas, sigue siendo una tierra de oportunidades; pero para la delincuencia y el delito que efectivamente te pueden dejar sin tus bienes y dinero, es decir con una mano delante y otra detrás, cuando no también sin vida.

El incremento de todo tipo de delitos por estas tierras americanas se encuentra siempre en el centro del debate político, motivo por el cual todos los políticos, de todos los colores, los buenos, los malos y los malísimos, de todos los países, y con mayor o menor capacidad de gestión, con mayor o menor inteligencia, con mayor o menor interés, pero siempre con algún interés, se enfocan en el tema de la seguridad pública.

En la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia, se dieron todas las variantes. Desde gobernadores que, ante la necesidad de demostrar acción, “manotearon” personajes políticos que parecían duros para ocupar un Ministerio de Seguridad, y hasta gobernadores que, con muy cierto interés y ganas, apostaron por la lucha contra las mafias y la corrupción. Los primeros mostraron ser duros en la cáscara, con conocimiento de las telarañas políticas y judiciales, pero vacíos en el conocimiento de la seguridad moderna, el nuevo accionar profesional del hombre policía y la lucha contra el narcotráfico. Los segundos, en tanto, delegaron todo en aquellos que se vendían como los mejores del equipo. Y es bien cierto y sabido que aquellos que siempre se creen los mejores dentro de un equipo están en el equipo equivocado. Ese fue el modelo provincial ministerial de los últimos veinte años.

Cada maestrito con su librito, con sentido común (a veces poco común y otras con menos sentido) y  sin seguir un plan rector de seguridad pública, nos hicieron testigos de cómo los subsecuentes equipos ministeriales alambraban su campo como creían que había que hacerlo, nombrando “amigos” por sobre profesionales en todos los casilleros a llenar y a un patrón de estancia (entiéndase jefe de Policía provincial) que les asegurara el manejo de la indiada jerárquica de una institución policial que hace décadas no se baja del podio de la corrupción y la falta de profesionalismo generalizadas. Así, el paso de décadas de este “Tómala vos, dámela a mí” de ministros salientes y entrantes en la provincia nos mostró relevos en el cargo pasándose una institución policial como si fueran vigiladores de seguridad de un consorcio que se entregan el libro de guardia del turno. En otras palabras, se hizo habitual el recambio de cúpulas ministeriales sin haber realizado un proceso de empalme operacional de varias y consecutivas reuniones de equipo, un trabajo que lleva muchos días, donde se expusieran por parte del equipo saliente la realidad de la seguridad en el territorio, los objetivos alcanzados, los que se alcanzaron a medias, los que no se alcanzaron, y el estado de los medios logísticos y económicos. En síntesis, pasó a ser hábito lo que en las fuerzas de Seguridad Pública serias y profesionales de este mundo no resulta normal ni profesional.

Con cada nueva gestión se repetía la misma pregunta: ¿los equipos ministeriales-policiales que intervinieron tenían la decidida intención y capacidad para llevar adelante en forma moderna y profesional la lucha contra el delito, las mafias y el narcotráfico con un Plan de Seguridad Pública? Si así fue, entonces ¿Por qué estamos tan mal?, ¿por qué no pudieron estos ministros y su policía mostrar más resultados positivos que negativos?, ¿por qué la sociedad no les cree ni creyó a esos políticos y descree de su policía?

La respuesta radica en que se priorizaron medidas que fueron y son más afines a veces a ese sentido y necesidad común del funcionario político, que las prácticas sujetas a la evidencia rigurosa y científica que necesita un servidor público para actuar en consecuencia.

Es razonable pensar, y también así se observa, que aquellos Estados con menor calidad y capacidad política-institucional, como la provincia de Buenos Aires, se vean más expuestos al accionar del delito y bandas organizadas.

¿QUÉ ES UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA?

Una de las mejores definiciones, acotadas en sus términos y más entendibles para el público en general, nos dice que, “es un conjunto de planes de diversa índole, con reglas y prácticas claras, integrales y bien definidas que en este caso no solo combate, reduce o mitiga el delito, sino que pone a salvo a los ciudadanos de su peligrosidad”

Claramente, las autoridades políticas sostenidas por lo que debería ser la profesionalidad de las cúpulas policiales y su estructura de seguridad, son aquellas que tienen la mayor injerencia en el diseño, implementación y desarrollo operativo de este conjunto de medidas.

Vale decir también que todo proyecto o Plan de Seguridad que nazca de la política de Seguridad Pública, y que busque ser efectivo, debe tener la posibilidad de ser evaluado, auditado y calificado, con la posibilidad de poder determinar si se produjeron los efectos deseados o en que medida se alcanzaron los objetivos planteados. De esta sola forma es posible evaluar aquellos planes bien formulados.

A casi seis meses de esta gestión ministerial gubernamental, nos preguntamos ¿tenemos Plan de Seguridad Pública? Nuestro plan, el plan de la provincia, ¿dónde está?

 

Jorge Luis Vidal, Ph.D 
Analista en Inteligencia Delictual 
Especialista en gestión de la seguridad pública y lucha contra el Narcotráfico, en Medellín Colombia y Buenos Aires