A poco de dejar el poder, Cambiemos presentó un proyecto en el Congreso que busca sacarle recursos económicos a la Corte Suprema de Justicia, organismo con el que tuvo una relación tirante en el último tiempo a partir de fallos adversos.
En concreto, la iniciativa busca modificar la distribución de recursos dentro de los diferentes organismos de Justicia. En concreto, la ley 23.853 asigna al Poder Judicial el 3,5% "de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central". De acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, dictado por Néstor Kirchner, el 0,57% es asignado a la Corte Suprema y el “2,93% al Consejo de la Magistratura”.
La iniciativa, a la que tuvo acceso La Tecla.info, fue presentada por el Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, junto a Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos, Álvaro González, presidente del bloque PRO y Diego Mestre, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.
En sus considerados, se especifica que se busca redistribuir los recursos asignados por la ley de autarquía al Poder Judicial, disminuyendo los correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y aumentando los recursos del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de administrar el Poder Judicial.
“Este esquema de distribución de recursos ha demostrado ser inadecuado, dejando al Consejo de la Magistratura de la Nación ―y a los tribunales bajo su administración― en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica. Ello, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia del Poder Judicial" sostuvo Tonelli.
En sus fundamentos, el proyecto enfatiza que “la readecuación de la distribución de los fondos asignados al Poder Judicial resulta indispensable para sanear la administración de recursos de este poder del Estado, así como para evitar las consecuencias negativas que derivan de la dependencia económica y la emergencia de la infraestructura por falta de inversión”.
“Tan inadecuada ha sido la asignación de recursos presupuestarios en cabeza del Consejo de la Magistratura, que más del 95% de ellos se destina al pago de salarios, lo que hace imposible aplicar fondos para hacer inversiones mínimas. Por otro lado, la situación presupuestaria y financiera de la Corte Suprema es diametralmente opuesta. A partir del desequilibrio presupuestario introducido mediante el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, la Corte Suprema pasó a poder administrar una masa superavitaria de fondos que no tienen aplicación al pago de haberes o a inversión en el Poder Judicial de la Nación, y que se mantienen bajo la absoluta discrecionalidad del más alto tribunal” continuó Tonelli.
La modificación propuesta implica que del 3,5% del presupuesto asignado, el 0,20% sea para la Corte Suprema de Justicia y el 3,30% para el Consejo de la Magistratura.
Por su parte, Negri afirmó que "el artículo 114 de la Constitución establece que el Consejo de la Magistratura es quien administra el Poder Judicial. Si queremos juzgados más eficientes debemos dotarlos de recursos acordes con la necesidad social de más y mejor Justicia. Por eso presentamos este proyecto de ley, que busca redistribuir el reparto de fondos que van al Poder Judicial para cumplir este objetivo".
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