Pese al reclamo del Concejo Deliberante, la Suprema Corte no da señales por las bonificaciones docentes

La presentación efectuada a mediados de noviembre por el Concejo Deliberante reclamando un “pronto despacho” en la causa iniciada por el Ejecutivo por competencia de poderes en el caso de las bonificaciones docentes, no parece haber movido un milímetro a la Suprema Corte de su posición de ajustarse a los tiempos de la política.

Es que ante la inminencia de la salida de Carlos Arroyo y el ingreso de Guillermo Montenegro, que junto a su equipo de Educación ratificaron su compromiso con la devolución del beneficio y de forma retroactiva, el conflicto sería superado y la causa quedaría abstracta.

Pero esos no fueron los tiempos que guiaron al Concejo Deliberante, que el pasado 13 de noviembre y a través de su abogada Carolina Morteo, planteó que “habiendo transcurrido el plazo establecido por el art.262 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, vengo por la presente a solicitar el pronto despacho de esta causa”.

Ese artículo establece un plazo de 30 días en el que los jueces deben fallar a partir de su intervención en conflictos entre poderes, plazo por demás excedido ya que la denuncia se presentó el 13 de diciembre pasado y la Suprema Corte comenzó a tratar el expediente cinco días después. Esa normativa también plantea que “los miembros de la Corte responderán personalmente cuando excedan el plazo establecido”.

“La Suprema Corte no se va a dejar correr, los tiempos los van a imponer ellos y acá la política ya planteó una solución al conflicto, por lo que no va a haber fallo”, analizó una fuente del Legislativo local ante La Tecla Mar del Plata. En tanto, desde La Plata reina el hermetismo, donde pese a las consultas de este medio no hay precisiones sobre cómo se moverá el órgano presidido por Eduardo Néstor de Lázzari.

El conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo sigue sin resolución judicial


Sin embargo, los tiempos políticos primaron en el tratamiento que realizó el máximo tribunal bonaerense durante el año, en el contexto del manejo de una causa sensible. Tras las PASO y con un escenario que daría como resultado un nuevo intendente que diera marcha atrás con la postura de Arroyo -ya que los principales candidatos pusieron ese eje como un tema central en la campaña-, el expediente fue pisado a la espera del cambio de mandato. El reclamo del Concejo Deliberante no cambiaría en nada el escenario.

Mientras desde el gobierno entrante buscan las salidas para responder financieramente a los entre $200 y $250 millones que demanda la reparación retroactiva del derecho negado a los docentes por el gobierno de Arroyo, el propio Montenegro precisó a La Tecla Mar del Plata cuál será el devenir de la causa a partir del 10 de diciembre. “Cuando firmás un decreto diciendo que se va a pagar queda abstracta la cuestión, ahí deja de existir el conflicto y la Suprema Corte cierra la causa”, aseguró.

La última novedad en la causa fue el 25 de septiembre, cuando la Suprema Corte de Justicia bonaerense le puso un freno al intento del gobierno municipal de dilatar el fallo en la causa de las bonificaciones docentes, luego de la presentación de 15 nuevas pruebas documentales que, de haber sido aceptadas, hubieran significado la suspensión del llamado de autos para resolver.

La decisión del máximo tribunal se basó en lo dispuesto por el art. 482 del Código Procesal Civil y Comercial, donde se estipula que “desde el llamamiento de autos queda cerrada toda discusión entre las partes y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las medidas para mejor proveer”, según destacó la resolución.