La Tecla Mar del Plata
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Desde 1997, por ordenanza municipal, Mar del Plata es considerada “zona no nuclear”. La normativa vigente impide la instalación de centrales nucleares, el almacenamiento —sea transitorio, temporario o permanente— de residuos o materias primas radioactivas, la habilitación de plantas que utilicen estos materiales en sus procesos productivos y el transporte de dichas sustancias por cualquier vía: aérea, terrestre o marítima.
La ordenanza fue en un contexto donde la preocupación por los efectos ambientales y de salud asociados a la energía nuclear era especialmente alta, y donde Mar del Plata, por su ubicación estratégica, se encontraba expuesta a posibles riesgos. Esta normativa surgió como una medida precautoria para proteger el entorno natural y la calidad de vida de los ciudadanos, además de alinearse con una política ambiental que apuntaba a un desarrollo sustentable en la región.
27 años más tarde, un edil del oficialismo presentó un proyecto, de los pocos presentados por él, que propone derogar la ordenanza 11.460. La iniciativa llegó al Concejo Deliberante tras los anuncios del presidente Javier Milei, quien incluyó entre los ejes de su plan de gobierno el desarrollo de un programa nuclear nacional, con nuevos reactores y el fomento a tecnologías emergentes.
La discusión nacional tuvo su eco en el plano local: la iniciativa de Busetti plantea un giro drástico en la política ambiental del municipio. El expediente fue tratado una sola vez, en la comisión de Ambiente, que resolvió solicitar una batería de informes técnicos. Desde fines de marzo se esperan respuestas del gobierno municipal y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).
Asimismo, en el proyecto, el edil afirmó que la prohibición “limita el desarrollo de proyectos estratégicos en la región, desaprovechando la oportunidad de instalar reactores modulares de baja escala que podrían abastecer de energía estable a sectores industriales y tecnológicos avanzados”. Además, sostuvo que la normativa vigente “implica un freno al desarrollo económico, científico y tecnológico de la región, privándola de inversiones y empleos de alta calidad”.
Sin embargo entre los principales cuestionamientos al proyecto se señala que no cuenta con estudios de impacto ambiental ni informes técnicos que avalen la modificación del régimen vigente. “No se presentan análisis serios sobre los riesgos que implicaría esta modificación normativa”, sostiene el dictamen.
También se apunta que la propuesta se apoya en conceptos vagos, como la defensa de las “libertades individuales” y la “desregulación normativa”, sin abordar los peligros asociados al uso de energía nuclear.