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Domingo, 1 junio 2025
Argentina
1 de junio de 2025
PROBLEMAS SIN RESOLVER

El conflicto por las apps de transporte ya se disputa en tres juzgados mientras el Concejo sigue sin definir una regulación

Mientras el expediente que busca modificar la ordenanza sobre el uso de aplicaciones de transporte continúa cajoneado en el Concejo Deliberante, los taxistas judicializaron el conflicto. La demanda ya circula por tres juzgados y expone la falta de definiciones políticas para regular un servicio en expansión.

El conflicto por las apps de transporte ya se disputa en tres juzgados mientras el Concejo sigue sin definir una regulación
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El expediente con año 2024, impulsado por Coalicion Civica Radical, propone modificar el artículo 3° de la ordenanza 23.928 —sancionada en 2019— para que las penalizaciones contra conductores que trabajan con estas apps queden sin efecto mientras no exista una regulación específica. Sin embargo, desde diciembre, el proyecto permanece frenado sin señales de avance.
 

Desde 2022, además, se encuentra cajoneado en el Concejo Deliberante una propuesta oficialista para crear un registro que, indirectamente, significaria una regulación de las plataformas de transporte. El expediente permanece guardado en la comisión de Movilidad Urbana desde noviembre de ese año, sin tratamiento ni actualización.
 

En paralelo, la Federación Nacional de Conductores de Taxis presentó una medida cautelar solicitando la suspensión del funcionamiento de las aplicaciones en Mar del Plata por operar sin habilitación municipal. El planteo busca que se ordene su cese inmediato hasta tanto exista una regulación formal y se define en qué juzgado deberá tramitarse: inicialmente recayó en el Juzgado Civil y Comercial N°9, pero también intervinieron los juzgados 5 y 14, generando una disputa de competencia.
 

Desde el sector de los taxis señalan que la proliferación de estos servicios digitales, sin los mismos controles ni exigencias que el transporte tradicional, genera una competencia desigual y pone en jaque la sustentabilidad del trabajo registrado. La judicialización del conflicto se da en un contexto de inacción legislativa y creciente tensión en las calles.
 

Con el proyecto legislativo sin tratamiento y la causa judicial disputando en tres juzgados diferentes, el escenario deja al descubierto la falta de consensos políticos para abordar un problema que sigue creciendo. El conflicto, por ahora, sigue esperando resolución tanto en el recinto como en los tribunales.

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