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La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
4 de julio de 2025
La Justicia puso límites a la Patrulla Municipal y organismos de derechos humanos brindaron detalles sobre el fallo
Tras el fallo del juez Juan Tapia que prohíbe operativos violentos contra personas en situación de calle en General Pueyrredon, organismos de derechos humanos ofrecieron una conferencia de prensa para detallar los alcances de la medida. La resolución judicial llega luego del fallecimiento de Héctor Gustavo Cabello y múltiples denuncias por violencia institucional.
Organizaciones de derechos humanos brindaron una conferencia de prensa en las escalinatas del Palacio Municipal para explicar los alcances del reciente fallo que ordena a las autoridades de General Pueyrredon cesar cualquier tipo de operativo de la Patrulla Municipal que implique violencia física o verbal hacia personas en situación de calle. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Juan Francisco Tapia en el marco de un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, la APDH regional Mar del Plata y otras organizaciones sociales y políticas.
Durante la conferencia, Rodrigo Pomares — quien ofició de vocero de la Comisión por la Memoria— destacó que no se trata de hechos aislados, sino de una metodología sistemática de hostigamiento amparada por políticas públicas que naturalizan la exclusión y la represión sobre los sectores más vulnerables. En ese sentido, detalló que el expediente judicial acreditó múltiples episodios en los que la denominada "patota del municipio" actuó con violencia, sustrajo documentos y pertenencias personales, y ejerció humillaciones sobre personas en extrema vulnerabilidad.
El fallo judicial no solo ordena la suspensión de este tipo de operativos, sino que prohíbe expresamente al Cuerpo de Patrulla Municipal cualquier despliegue sobre personas en situación de calle que implique violencia física o verbal, así como la sustracción de documentación u objetos personales. Además, Pomar recordó que existe una causa penal en curso bajo la carátula de “apología del delito e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Las organizaciones remarcaron que el accionar estatal debe orientarse a la protección de derechos y la asistencia social, no a la persecución de los sectores más vulnerables.