CAMPAÑA ELECTORAL
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
12 de octubre de 2025
Convivencia narco
El narcogate de Espert y el asesinato de Morena, Brenda y Lara dejó en evidencia la coexistencia con el narcotráfico, un agente activo en la sociedad y la política. Impacto en territorio bonaerense, qué dicen los números y las voces de quienes siguen y estudian al narcotráfico como una estructura social paralela.
La provincia de Buenos Aires vuelve a ser escenario de historias atravesadas por la violencia, la marginalidad y las drogas. El caso de Morena, Brenda y Lara de Florencio Varela, atrapadas en un círculo de consumo, redes delictivas y desamparo estatal, volvió a exponer la profundidad del deterioro social que golpea al Conurbano bonaerense. Sus historias no son hechos aislados, sino síntomas de un entramado donde el narcotráfico se mezcla con la pobreza, la falta de oportunidades y la fragmentación comunitaria.
A pocos días de conocerse ese caso, otro sacudón político puso el foco en la misma problemática desde otro ángulo: el narcogate José Luis Espert. Las denuncias y versiones sobre vínculos entre su entorno y el tráfico de drogas abrieron un debate incómodo sobre los límites difusos entre poder político, financiamiento electoral y crimen organizado. Aunque la justicia aún investiga, la coincidencia temporal con el caso de Florencio Varela refuerza la sensación de una red más extensa de complicidades.
Ambos episodios, en planos distintos, reflejan la penetración del narcotráfico en la vida cotidiana bonaerense. Desde los barrios vulnerables hasta los pasillos de la política, la narcocriminalidad se presenta como un poder paralelo que condiciona la seguridad, la economía informal y hasta los discursos públicos. Los datos oficiales del Ministerio Público bonaerense confirman que el delito vinculado a estupefacientes crece año tras año, con epicentro en los distritos más poblados del conurbano.
"La tarea es constante, pero sin ninguna duda el crecimiento del narcotráfico ha sido desmesurado”, advirtió recientemente el procurador general bonaerense.
En este contexto, el deterioro del tejido social, que los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina describen como “persistente y multidimensional”, se convierte en terreno fértil para el avance de estas economías ilegales. A su vez, la falta de empleo formal y la ausencia de políticas territoriales sostenidas dejan espacio a un actor que ya no esconde sus intenciones.
En este contexto, el narcotráfico se erige como estructura social paralela con capacidad para penetrar tanto en las periferias urbanas como en las estructuras institucionales.
De acuerdo al último informe de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, en su Informe de Estupefacientes 2024, y de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (PROCUNAR) el panorama es verdaderamente preocupante. La investigación penal de delitos vinculados con drogas creció en la provincia de Buenos Aires, reflejo del deterioro social en muchas localidades del conurbano. La narcocriminalidad es, según PROCUNAR, “un fenómeno socio-político de vasto alcance, que atraviesa numerosos aspectos de la vida de la sociedad” y genera “consecuencias gravemente nocivas a las personas y los bienes”.
Así lo había advertido a principio de año el arzobispo de La Plata Gustavo Carrara, quien señaló que el narcotráfico es una "pandemia invisible". "Nosotros no creemos en una respuesta mercadocéntrica ni en una respuesta estadocéntrica, creemos que las comunidades son protagonistas y que pueden traccionar soluciones. En este caso, un sistema preventivo que amortigüe el impacto del avance de la droga", señaló en relación a la importancia de la iglesia y su cercanía con las familias.
"Estamos ante un proceso de multiplicación de transas-cuentapropistas"
En diálogo con La Tecla, Esteban Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y autor del podcast "Mundo transa" y del libro "Desarmar al pibe chorro", evidenció de qué manera la expansión del narcotráfico en el Conurbano se vincula con la desigualdad social y las sustanciales diferencias del mundo transa y el narco.
-¿De qué manera la expansión del narcotráfico en el Conurbano se vincula con la desigualdad social y la falta de políticas de seguridad integrales?
-La expansión de los mercados de drogas ilegalizadas y los negocios satélites al mismo (juego de apuestas, prestamismo usurario, venta forzada de seguridad privada, etc.) encuentran en la pobreza, las múltiples desigualdades (sociales e individuales), en la fragmentación social, y en el descompromiso del Estado de la cuestión social el mejor escenario para poder prosperar y expandirse. En este contexto de retirada del Estado los transas se convierten en “resolvedores de problemas” sea porque prestan plata a una vecina para pagar un medicamento, o para pagar las deudas con otras financieras, para comprarse una heladera para el kiosco, pagar un velorio, un viaje al interior. Por su puesto que esa generosidad persigue intereses concretos: a veces obtener más ganancias y otras veces ganarse la aceptación de los vecinos del barrio. Allí donde el estado retrocede, los narcos avanzan, allí donde la economía se desfonda el universo transa se expande.
Esteban Alzueta, Abogado y Magister en Ciencias Sociales (UNLP).
-¿Qué impacto tiene la mediatización de estos casos en la construcción del miedo y la legitimación de ciertas políticas de seguridad?
El tratamiento sensacionalista nunca colabora a problematizar nada, puede servir para poner un tema en la agenda, pero no para debatir nada. Más aún en una coyuntura electoral como la actual.
-A raíz del triple crimen de las chicas de Varela, ¿qué transformaciones observas en las formas de violencia y criminalidad organizada en los últimos años, y qué lugar ocupa el Estado en esa dinámica?
-El triple crimen de las jóvenes mujeres revela algunas transformaciones al interior de la cultura criminal plebeya en general, y del mundo transa en particular. En la provincia de Buenos Aires, el mercado de drogas ilegalizadas se ha ido expandiendo horizontalmente, como sucede en otras ciudades del país. Hoy día estamos asistiendo a la expansión del universo transa de la mano de emprendedores que se dedican a la venta o distribución de drogas de manera independiente. Por eso encontrás en un mismo barrio 20, 30 o más personas dedicadas a la venta de drogas y una gran cantidad de pibes haciendo deliverys que se encargan de la repartición puerta–puerta. Actividades que los transas suelen realizar aprovechando la opacidad que ofrecen algunas redes sociales y plataformas de servicios de mensajería. Estamos ante un proceso de multiplicación de transas-cuentapropistas, que venden drogas por cuenta propia, combinando actividades convencionales (regentear un gym, una barbería, una pizzería, o un almacén) con el tráfico de drogas.
Pero insisto en este punto.No se trata del crecimiento de las grandes bandas sino de la expansión del mundo transa de la mano del emprendedurismo. Algunas de ellas muy violentas, que se hacen eco de la violencia desmesurada que usan los pibes rastreros cuando salen a robar. Pero los transas son personas o grupos de personas que no están encuadradas a las viejas organizaciones criminales, que se mueven con relativa autonomía, y que por eso mismo no están en el radar de las policías.
"Las policías se dedican a regular los mercados criminales desde hace décadas", señaló Alzueta.
-¿Cómo influye el discurso político “mano dura” en la propia configuración del poder narco?
-Las policías se dedican a regular los mercados criminales desde hace décadas. Este ha sido un tema explorado por muchos investigadores y periodistas. El problema es que los barrios cambiaron y cambió también la forma y dinámicas de comercialización y la propia composición de los grupos como te decía recién. Antes la policía negociaba con las bandas narcos que colaboraban a encuadrar a la cohorte de transas que vendía para él. Pero ahora encontramos otros grupos de personas más rústicas que venden por cuenta propia, que no están encuadradas a las grandes organizaciones y que por tanto la policía tiene dificultades para poner en caja.
-A raíz de la estrecha relación de Fred Machado y Espert, ¿qué revela este tipo de escándalos sobre la convivencia entre el poder político y las redes delictivas en la Argentina actual?
-No hay que confundir el mundo transa destinado a surtir el mercado local, y que está compuesto por actores muy heterogéneos y rudimentarios, con el mundo narco orientado al mercado global, que son organizaciones articuladas verticalmente y muy sofisticadas. Son dos actores sociales completamente distintos, separados y separables. Pero que sin embargo suelen cruzarse a la hora de blanquear la plata. Las estructuras jurídicas y contables que las elites construyeron para blanquear la plata que no se declara en el fisco (por ejemplo, la plata procedente del tráfico ilegal de granos) suelen ser referenciadas por algunos actores del mundo transa para blanquear también sus ganancias. Esos armados jurídicos-contables incluyen cuevas financieras, pero también los fideicomisos de los desarrolladores inmobiliarios de la obra privada, proyectos turísticos, gastronómicos o deportivos.
La importancia de una red barrial ante el avance narco y la falta de programas sociales
El intendente de Morón, Lucas Ghi, advirtió sobre una situación “preocupante” en el conurbano bonaerense por la superposición de dos fenómenos: el retroceso de los programas estatales de prevención y asistencia y el crecimiento sostenido de las organizaciones criminales que actúan como estructuras “paraestatales”. “Hay una confusión entre la ausencia del Estado y el avance de redes ilegales que terminan resolviendo problemas que debería atender el Estado de manera efectiva”, expresó el jefe comunal.
Ghi remarcó la necesidad de sostener políticas públicas de cercanía.
En ese contexto, Ghi destacó el lanzamiento del programa “Manzanas del Cuidado”, una iniciativa que busca reconstruir el entramado comunitario a través de referentes vecinales distribuidos en cada una de las 3.521 manzanas del distrito. “Vamos a comenzar con más de 200 manzanas críticas, con personas que ya tienen una historia de compromiso social, desde centros de fomento hasta cooperadoras o ex manzaneras, para que puedan articular acciones de prevención, asistencia y acompañamiento”, explicó.
Por último, el intendente subrayó que el objetivo es restituir la presencia del Estado a través del vínculo directo con los vecinos, aprovechando el conocimiento territorial que poseen las redes solidarias locales. “Muchas veces el Estado llega tarde o de manera burocrática; estas referentes conocen cada historia familiar y permiten mantener un seguimiento constante”, sostuvo Ghi, al remarcar la necesidad de sostener políticas públicas de cercanía frente a la creciente vulnerabilidad social.
Cabe destacar, además, que en julio de este año tuvo lugar uno de los operativos más relevantes de los últimos años en materia de combate al narcotráfico. En un trabajo conjunto entre la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón, la Jefatura Departamental, el Comando de Patrullas y la Comisaría 1ra de Morón, junto a fuerzas policiales, el acompañamiento del Poder Judicial y los equipos de seguridad municipales, se realizaron múltiples allanamientos simultáneos en cuatro en localidades vecinas que funcionaban como puntos de abastecimiento.
El despliegue involucró a más de 80 efectivos y 30 móviles policiales. Como resultado, se logró la detención de once personas y el secuestro de más de 700 dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. En ese sentido, el secretario de Seguridad local, Damián Cardoso, sostuvo: “Las denuncias de los vecinos, en el nuevo esquema de política de seguridad designado por el intendente, ahora son protagonistas en el distrito. Esto permite intervenir en cada uno de los barrios, por el reclamo de quienes viven allí. No solo por investigaciones policiales, sino por la Secretaría de Seguridad, que está al frente de los reclamos y demandas que hacen llegar los vecinos”.
“El intendente de Morón, Lucas Ghi, pretende que las voces de los vecinos sean protagonistas en la lucha contra el delito, y sus reclamos comienzan a recibir respuestas concretas de parte de las fuerzas policiales y el Poder Judicial”, expresó el funcionario. Y agregó: “Estos operativos son un ejemplo de la sincronización entre la Secretaría de Seguridad, las fuerzas policiales y el Poder Judicial”.
El narco no crece solo, necesita protección
En diálogo con La Tecla, el diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) advirtió sobre la expansión del narcotráfico en la provincia y su relación con la política, el financiamiento de campañas y el lavado de dinero. Cabe destacar que desde el 2023 a la fecha, Bugallo es uno de los pocos legisladores que ha presentado proyectos para poner el foco sobre el narcotráfico. En este caso para crear en la Cámara de Diputados la Comisión Especial de Seguimiento e investigación del crímen organizado, en especial narcotráfico desarmaderos y metaleros.
“El narcotráfico ya no es solo un tema de droga: es poder. Donde el Estado se borra, el narco se mete. Te da comida, te presta plata, te consigue laburo, te da ‘seguridad’. Así compra barrios enteros. La gente termina dependiendo de ellos, no porque quiera, sino porque el Estado les dio la espalda", advirtió.
Según Bugallo, el problema excede al tráfico de estupefacientes y se traslada al plano económico y político: “El narco no crece solo: necesita protección. No es casualidad que algunas campañas se financien con plata sucia o que cuando hay que investigar muchos miren para otro lado. El corazón del negocio no está en la esquina donde se vende, está en el lavado de dinero, en la plata que se blanquea a través de estructuras del poder".
Luciano Bugallo.
En la misma línea, el legislador apuntó que las políticas públicas deben enfocarse en seguir la ruta del dinero, no solo en reprimir al último eslabón de la cadena. “No alcanza con perseguir al dealer de la cuadra: hay que llegar a la punta del ovillo. Eso significa investigar mutuales, financieras, constructoras y empresas de fachada que funcionan como circuitos para blanquear ganancias", agregó.
También reclamó una profunda reforma en las fuerzas de seguridad: “Hace falta sanear la policía: renovación de cuadros, controles internos reales, salarios dignos y juzgamiento efectivo para los que estén contaminados. No podemos pretender combatir al narco con una fuerza que tiene fugas por todos lados".
Por otro lado, Bugallo alertó sobre el impacto de las leyes de blanqueo que promueven algunos sectores al señalar que “si se abre un canal legal para ‘blanquear’ dinero sin explicación legítima, se cierra la persiana a la investigación del lavado grande y al financiamiento narco. Esa supuesta admisión voluntaria puede terminar siendo carta blanca para que bandas criminales legitimen sus ganancias".
“Mirá lo que pasó con el caso Espert: el empresario ‘Fred’ Machado, vinculado a causas por narcotráfico, le pagó 200 mil dólares por una supuesta asesoría. Eso volvió a poner sobre la mesa algo que Carrió viene denunciando hace años: la droga financia la política", aseveró en relación a casos recientes que muestran la conexión entre poder político y narcotráfico.
Y advirtió sobre la gravedad de los vínculos en el conurbano bonaerense: “En José C. Paz, el propio intendente Ishii fue grabado diciendo que tenía que ‘cubrir’ empleados que vendían droga con las ambulancias. Y en la provincia, la jueza Arroyo Salgado habló de vínculos entre asesores de Ritondo y policías investigados por narcotráfico".
Finalmente, Bugallo resumió su planteo con un mensaje central; “Si queremos pelear de verdad contra el narcotráfico, hay que seguir la plata, no solo los tiros. Hace falta una política de transparencia en serio: controles patrimoniales, auditorías cruzadas de campañas, registros abiertos y una policía depurada y profesional".
A pocos días de conocerse ese caso, otro sacudón político puso el foco en la misma problemática desde otro ángulo: el narcogate José Luis Espert. Las denuncias y versiones sobre vínculos entre su entorno y el tráfico de drogas abrieron un debate incómodo sobre los límites difusos entre poder político, financiamiento electoral y crimen organizado. Aunque la justicia aún investiga, la coincidencia temporal con el caso de Florencio Varela refuerza la sensación de una red más extensa de complicidades.
Ambos episodios, en planos distintos, reflejan la penetración del narcotráfico en la vida cotidiana bonaerense. Desde los barrios vulnerables hasta los pasillos de la política, la narcocriminalidad se presenta como un poder paralelo que condiciona la seguridad, la economía informal y hasta los discursos públicos. Los datos oficiales del Ministerio Público bonaerense confirman que el delito vinculado a estupefacientes crece año tras año, con epicentro en los distritos más poblados del conurbano.
"La tarea es constante, pero sin ninguna duda el crecimiento del narcotráfico ha sido desmesurado”, advirtió recientemente el procurador general bonaerense.
En este contexto, el deterioro del tejido social, que los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina describen como “persistente y multidimensional”, se convierte en terreno fértil para el avance de estas economías ilegales. A su vez, la falta de empleo formal y la ausencia de políticas territoriales sostenidas dejan espacio a un actor que ya no esconde sus intenciones.
En este contexto, el narcotráfico se erige como estructura social paralela con capacidad para penetrar tanto en las periferias urbanas como en las estructuras institucionales.
De acuerdo al último informe de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, en su Informe de Estupefacientes 2024, y de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (PROCUNAR) el panorama es verdaderamente preocupante. La investigación penal de delitos vinculados con drogas creció en la provincia de Buenos Aires, reflejo del deterioro social en muchas localidades del conurbano. La narcocriminalidad es, según PROCUNAR, “un fenómeno socio-político de vasto alcance, que atraviesa numerosos aspectos de la vida de la sociedad” y genera “consecuencias gravemente nocivas a las personas y los bienes”.
Así lo había advertido a principio de año el arzobispo de La Plata Gustavo Carrara, quien señaló que el narcotráfico es una "pandemia invisible". "Nosotros no creemos en una respuesta mercadocéntrica ni en una respuesta estadocéntrica, creemos que las comunidades son protagonistas y que pueden traccionar soluciones. En este caso, un sistema preventivo que amortigüe el impacto del avance de la droga", señaló en relación a la importancia de la iglesia y su cercanía con las familias.
"Estamos ante un proceso de multiplicación de transas-cuentapropistas"
En diálogo con La Tecla, Esteban Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y autor del podcast "Mundo transa" y del libro "Desarmar al pibe chorro", evidenció de qué manera la expansión del narcotráfico en el Conurbano se vincula con la desigualdad social y las sustanciales diferencias del mundo transa y el narco.
-¿De qué manera la expansión del narcotráfico en el Conurbano se vincula con la desigualdad social y la falta de políticas de seguridad integrales?
-La expansión de los mercados de drogas ilegalizadas y los negocios satélites al mismo (juego de apuestas, prestamismo usurario, venta forzada de seguridad privada, etc.) encuentran en la pobreza, las múltiples desigualdades (sociales e individuales), en la fragmentación social, y en el descompromiso del Estado de la cuestión social el mejor escenario para poder prosperar y expandirse. En este contexto de retirada del Estado los transas se convierten en “resolvedores de problemas” sea porque prestan plata a una vecina para pagar un medicamento, o para pagar las deudas con otras financieras, para comprarse una heladera para el kiosco, pagar un velorio, un viaje al interior. Por su puesto que esa generosidad persigue intereses concretos: a veces obtener más ganancias y otras veces ganarse la aceptación de los vecinos del barrio. Allí donde el estado retrocede, los narcos avanzan, allí donde la economía se desfonda el universo transa se expande.
Esteban Alzueta, Abogado y Magister en Ciencias Sociales (UNLP).
-¿Qué impacto tiene la mediatización de estos casos en la construcción del miedo y la legitimación de ciertas políticas de seguridad?
El tratamiento sensacionalista nunca colabora a problematizar nada, puede servir para poner un tema en la agenda, pero no para debatir nada. Más aún en una coyuntura electoral como la actual.
-A raíz del triple crimen de las chicas de Varela, ¿qué transformaciones observas en las formas de violencia y criminalidad organizada en los últimos años, y qué lugar ocupa el Estado en esa dinámica?
-El triple crimen de las jóvenes mujeres revela algunas transformaciones al interior de la cultura criminal plebeya en general, y del mundo transa en particular. En la provincia de Buenos Aires, el mercado de drogas ilegalizadas se ha ido expandiendo horizontalmente, como sucede en otras ciudades del país. Hoy día estamos asistiendo a la expansión del universo transa de la mano de emprendedores que se dedican a la venta o distribución de drogas de manera independiente. Por eso encontrás en un mismo barrio 20, 30 o más personas dedicadas a la venta de drogas y una gran cantidad de pibes haciendo deliverys que se encargan de la repartición puerta–puerta. Actividades que los transas suelen realizar aprovechando la opacidad que ofrecen algunas redes sociales y plataformas de servicios de mensajería. Estamos ante un proceso de multiplicación de transas-cuentapropistas, que venden drogas por cuenta propia, combinando actividades convencionales (regentear un gym, una barbería, una pizzería, o un almacén) con el tráfico de drogas.
Pero insisto en este punto.No se trata del crecimiento de las grandes bandas sino de la expansión del mundo transa de la mano del emprendedurismo. Algunas de ellas muy violentas, que se hacen eco de la violencia desmesurada que usan los pibes rastreros cuando salen a robar. Pero los transas son personas o grupos de personas que no están encuadradas a las viejas organizaciones criminales, que se mueven con relativa autonomía, y que por eso mismo no están en el radar de las policías.
"Las policías se dedican a regular los mercados criminales desde hace décadas", señaló Alzueta.
-¿Cómo influye el discurso político “mano dura” en la propia configuración del poder narco?
-Las policías se dedican a regular los mercados criminales desde hace décadas. Este ha sido un tema explorado por muchos investigadores y periodistas. El problema es que los barrios cambiaron y cambió también la forma y dinámicas de comercialización y la propia composición de los grupos como te decía recién. Antes la policía negociaba con las bandas narcos que colaboraban a encuadrar a la cohorte de transas que vendía para él. Pero ahora encontramos otros grupos de personas más rústicas que venden por cuenta propia, que no están encuadradas a las grandes organizaciones y que por tanto la policía tiene dificultades para poner en caja.
-A raíz de la estrecha relación de Fred Machado y Espert, ¿qué revela este tipo de escándalos sobre la convivencia entre el poder político y las redes delictivas en la Argentina actual?
-No hay que confundir el mundo transa destinado a surtir el mercado local, y que está compuesto por actores muy heterogéneos y rudimentarios, con el mundo narco orientado al mercado global, que son organizaciones articuladas verticalmente y muy sofisticadas. Son dos actores sociales completamente distintos, separados y separables. Pero que sin embargo suelen cruzarse a la hora de blanquear la plata. Las estructuras jurídicas y contables que las elites construyeron para blanquear la plata que no se declara en el fisco (por ejemplo, la plata procedente del tráfico ilegal de granos) suelen ser referenciadas por algunos actores del mundo transa para blanquear también sus ganancias. Esos armados jurídicos-contables incluyen cuevas financieras, pero también los fideicomisos de los desarrolladores inmobiliarios de la obra privada, proyectos turísticos, gastronómicos o deportivos.
La importancia de una red barrial ante el avance narco y la falta de programas sociales
El intendente de Morón, Lucas Ghi, advirtió sobre una situación “preocupante” en el conurbano bonaerense por la superposición de dos fenómenos: el retroceso de los programas estatales de prevención y asistencia y el crecimiento sostenido de las organizaciones criminales que actúan como estructuras “paraestatales”. “Hay una confusión entre la ausencia del Estado y el avance de redes ilegales que terminan resolviendo problemas que debería atender el Estado de manera efectiva”, expresó el jefe comunal.
Ghi remarcó la necesidad de sostener políticas públicas de cercanía.
En ese contexto, Ghi destacó el lanzamiento del programa “Manzanas del Cuidado”, una iniciativa que busca reconstruir el entramado comunitario a través de referentes vecinales distribuidos en cada una de las 3.521 manzanas del distrito. “Vamos a comenzar con más de 200 manzanas críticas, con personas que ya tienen una historia de compromiso social, desde centros de fomento hasta cooperadoras o ex manzaneras, para que puedan articular acciones de prevención, asistencia y acompañamiento”, explicó.
Por último, el intendente subrayó que el objetivo es restituir la presencia del Estado a través del vínculo directo con los vecinos, aprovechando el conocimiento territorial que poseen las redes solidarias locales. “Muchas veces el Estado llega tarde o de manera burocrática; estas referentes conocen cada historia familiar y permiten mantener un seguimiento constante”, sostuvo Ghi, al remarcar la necesidad de sostener políticas públicas de cercanía frente a la creciente vulnerabilidad social.
Cabe destacar, además, que en julio de este año tuvo lugar uno de los operativos más relevantes de los últimos años en materia de combate al narcotráfico. En un trabajo conjunto entre la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón, la Jefatura Departamental, el Comando de Patrullas y la Comisaría 1ra de Morón, junto a fuerzas policiales, el acompañamiento del Poder Judicial y los equipos de seguridad municipales, se realizaron múltiples allanamientos simultáneos en cuatro en localidades vecinas que funcionaban como puntos de abastecimiento.
El despliegue involucró a más de 80 efectivos y 30 móviles policiales. Como resultado, se logró la detención de once personas y el secuestro de más de 700 dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. En ese sentido, el secretario de Seguridad local, Damián Cardoso, sostuvo: “Las denuncias de los vecinos, en el nuevo esquema de política de seguridad designado por el intendente, ahora son protagonistas en el distrito. Esto permite intervenir en cada uno de los barrios, por el reclamo de quienes viven allí. No solo por investigaciones policiales, sino por la Secretaría de Seguridad, que está al frente de los reclamos y demandas que hacen llegar los vecinos”.
“El intendente de Morón, Lucas Ghi, pretende que las voces de los vecinos sean protagonistas en la lucha contra el delito, y sus reclamos comienzan a recibir respuestas concretas de parte de las fuerzas policiales y el Poder Judicial”, expresó el funcionario. Y agregó: “Estos operativos son un ejemplo de la sincronización entre la Secretaría de Seguridad, las fuerzas policiales y el Poder Judicial”.
El narco no crece solo, necesita protección
En diálogo con La Tecla, el diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) advirtió sobre la expansión del narcotráfico en la provincia y su relación con la política, el financiamiento de campañas y el lavado de dinero. Cabe destacar que desde el 2023 a la fecha, Bugallo es uno de los pocos legisladores que ha presentado proyectos para poner el foco sobre el narcotráfico. En este caso para crear en la Cámara de Diputados la Comisión Especial de Seguimiento e investigación del crímen organizado, en especial narcotráfico desarmaderos y metaleros.
“El narcotráfico ya no es solo un tema de droga: es poder. Donde el Estado se borra, el narco se mete. Te da comida, te presta plata, te consigue laburo, te da ‘seguridad’. Así compra barrios enteros. La gente termina dependiendo de ellos, no porque quiera, sino porque el Estado les dio la espalda", advirtió.
Según Bugallo, el problema excede al tráfico de estupefacientes y se traslada al plano económico y político: “El narco no crece solo: necesita protección. No es casualidad que algunas campañas se financien con plata sucia o que cuando hay que investigar muchos miren para otro lado. El corazón del negocio no está en la esquina donde se vende, está en el lavado de dinero, en la plata que se blanquea a través de estructuras del poder".
Luciano Bugallo.
En la misma línea, el legislador apuntó que las políticas públicas deben enfocarse en seguir la ruta del dinero, no solo en reprimir al último eslabón de la cadena. “No alcanza con perseguir al dealer de la cuadra: hay que llegar a la punta del ovillo. Eso significa investigar mutuales, financieras, constructoras y empresas de fachada que funcionan como circuitos para blanquear ganancias", agregó.
También reclamó una profunda reforma en las fuerzas de seguridad: “Hace falta sanear la policía: renovación de cuadros, controles internos reales, salarios dignos y juzgamiento efectivo para los que estén contaminados. No podemos pretender combatir al narco con una fuerza que tiene fugas por todos lados".
Por otro lado, Bugallo alertó sobre el impacto de las leyes de blanqueo que promueven algunos sectores al señalar que “si se abre un canal legal para ‘blanquear’ dinero sin explicación legítima, se cierra la persiana a la investigación del lavado grande y al financiamiento narco. Esa supuesta admisión voluntaria puede terminar siendo carta blanca para que bandas criminales legitimen sus ganancias".
“Mirá lo que pasó con el caso Espert: el empresario ‘Fred’ Machado, vinculado a causas por narcotráfico, le pagó 200 mil dólares por una supuesta asesoría. Eso volvió a poner sobre la mesa algo que Carrió viene denunciando hace años: la droga financia la política", aseveró en relación a casos recientes que muestran la conexión entre poder político y narcotráfico.
Y advirtió sobre la gravedad de los vínculos en el conurbano bonaerense: “En José C. Paz, el propio intendente Ishii fue grabado diciendo que tenía que ‘cubrir’ empleados que vendían droga con las ambulancias. Y en la provincia, la jueza Arroyo Salgado habló de vínculos entre asesores de Ritondo y policías investigados por narcotráfico".
Finalmente, Bugallo resumió su planteo con un mensaje central; “Si queremos pelear de verdad contra el narcotráfico, hay que seguir la plata, no solo los tiros. Hace falta una política de transparencia en serio: controles patrimoniales, auditorías cruzadas de campañas, registros abiertos y una policía depurada y profesional".