15 de octubre de 2025
TEMPORADA Y UTF
Playas marplatenses: cómo el monopolio pultista fija tarifas de lujo por décadas
La extensión de los contratos de las UTF en Mar del Plata revela el acta fundacional de una cartelización que ha congelado el futuro costero por décadas. Esto permite a un puñado de empresas, concesionadas en su mayoría durante la gestión de Pulti, no solo blindar sus ganancias, sino también imponer precios que convierten las playas de la ciudad en un destino de lujo inaccesible para la mayoría.
El prolongado horizonte de las concesiones, que en casos emblemáticos como el Torreón del Monje o balnearios de La Perla y Playa Dorada se extiende hasta el impactante año 2046, ha consolidado el poder de fuego de un grupo reducido de actores económicos. La repetición de nombres de empresas en distintos puntos neurálgicos de la costa —como Arena Grande S.A. en Playa Grande o Salimar S.A. en Varese y La Perla— demuestra que la explotación de la arena, el mar y los servicios no es una libre competencia, sino un coto de caza repartido entre pocos.
Esta concentración tiene una consecuencia inmediata y brutal: la cartelización de los precios. Cuando un puñado de grupos controla una porción significativa de la oferta de carpas y sombrillas, desaparece la competencia real, y son esos pocos los que deciden cuánto cuesta el verano marplatense. Los datos para la temporada 2026 son la prueba más ácida de este dominio.
En zonas codiciadas como Playa Grande o el sector sur, el alquiler de una carpa por toda la temporada alcanza un precio que ronda los $6.000.000. El monto diario puede dispararse hasta los $220.000. Cruzando Cabo Corrientes, en La Perla, un balneario emblemático fija la temporada completa (diciembre, enero y febrero) en $3.900.000 en efectivo. Incluso en Punta Mogotes, históricamente con precios algo más moderados, alquilar solo enero tiene un precio de $2.000.000, más el estacionamiento diario de $15.000.
Estos números demuestran que el verdadero poder de los concesionarios excede largamente la arena y la infraestructura. Al establecer tarifas oligopólicas de esta magnitud, este grupo minoritario y concentrado define, de manera directa, quién puede acceder a las playas y quién queda excluido. La costa, que por ley debería ser un bien público y democrático, se transforma en una experiencia segmentada por capacidad de pago, dirigida a un turismo de alto poder adquisitivo.
La prolongación de los contratos hasta 2046 ha despojado a las gestiones municipales de la herramienta más básica de planificación urbana y regulación económica: la posibilidad de rediscutir los términos, de abrir la competencia o de exigir un perfil de explotación que priorice el acceso popular. La decisión de hipotecar la costa por tanto tiempo, mayoritariamente durante la gestión de Gustavo Pulti, ha dejado a las administraciones posteriores en un rol pasivo, reducida a la mera fiscalización de un sistema que ellos no crearon, pero que hoy castiga el bolsillo de los turistas y marplatenses por igual. El monopolio de las UTF no solo es una cuestión de poder político y económico; es un factor de exclusión social que transforma “La Feliz" en una ciudad solo para los que pueden pagar sus precios blindados.