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27 de noviembre de 2025
JUDICIALES

Patricio Gerbi: el arrepentido de la “Causa Cuadernos” que desembarca en el Juicio Oral

El empresario marplatense, titular de la constructora Coarco, se encuentra entre los 87 acusados en el histórico juicio por corrupción. Pese a su calidad de "imputado colaborador" y sus intentos por evitar el debate, deberá enfrentar a la Justicia, que rechazó sus ofrecimientos de reparación y probation.

Patricio Gerbi: el arrepentido de la “Causa Cuadernos” que desembarca en el Juicio Oral
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A siete años del estallido de la denominada "Causa Cuadernos", el empresario constructor Patricio Gerbi es una de las figuras que ha cobrado relevancia en el inicio del juicio oral, que comenzó el 6 de noviembre de 2025. El titular de la firma marplatense Coarco S.A., conocida por obras emblemáticas en Mar del Plata y a nivel nacional, se encuentra en el banquillo de los acusados junto a exfuncionarios de alto rango —incluida la expresidenta Cristina Kirchner— y otros 64 empresarios, todos imputados por una compleja trama de corrupción vinculada a la adjudicación de obra pública y concesiones viales.

La situación judicial de Gerbi está marcada por una dualidad: por un lado, su participación como "imputado colaborador" o "arrepentido" desde agosto de 2018, cuando compareció de forma espontánea ante el fiscal Stornelli. Acusado de asociación ilícita y cohecho, su testimonio fue clave en la etapa de instrucción. En esa declaración, si bien negó haber pagado sobornos en el marco de las 19 obras públicas adjudicadas a Coarco durante el kirchnerismo, sí reconoció haber efectuado pagos de dinero ilegal a funcionarios —específicamente a Claudio Uberti, a cargo del Occovi— en relación con la renegociación de la concesión del Corredor Vial N°1, que su empresa explotaba en UTE con Equimac. El empresario justificó estos pagos, que se extendieron desde 2004 hasta 2007, como resultado de un "esquema de extorsión, amenaza y aprietes" montado por los funcionarios, quienes demoraban pagos y negaban aumentos tarifarios para forzar las entregas de dinero.

A pesar de su colaboración con la Justicia, que según sus defensores le reducía la pena en expectativa, Gerbi no ha logrado evitar sentarse en el estrado. En las semanas previas al inicio del debate, el empresario, junto a otros procesados, intentó dos vías alternativas para eludir el juicio: primero, un ofrecimiento de "reparación integral" por una suma equivalente a los embargos trabados en su contra, estimados en $206 millones actualizados; y luego, una solicitud de "suspensión del juicio a prueba", es decir, probation, que incluía una compensación económica de casi $210 millones y la realización de tareas comunitarias en Mar del Plata.

Ambos pedidos fueron tajantemente rechazados por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). La fiscal general, Fabiana León, se opuso a estas medidas, argumentando que se trata de un "caso de gran corrupción" que involucra a agentes estatales y empresarios, y que, por lo tanto, el daño causado no es susceptible de ser medido patrimonialmente o transaccionado. Además, el Tribunal se alineó con el criterio fiscal que impide la probation en casos de corrupción donde participaron funcionarios públicos, citando compromisos internacionales del Estado argentino para investigar y sancionar este tipo de delitos.

Con el rechazo de estas opciones, Gerbi, quien ha continuado con su actividad empresarial en Mar del Plata —incluso buscando aprobar excepciones urbanísticas para desarrollos inmobiliarios en la ciudad—, queda sujeto al devenir del complejo juicio oral. El debate, que se prevé extenso y con más de 600 testigos, se centrará en cuatro ejes principales de corrupción y buscará determinar si los empresarios, incluido Gerbi, formaron parte de una "asociación ilícita" para obtener contratos estatales a cambio de sobornos, un esquema que el juez Bonadío describió en su momento como un plan permanente y extendido en el tiempo. La figura del "arrepentido" le puede significar una atenuación en la potencial condena, pero no le ha brindado la inmunidad total frente al proceso judicial.

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