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19 de diciembre de 2025
SITUACIÓN CRÍTICA

IOMA: De obra social a “botín” de La Cámpora, el drama de los afiliados "rehenes"

A través de un crudo video que denuncia un sistema de "corrupción y abandono criminal", los damnificados de Mar del Plata arremeten con furia contra la gestión de Homero Giles y el gobernador Axel Kicillof. En un clima de máxima tensión, se anticipan nuevas medidas de visibilización para exigir el fin de una "mafia" que escatima y restringe cirugías, pero ofrece cursos de bordado.

IOMA: De obra social a “botín” de La Cámpora, el drama de los afiliados
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El hartazgo ha superado cualquier instancia de diálogo institucional para convertirse en un grito de supervivencia. Un video difundido por afiliados de IOMA en Mar del Plata ha puesto nombres y apellidos a lo que definen como el "secuestro" de la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires. El documento audiovisual, que circula con la fuerza de un manifiesto de resistencia, describe un proceso de degradación que se inició en 2020, cuando la caja de recaudación fue entregada a la militancia de La Cámpora. Las denuncias ya no solo hablan de deficiencias administrativas, sino de una estructura deliberada donde los afiliados dejaron de ser beneficiarios para convertirse en "rehenes" de un pacto político que prioriza el financiamiento de la rosca por sobre el derecho constitucional a la vida.

La figura de Homero Giles, “el médico formado en la escuela de La Habana y designado por Cristina Fernández de Kirchner” para presidir el organismo, aparece en el centro de las críticas. Los afiliados denuncian que Giles administra de forma discrecional una caja que no le pertenece al Estado, sino a los trabajadores: IOMA no se nutre de subsidios, sino del aporte compulsivo y directo de los sueldos de millones de bonaerenses. Es, en esencia, dinero propio de los afiliados que se desvía bajo la mirada cómplice de un gobernador, Axel Kicillof, que no parece tener a la salud entre sus prioridades de inversión. Mientras los pacientes aguardan hasta dos años por una silla de ruedas, una válvula cardíaca o insumos básicos para sobrevivir, el dinero de los bonaerenses, según los afiliados, es desviado hacia otros destinos que su indignación enumera con precisión: gastos en yates, material ideológico para las escuelas, recitales masivos y la reciente creación de un INCAA provincial que funciona como refugio para la militancia cultural.

La desprotección es total porque los mecanismos de control, según el comunicado de los damnificados, han sido cooptados. El señalamiento alcanza a los gremios y sindicatos que, sentados en el directorio de IOMA, deberían defender al afiliado pero terminan avalando decisiones que deciden "sobre la vida y la muerte" de los pacientes cautivos. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Guido Lorenzino, es acusada de garantizar impunidad a través de delegados militantes de Unión por la Patria (UP) que guardan un silencio cómplice frente a la violación sistemática de los derechos de salud. Esta red de protección se extiende a legisladores que "fingen preocupación" con proyectos estériles y a un Poder Judicial que se muestra inmóvil ante la flagrante vulneración de tratados internacionales de derechos humanos.

El contraste entre la necesidad médica y la oferta oficial es lo que más irrita a los afiliados en General Pueyrredón. Mientras el sistema de salud se desintegra en lo que denominan "quioscos sanitarios" y maniobras fraudulentas con intermediarios sospechosos, las delegaciones de IOMA bajo el mando de figuras camporistas como Celeste Lazo ofrecen, en lugar de soluciones quirúrgicas, clases de folklore, manualidades y teatro con la ex vedette Silvia Peirú. Para un paciente oncológico o un discapacitado sin cobertura, esta "oferta cultural" es sentida como una burla macabra y una provocación que acelera la agonía de quienes solo piden que su obra social funcione.

En Mar del Plata, se proyectan nuevas medidas de visibilización, que se conciben como la continuación de la lucha iniciada en contra del "abandono criminal de La Cámpora" y la desidia de funcionarios como Lazo y Silvio García. 

 


El reclamo es unívoco: que “se extingan de la función pública quienes han convertido la salud en un negocio de facción y que la justicia actúe de oficio” para frenar un plan que, según los denunciantes, se ejecuta a la perfección para vaciar el sistema mientras los afiliados condenados al peor desenlace solo anhelan recuperar su dignidad.

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