19 de diciembre de 2025
CONGRESO
El gobierno cedió con universidades y discapacidad para tener dictamen por el Presupuesto 2026
Tras tensiones internas y negociaciones contrarreloj, el oficialismo presentó alternativas para sostener el déficit cero sin derogar leyes sensibles y logró avanzar con el dictamen del proyecto en la Cámara alta.
El Presupuesto 2026 comenzó a transitar su tramo decisivo en el Senado de la nación con un dictamen que llegó acompañado de concesiones clave por parte del Gobierno.
La Casa Rosada resolvió no insistir con la derogación de las leyes de financiamiento universitario ni de la emergencia en discapacidad, dos puntos que habían generado una dura derrota para el oficialismo durante el tratamiento del Presupuesto en la Cámara baja.
La decisión implicó un giro respecto de la postura inicial que había adoptado la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei. En un primer momento, el Ejecutivo estaba dispuesto a avanzar con las derogaciones, pero finalmente desistió y encargó a los equipos técnicos del Ministerio de Economía el diseño de una contrapropuesta. Esa alternativa permitió que la llamada “Ley de Leyes” obtuviera dictamen este viernes en la Cámara alta.
En el caso de la emergencia en discapacidad, el oficialismo confirmó que respetará la ley y propuso que la pensión no contributiva tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Ese monto quedará sujeto a las actualizaciones previstas en el régimen previsional. Además, se estableció que la pensión será compatible con un vínculo laboral siempre que los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles, que desde el 1° de diciembre se ubican en $334.800.
Otro punto sensible es la compensación de emergencia retroactiva. Según lo planteado por el Ejecutivo, la actualización se calculará en base a los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, junto con la variación del Índice de Precios al Consumidor. El procedimiento para el reconocimiento de la prestación quedará en manos de la autoridad de aplicación, con ajustes trimestrales definidos de manera conjunta por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad.
El dictamen también incorpora modificaciones en el régimen de auditorías de las pensiones, con el objetivo de acelerar los controles y profundizar la baja de aquellas que presenten irregularidades. En la misma línea, el Gobierno propondrá eliminar la creación de una nueva Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y mantener el esquema vigente, al considerar que los nuevos requisitos ampliaban de forma desproporcionada el universo de beneficiarios.
En cuanto al financiamiento universitario, el Ejecutivo decidió no avanzar con la derogación de la ley, pero sí introducir cambios presupuestarios. La propuesta contempla un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento respecto de los créditos asignados en 2025. Para los salarios docentes y no docentes, se planteó una actualización escalonada: un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025 y luego cuatro subas del 2% durante enero, febrero, marzo y abril de 2026.
Además, el mes de junio aparece como un punto de control clave. Allí, el Poder Ejecutivo evaluará si corresponde compensar las diferencias acumuladas por inflación y avanzar con el reconocimiento del aumento de becas previsto. Con este esquema, el Gobierno apuesta a llegar al recinto con un Presupuesto 2026 dictaminado, defendiendo el equilibrio fiscal pero evitando un conflicto político mayor en el senado.