El inicio de la temporada estival en Mar del Plata suele traer consigo el reflote de polémicas recurrentes sobre el uso del espacio público, pero este año la controversia ha tomado un cariz de notable ironía política. El bloque de concejales de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF), integrado entre otros por el exintendente Gustavo Pulti y Melisa Centurión, presentó un proyecto de comunicación que busca interpelar al actual Gobierno municipal sobre la situación de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF). En el documento, el bloque manifiesta una profunda preocupación por la "ocupación indebida del espacio público costero" y lo que definen como una "reducción de hecho de las playas públicas". Sin embargo, esta postura crítica parece ignorar un dato histórico y contractual ineludible: el mapa actual de la costa marplatense, con sus contratos más longevos y sus concesionarios más poderosos, fue delineado y firmado mayoritariamente durante los mandatos del propio Pulti.
La retórica del expediente presentado por AM-MDF apela a principios jurídicos de alto vuelo, citando el Código Civil y Comercial para recordar que las playas son bienes del dominio público "inalienables e imprescriptibles". No obstante, existe una contradicción flagrante entre la letra del proyecto y la realidad de los pliegos de bases y condiciones que ese mismo sector político aprobó en el pasado. Mientras hoy denuncian que la falta de controles "vulnera derechos colectivos", la estructura de las concesiones actuales permite que grupos económicos mantengan la explotación de sectores clave como La Perla o el Torreón del Monje hasta el año 2046. Esta vigencia contractual, establecida durante la era pultista, es precisamente la que hoy limita la capacidad de maniobra de cualquier administración para reorganizar el uso de la costa en favor del ciudadano común.
En el articulado de su petición, el bloque de Pulti solicita informes detallados sobre infracciones detectadas y sanciones aplicadas a los concesionarios por el incumplimiento de las superficies de playa pública. Resulta llamativo que se exija ahora una "fiscalización rigurosa" cuando los contratos que ellos mismos rubricaron otorgaron plazos de explotación tan extensos que han terminado consolidando lo que diversos sectores definen como un monopolio de facto en la arena. Al instar al Departamento Ejecutivo a reforzar de manera inmediata las tareas de control para proteger el "prestigio de Mar del Plata", el bloque parece buscar una amnesia colectiva sobre quiénes fueron los arquitectos de este sistema de unidades turísticas que hoy, según su propia mirada, estarían fallando en garantizar el acceso libre al mar.
Finalmente, el proyecto de AM-MDF sostiene que el Ejecutivo tiene una "responsabilidad indelegable" como autoridad de control y que no puede adoptar una "conducta pasiva" frente a incumplimientos contractuales. Esta afirmación sitúa la responsabilidad exclusivamente en la gestión de los controles diarios, desviando la atención del origen del problema: un modelo de concesiones que, por su duración y condiciones, ha dejado al Estado municipal en una posición de debilidad frente a los privados. La "omisión del deber de control" que hoy denuncian desde las bancas de la oposición es, en gran medida, el síntoma de un diseño costero que su propio espacio político blindó por décadas, postergando cualquier reforma integral de la costa marplatense hasta mediados de este siglo.
