5 de enero de 2026
BOLETÍN OFICIAL
Sin presupuesto 2026, el municipio fija las reglas para gestionar con fondos prorrogados
Además de oficializar la continuidad del presupuesto anterior, el Ejecutivo local publicó en el Boletín Oficial el desglose de recursos y gastos que regirán el inicio del año. Se establecieron normas estrictas de ejecución para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y el pago de salarios en un contexto de incertidumbre legislativa.
La Municipalidad de General Pueyrredon ha completado el andamiaje legal para transitar el inicio del ejercicio 2026 sin un presupuesto nuevo aprobado por el Concejo Deliberante. A la decisión política de prorrogar el esquema financiero de 2025, se sumó la publicación de los decretos reglamentarios que detallan cómo se obtendrán y en qué se gastarán los fondos públicos durante este período de excepcionalidad administrativa. La medida busca blindar la operatividad de la gestión frente al vacío legal que dejó la falta de consenso legislativo al cierre del año.
A través de una serie de decretos de firma conjunta —2849/25, 2850/25 y 2851/25—, el intendente interino Agustín Neme y el secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, formalizaron la hoja de ruta económica para el corto plazo. El paquete normativo no solo ratifica la prórroga, sino que establece las "Normas de Ejecución", un conjunto de directrices técnicas que limitan el margen de maniobra de las distintas dependencias, obligándolas a ajustarse estrictamente a las prioridades de gasto corriente, servicios básicos y haberes del personal.
El desglose de los recursos, detallado en los anexos técnicos, revela que el municipio deberá sostener su estructura basándose en las proyecciones de recaudación y coparticipación del ciclo anterior. Este escenario presenta un desafío inmediato: gestionar una ciudad con costos de 2026 pero con ingresos y autorizaciones de gasto anclados en los valores nominales de 2025. Los documentos oficiales confirman que tanto la Administración Central como los entes descentralizados de vialidad, servicios urbanos, turismo y deportes quedan sujetos a esta "economía de emergencia".
Desde el Palacio Municipal, la publicación de este desglose se interpreta como un mensaje de previsibilidad hacia los proveedores y empleados públicos. Al definir las partidas específicas de gasto para cada área, el Ejecutivo garantiza que no haya interrupciones en la prestación de servicios esenciales, como la recolección de residuos o la atención en centros de salud. Sin embargo, la rigidez de operar con un presupuesto prorrogado actúa como un corset financiero que impide la planificación de nuevas inversiones o proyectos de infraestructura de gran escala.
Políticamente, el despliegue de estos decretos en el Boletín Oficial marca el inicio de un año donde la negociación con —y en— el Concejo Deliberante será inevitable. Mientras la administración local se apoya en estas herramientas de excepción para no paralizar la ciudad, la falta de una "Ley de Leyes" propia para 2026 obligará al Ejecutivo a buscar acuerdos urgentes para actualizar las partidas y adaptarlas a la realidad económica actual, evitando así un desfinanciamiento progresivo de las áreas críticas del municipio.