El Palacio Municipal de General Pueyrredon vive por estas horas una calma superficial que esconde una actividad febril en los despachos. Hoy, 8 de enero, la cuenta regresiva ha dejado de ser una abstracción técnica para convertirse en una urgencia política: quedan exactamente ocho días para que el Ejecutivo cumpla con el compromiso de presentar el Presupuesto 2026. Tras dos prórrogas que estiraron los plazos desde el año pasado, el margen de maniobra para el intendente interino Agustín Neme se ha reducido al mínimo, mientras la ciudad observa cómo su administración intenta proyectar el futuro cercano con herramientas financieras del pasado.
La estrategia oficial para llegar a este punto no estuvo exenta de riesgos. El argumento esgrimido a finales de diciembre —la necesidad de procesar el impacto de las paritarias con el Sindicato de Trabajadores Municipales hasta enero de 2027— funcionó como un respirador artificial para ganar tiempo. Sin embargo, en los pasillos del Concejo Deliberante esa justificación empieza a perder peso frente a la realidad de una temporada veraniega que ya está en marcha. Para la oposición, el retraso no es una cuestión de cálculos salariales, sino el síntoma de una falta de plan que hoy obliga a la Municipalidad a manejarse con un esquema de "economía de guerra".
El nudo gordiano del conflicto sigue siendo la aritmética legislativa. El oficialismo sabe que para que el presupuesto que se presente el próximo viernes tenga vida propia, necesita algo más que un buen diseño técnico; necesita votos que hoy no son propios. En este escenario, el bloque radical se erige nuevamente como el fiel de la balanza. Sus cuatro integrantes tienen el poder de convalidar el rumbo económico de Neme o de profundizar la incertidumbre. En paralelo, la relación del PRO con La Libertad Avanza (LLA) transita un camino sinuoso, donde las coincidencias ideológicas a nivel nacional suelen chocar con las desconfianzas territoriales en el distrito.
La cuenta regresiva hacia el 16 de enero no es solo un trámite administrativo, es la prueba de fuego para la capacidad de construcción política del actual interinato. Si el Ejecutivo logra presentar una "Ley de Leyes" que equilibre las exigencias gremiales con la realidad recaudatoria, podrá finalmente soltar el ancla de los presupuestos prorrogados y empezar a gestionar con nombre propio. De lo contrario, el municipio se encamina a un escenario de desfinanciamiento progresivo donde los decretos de emergencia ya no serán suficientes para tapar el vacío de una planificación que sigue en deuda.
