La Justicia autorizó peritar teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados a dos empleados del Senado detenidos por presuntos abusos sexuales. El contenido podría exponer la trama completa de una organización que habría operado durante casi una década dentro del poder legislativo.

El temor a lo que revelen los celulares acelera una causa explosiva en el Senado bonaerense

La causa que investiga presuntos abusos sexuales ocurridos dentro del Senado bonaerense ingresó en una etapa decisiva en la Justicia de La Plata. En los próximos días se abrirán y peritarán celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos, una medida clave que genera expectativa ,y temor, por la trama que puedan revelar esos contenidos.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, a pedido de la fiscal Betina Lacki, y habilita el análisis de teléfonos móviles, computadoras, pendrives y una tablet pertenecientes a los imputados. Correos electrónicos, mensajes, fotografías y videos podrían resultar determinantes para reconstruir los hechos denunciados, establecer la dinámica de funcionamiento de la presunta red y delimitar nuevas responsabilidades.

Los detenidos son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado bonaerense, arrestados a fines de diciembre. Están procesados en una investigación que describe la presunta existencia de una organización coercitiva denominada “La Orden de la Luz”, que desde al menos 2015 habría captado jóvenes en situación de vulnerabilidad dentro de oficinas legislativas, bajo la fachada de empleo o militancia rentada, para someterlas a abusos sexuales y rituales de iniciación.

Ambos imputados se negaron a declarar. El expediente, sin embargo, no se limita a delitos contra la integridad sexual: abre un frente más amplio vinculado a posibles responsabilidades por acción u omisión dentro de estructuras estatales. La hipótesis judicial sostiene que la red habría operado durante casi una década con acceso a despachos legislativos y vínculos políticos que facilitaron su permanencia.

El avance de la causa volvió a poner en el centro de la escena a la agrupación política platense La Capitana, liderada por Rodríguez y Silva Muñoz. El espacio irrumpió en 2018 como un desprendimiento de Unidos y Organizados y logró una fuerte inserción en el oficialismo bonaerense, con vínculos con sectores del kirchnerismo y La Cámpora.

Uno de los rasgos distintivos de la organización, según surge del expediente, era que todos sus militantes ocupaban cargos en el Estado. Algunos incluso estaban “liberados” de sus funciones laborales para dedicarse exclusivamente a la militancia política.

Rodríguez y Silva Muñoz habían sido nombrados empleados de planta permanente del Senado en 2011, durante el inicio de la presidencia de Gabriel Mariotto. En su recorrido político, La Capitana participó de internas del peronismo platense: en 2019 respaldó la precandidatura de Victoria Tolosa Paz —con Rodríguez como candidato a concejal— y en 2023 la de Gastón Castagneto, ambas derrotadas en las PASO.

El impacto del caso también se trasladó al plano social. Recientemente, el Club Meridiano V resolvió desvincular a Rodríguez de su plantel Promocional de Mayores. La decisión fue comunicada oficialmente por la Comisión Directiva, que expresó su repudio a todo hecho de violencia y reafirmó su compromiso con los valores de respeto y convivencia.

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De cara a los próximos días, la apertura de los dispositivos electrónicos aparece como un punto de inflexión. La fiscalía busca determinar si existen otros integrantes de la organización y reconstruir en detalle la trama de sometimiento. La causa, que ya generó detenciones y un fuerte impacto político, promete sumar nuevos capítulos mientras la Justicia intenta desarmar una red que, según la investigación, operó durante años en el corazón mismo del poder bonaerense.

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