19 de enero de 2026
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Senderos: el reloj de la consulta pública corre frente a una obra que no espera
Mientras el municipio de General Pueyrredón mantiene abierto el registro de opiniones ciudadanas por el nuevo complejo comercial en la zona sur, el avance de las máquinas sobre la avenida Jorge Newbery pone en duda la incidencia real de los mecanismos de control preventivo. Entre vínculos políticos y el uso del acuífero, el proyecto reabre el debate sobre la planificación urbana en Mar del Plata.
Transcurrida ya la primera semana de la consulta pública para el proyecto “Distrito Comercial Senderos”, el cronograma administrativo parece marchar a una velocidad distinta que la realidad del territorio. Según el expediente oficial, el proceso que busca la Declaración Preliminar de Impacto Ambiental inició el pasado 12 de enero y recibirá observaciones hasta el 12 de febrero. Sin embargo, cualquier vecino que transite por la zona sur de Mar del Plata puede constatar que el terreno ya ha sido intervenido. Esta política de “hechos consumados” desdibuja el espíritu de la Ley 11.723, que concibe la participación ciudadana como una instancia previa y no como un trámite de validación para obras que ya están en ejecución.
El emprendimiento, impulsado por el Fideicomiso Senderos, proyecta una superficie de 6.600 metros cuadrados que pretende transformar el perfil de consumo de la zona. Con locales que van desde los 75 hasta los 2.500 metros cuadrados, el complejo no se limita a lo comercial: busca erigirse como una micro-ciudad que incluya desde servicios de salud y oficinas hasta una estación de servicio propia. El diseño lleva la firma del arquitecto Guillermo de Paz, exsecretario de Obras de la comuna, mientras que la responsabilidad del estudio de impacto ambiental recae sobre María Müller. La recurrente aparición de estos nombres en grandes desarrollos inmobiliarios, sumada a que Müller es la esposa del actual secretario municipal de Obras, Jorge “Guasa” González, alimenta las suspicacias sobre la porosidad entre el sector privado y los despachos oficiales que deben ejercer el control.
Uno de los puntos más críticos del informe presentado para la consulta es la gestión de los recursos básicos. En un sector de la ciudad donde la red de Obras Sanitarias (OSSE) no llega, el Distrito Comercial Senderos planea abastecerse de agua mediante perforaciones profundas. Esta decisión técnica coloca al futuro "shopping" en una competencia directa por el acuífero con los barrios residenciales preexistentes, que dependen del mismo sistema subterráneo. A pesar de que los promotores aseguran estar tramitando los permisos ante la Autoridad del Agua (ADA) para el manejo de efluentes y desagües, la magnitud del proyecto —que funcionará vinculado a un barrio privado de 266 lotes— plantea un desafío hidráulico para una zona que ya ha visto alterados sus escurrimientos naturales hacia el arroyo Corrientes.
Desde el punto de vista sociopolítico, el propio documento de impacto ambiental admite una realidad cruda: la convivencia de desarrollos para sectores de alto poder adquisitivo con barrios populares evidencia procesos de exclusión territorial. El informe no oculta que el objetivo es la valorización inmobiliaria y el aumento de la renta del suelo, una declaración que confirma la lógica de especulación que rodea a la expansión hacia el sur. Mientras los días del calendario administrativo se agotan, queda en el aire la pregunta de si estas consultas son verdaderos espacios de democracia ambiental o simplemente un requisito burocrático para legitimar un modelo de ciudad que se construye al margen del consenso vecinal.