30 de enero de 2026
PANORAMA
¿Cómo se destinarán los 521 mil millones del Presupuesto 2026?
El gobierno local elevó al Concejo Deliberante un plan financiero para 2026 que destaca por la creación de una tasa específica para alumbrado público, una fuerte inversión en salud descentralizada y educación técnica, y una reestructuración de la base salarial bajo la premisa del equilibrio fiscal. Sin embargo, falta conocerse públicamente el anexo de gastos por finalidad y función, lo que impide determinar por ahora la distribución exacta de los recursos en áreas sensibles.
El Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon ha formalizado la presentación del esquema financiero que regirá el próximo año, estimando recursos y erogaciones por un total de 521.996.792.000 pesos. Este ambicioso plan de gestión, que ya se encuentra girado a las comisiones del Concejo Deliberante, se apoya en dos pilares fundamentales: la búsqueda estricta del equilibrio fiscal exigido por la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y una modernización de la estructura tributaria que busca ganar agilidad en la recaudación sin asfixiar la actividad económica local. El mensaje de elevación subraya que los instrumentos fueron confeccionados con criterios de razonabilidad y prudencia, atendiendo al contexto económico actual y a la necesidad de sostener las políticas sociales y de servicios en todo el distrito.
A pesar de la magnitud de la cifra global, el presupuesto presenta una característica que ya genera debate en el arco político local: su carácter sintético. La Ordenanza de Presupuesto enviada por el Ejecutivo, de apenas dos carillas, fija el monto total pero delega en el artículo 86º de la Ordenanza Complementaria una facultad clave. El Departamento Ejecutivo tendrá un plazo de 15 días tras la promulgación para "distribuir los créditos" de las partidas. En términos políticos, esto implica que el Concejo Deliberante se encamina a votar lo que se asemeja a un "cheque en blanco", dado que el detalle fino y la asignación específica a cada programa se conocerían recién cuando el presupuesto ya esté en marcha.
Esta opacidad se traslada también a la denominada "trampa de los Entes". Si bien los presupuestos del Ente de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) están contemplados en el número final, sus planes operativos figuran únicamente bajo códigos de trámite interno, sin estar integrados de forma legible o detallada en el cuerpo principal del proyecto. Esta fragmentación de la información dificulta el control sobre cómo se administrarán los recursos en servicios críticos como la vialidad o el mantenimiento urbano.
En el desglose de lo que sí es explícito, la obra pública asigna partidas estratégicas que reflejan las prioridades de la gestión en salud y educación, alcanzando un total de 9.319.636.000,00 pesos. Entre los proyectos principales destacan el CEMA de Batán y la primera etapa de la nueva Escuela Secundaria Técnica Nº 1. Sin embargo, surge aquí otra incógnita sobre el destino real de los fondos: la brecha entre el gasto en personal y el gasto en servicios. Si bien el proyecto establece que el sueldo básico para la categoría inferior será de 801.928,35 pesos —fijando la dieta del intendente en 12.830.853,60 pesos y la de los secretarios en 7.217.355,15 pesos— no se especifica la cantidad de empleados por área ni el monto destinado a "Servicios No Personales". Bajo este rubro se agrupan contratos de limpieza, alquileres y software, ítems donde habitualmente se producen los mayores ajustes o aumentos discrecionales sin control previo.
Pese a estas zonas grises en la información pública, el Ejecutivo mantiene la vigencia de las bonificaciones por tareas riesgosas para agentes en funciones críticas, como el personal de cementerios, plantas de reciclaje y operarios de alumbrado.
Con este diseño, General Pueyrredon busca transitar el próximo ejercicio fiscal bajo una promesa de previsibilidad financiera y autonomía de servicios, aunque el detalle de la ejecución real permanezca, por ahora, bajo reserva de la administración central.