La Tecla Mar del Plata
Todos los derechos reservados
Los reclamos contra el avance privado sobre las playas del sur de Mar del Plata volvieron a quedar en el centro de la escena. Se trata de una problemática que no se limita a la temporada de verano, sino que se extiende a lo largo de todo el año, con múltiples frentes de conflicto vinculados tanto a Unidades Turísticas Fiscales municipales como a sectores costeros en manos privadas.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo de la Nación confirmó que se encuentra en curso una investigación por el impedimento del acceso y la transitabilidad en la ribera del arroyo Corrientes, frente al barrio El Alfar. La actuación fue impulsada por la Asamblea Playas del Sur y apunta a una situación que, según denuncian, vulnera el uso público de un espacio ambiental protegido.
Según consta en el expediente, la presentación refiere a la “presunta falta de acceso y transitabilidad de la ribera del arroyo Corrientes, reserva turística y forestal paseo costanero sur”, en el tramo comprendido “desde la ruta provincial Nº 11 hasta el Mar Argentino”.
En el documento oficial, la Defensoría remarca que el acceso a ríos, arroyos, playas y costas no puede ser entendido como un privilegio ni como una concesión discrecional, sino como parte de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. En ese sentido, sostiene que “el derecho a acceder a cuerpos de agua tales como ríos, lagos, playas y costas para actividades de ocio y recreación es un aspecto fundamental del derecho humano a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”.
El organismo nacional también deja asentada una diferencia clave respecto de las inspecciones realizadas. Mientras la Municipalidad de General Pueyrredon informó haber llevado adelante controles que “confirmaron la libre circulación en el margen norte del arroyo Corrientes”, el propio denunciante aclaró que “el obstáculo al que refiere su reclamo se sitúa sobre el margen sur del curso de agua”.
De este modo, el sector cuestionado no coincide con el área verificada por el Municipio como de libre tránsito, sino con otro tramo distinto, donde —según la denuncia— continúan existiendo obstáculos materiales que impiden el acceso y la circulación pública.
En el texto dirigido a Marcelo Ragonese, titular de la Dirección de Gestión Ambiental, la Defensoría solicita que se detalle “los controles que realiza la Dirección a vuestro cargo a fin de garantizar que los ciudadanos puedan acceder y transitar el margen sur del arroyo Corrientes” en el sector señalado, además de requerir “cualquier otra información que sea de interés”.
La intervención del organismo nacional vuelve a poner el foco sobre una práctica reiterada en el Paseo Costanero Sur: la apropiación de hecho de espacios ribereños mediante cierres, controles informales o usos exclusivos, que terminan restringiendo el acceso de la comunidad a bienes ambientales de uso colectivo.