La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
6 de febrero de 2026
La pulseada por Punta Mogotes suma presión empresaria antes del vencimiento de las concesiones
El vencimiento de los contratos entre junio y agosto acelera los tiempos en el complejo. Los concesionarios reclaman un respaldo legal para evitar un vacío administrativo en plena transición y piden una prórroga hasta el 2027.
Con el calendario corriendo y los contratos cada vez más cerca de su fecha de vencimiento, el complejo de Punta Mogotes vuelve a quedar en el centro de una disputa que combina tribunales, decisiones políticas y presión empresaria. Mientras el Municipio y la Provincia siguen enfrentados por el control de la administración, los actuales concesionarios intentan ganar tiempo para no quedar fuera de juego.
Las explotaciones de las Unidades Turísticas Fiscales tienen fecha de caducidad entre junio y agosto de este año. En ese contexto, las firmas que gestionan los balnearios elevaron una presentación formal para obtener una extensión provisoria que les permita continuar operando hasta que se defina el nuevo esquema licitatorio del tradicional paseo costero.
El pedido se da en paralelo al conflicto judicial que impulsó la Municiplaidad para recuperar la administración del complejo, hoy en manos de la Administración Punta Mogotes. La estrategia del Ejecutivo local apunta a que la Provincia acepte el pago de una deuda histórica y habilite el traspaso, aunque el expediente sigue sin resolución tras un recurso extraordinario presentado por el gobierno de Axel Kicillof ante la Suprema Corte bonaerense.
La nota presentada por los concesionarios, fechada a fines de enero y ratificando un planteo previo de diciembre, solicita que se dicte un acto administrativo que garantice la continuidad de las explotaciones o, en su defecto, se formalice una prórroga transitoria. El argumento central es evitar un vacío legal que derive en irregularidades operativas y administrativas.
Según advierten los firmantes, la falta de una habilitación vigente podría afectar de manera directa la prestación de servicios turísticos, la conservación de las instalaciones y la estabilidad de cientos de puestos de trabajo. Guardavidas, personal gastronómico, administrativos y trabajadores de playa quedarían atrapados en un limbo contractual que dificultaría cualquier planificación para la próxima temporada.
Además, señalan que sin un respaldo legal claro se complicaría la contratación de seguros obligatorios y el cumplimiento de obligaciones vinculadas a cánones y servicios de seguridad. A eso se suma el riesgo de deterioro de la infraestructura, justo en una etapa clave de cierre de temporada y preparación para la reapertura.
Los empresarios sostienen que la actividad balnearia no admite improvisaciones. Cada verano requiere inversiones previas, acuerdos con proveedores y contratación anticipada de personal. Por eso, consideran que una extensión acotada no sólo es razonable, sino funcional al interés público, mientras se define el nuevo proceso licitatorio.
El telón de fondo sigue siendo un acuerdo institucional que ya superó las cuatro décadas y que, lejos de extinguirse, sumó capas de complejidad política y judicial. Mientras la Provincia avanza con iniciativas para rediseñar el complejo, el Municipio se apoya en medidas cautelares para frenar esos pasos y mantener el conflicto en el fuero local.
Con los plazos ajustados y una temporada más en juego, la decisión quedó ahora en manos del Consorcio de Punta Mogotes y del gobierno bonaerense. En los próximos días se sabrá si los concesionarios logran el oxígeno que buscan para atravesar la transición o si el conflicto suma un nuevo capítulo de incertidumbre en uno de los espacios turísticos más emblemáticos de Mar del Plata.