La Tecla Mar del Plata
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Lo que la semana nos dejó
Tres listas van por el PJ local; las repercusiones por la media sanción de la reforma laboral; un nuevo capítulo en la novela de Mogotes; el oficialismo aprobó las ordenanzas preparatorias Fiscal e Impositiva, entre lo más importante de la semana de mano de La Tecla.
Unidad en Provincia, interna en Mar del Plata: el PJ va a tres listas
Pese a la foto de unidad alcanzada a nivel provincial, con Axel Kicillof consagrado como presidente del Partido Justicialista bonaerense, en General Pueyrredon el peronismo volverá a dirimir su conducción en una interna. El cierre de listas confirmó que el PJ local competirá el 15 de marzo con tres nóminas, reflejo de las tensiones persistentes entre los distintos sectores del espacio.
Las diferencias entre el kirchnerismo, el kicillofismo y el sector que encabeza Rodolfo “Manino” Iriart se impusieron sobre cualquier intento de síntesis. Así, al igual que en procesos anteriores, el peronismo marplatense llegará fragmentado a una elección que definirá la conducción partidaria y los congresales del distrito.
Por el espacio alineado con Kicillof, la candidata a presidenta del PJ local será Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP Buenos Aires. La lista se completa con Daniel Rodríguez como vicepresidente y Cristian Galeano como secretario general. Los candidatos a congresales de este sector son Juan Garivoto, Natalia Giovanettoni, Eduardo Coppola, Pablo Vacante y Aníbal Settino.
En representación del kirchnerismo, bajo la conducción local de Fernanda Raverta, la nómina estará encabezada por Daniel Di Bártolo, dirigente de SADOP Nación, como candidato a presidente. Lo acompañará Nora Estrada como vicepresidenta. Los congresales propuestos por este sector son Hugo Casarsa, Benavente, Diego García, Mariana Cuesta, Fernando Maraude y Nancy Scarcella.
La tercera lista será la del Peronismo Marplatense, encabezada por Iriart, ex diputado provincial y ex funcionario durante gestiones provinciales y nacionales. Iriart será candidato a presidente, con María Santamaría como vicepresidenta y Ricardo Alonso como secretario general. Los postulantes a congresales de este espacio son Eduardo Niella, Débora Indarte, Juan Manuel Cañete, Rosana Tortosa y Sergio Correa.
El escenario remite a antecedentes recientes. En 2025, el peronismo local ya había competido dividido en las legislativas provinciales, con expresiones alineadas a La Cámpora, al Movimiento Derecho al Futuro de la mano del vecinalismo y espacios por fuera de la estructura tradicional del PJ, entre ellos el de Iriart.
La elección del 15 de marzo tendrá como universo electoral a 31.347 afiliados habilitados para votar en General Pueyrredon, aunque los antecedentes muestran una baja participación: en la última interna del PJ local sufragaron apenas 4.700 afiliados. Aun así, el resultado será clave para definir el rumbo político del peronismo marplatense en un distrito donde la unidad, una vez más, quedó en segundo plano.
Precariedad logística y denuncias en los premios Estrella de Mar 2026
La temporada estival en Mar del Plata no es solo un fenómeno turístico, sino el escenario donde se dirimen cuotas de poder y visibilidad política. Sin embargo, la edición 2026 de los Premios Estrella de Mar parece haber trocado su habitual resplandor por una serie de desprolijidades que exponen la fragilidad de la conducción actual del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). Bajo la tutela de Diego Juárez —un funcionario de pasado sciolista reconvertido a las filas libertarias—, la organización del evento ha pasado de la austeridad pregonada a una precariedad logística que afecta directamente la proyección de la ciudad hacia el resto del país, y del mundo.
El primer síntoma de esta crisis se manifestó en el trato hacia la prensa especializada. Periodistas de medios nacionales, como el equipo de Intrusos, denunciaron no solo la falta de servicios básicos durante la jornada de trabajo que supera las seis horas, sino una restricción de acceso sin precedentes. La directiva de la organización fue tajante: "de la puerta para afuera". Este blindaje informativo, que obliga a cronistas a improvisar viandas personales ante la falta de previsión oficial, contrasta con la naturaleza misma de un evento diseñado para la difusión masiva. La imagen de la prensa nacional trabajando en condiciones de precariedad en la puerta del NH Gran Hotel Provincial es el corolario de una gestión que parece confundir el ahorro con la desidia de sus activos más valiosos.
Esta supuesta política de ajuste queda bajo sospecha al analizar el rechazo sistemático a alternativas de costo cero. Tal como consta en los registros oficiales, la administración de Juárez desestimó el ofrecimiento del Teatro Tronador, que ponía a disposición su sala, tecnología de fibra óptica para transmisión satelital y logística técnica sin cargo alguno para el municipio. A esto se suma la disponibilidad de espacios municipales como el Teatro Colón o la Villa Victoria, que tampoco fueron considerados. La decisión de avanzar con una producción que genera costos al erario público —solo en logística para esta edición de los premios se destinaron más de 84 millones de pesos—, habiendo opciones gratuitas de alta gama, coloca a Juárez en el centro de los cuestionamientos por falta de transparencia y pericia administrativa.
De este modo, lo que la gestión de Juárez muestra al país es una preocupante claudicación de la soberanía administrativa del Estado municipal en favor de la improvisación. Al no contar con un plan técnico sólido ni la voluntad de articular con los sectores que ofrecen soluciones sin costo al erario público, el EMTURyC ha transformado la "fiesta del espectáculo" en un espacio de aislamiento y hostilidad operativa.
La falta de experiencia previa del funcionario en el sector cultural y turístico parece ser el motor de decisiones que, lejos de ahorrar recursos, dilapidan el capital simbólico de la ciudad. Así, los Estrella de Mar 2026 se presentan como una de las vidrieras de Mar del Plata en su versión más precaria.
Presupuesto 2026: los números con los que sale el Ejecutivo
Luego de cuatro prórrogas consecutivas, el gobierno interino encabezado por Agustín Neme finalmente envió al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026. Como ocurre cada año, la elaboración de la “ley de leyes” municipal estuvo condicionada por las definiciones de la Provincia y la Nación, especialmente en materia de ingresos y obra pública. No obstante, en esta oportunidad, la demora también respondió a las discusiones internas dentro del oficialismo y sus aliados, donde no terminaban de cerrarse los números ni la proyección general de la comuna.
Se trata de la primera presentación presupuestaria de Neme como intendente. El proyecto busca darle continuidad al denominado “modelo Mar del Plata”, con algunos ajustes y agregados, pero sin modificar el rumbo central de la gestión. La premisa que atraviesa todo el expediente es sostener el equilibrio fiscal, incorporando algunas novedades en materia tributaria y de recaudación.
El Presupuesto fue elevado con un mensaje del secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, que vino acompañado de un análisis del contexto económico que enmarca la iniciativa. Allí se señala que el escenario previsto combina una recuperación moderada de la actividad con riesgos persistentes, como la inflación y el avance de la informalidad laboral, variables que impactan de manera directa en la proyección de ingresos y gastos del Municipio.
En cuanto a los criterios de armado, el Ejecutivo remarca que el proyecto se apoya en una estructura de gastos con alto nivel de rigidez, un contexto social que obliga al Estado local a asumir funciones sin financiamiento específico y las limitaciones para acceder a crédito de mediano y largo plazo. En ese marco, se priorizó la asignación de recursos en áreas consideradas estratégicas, como seguridad, empleo privado, desarrollo local y modernización del Estado, manteniendo además el esquema de Presupuesto con Perspectiva de Género.
El gobierno también prevé atender el pago de la deuda consolidada y flotante, y sostiene que la proyección de recursos resulta “razonable y factible”, siempre que se aprueben los cambios propuestos en la Ordenanza Fiscal e Impositiva. La política presupuestaria, se indica, estará atravesada por la reducción del gasto público, la simplificación administrativa y el fortalecimiento de la gestión tributaria, con mayor control y fiscalización.
El Presupuesto 2026 fue valuado en $521.996.792.000, contemplando a la Administración Central y los cuatro entes descentralizados, lo que representa un incremento del 42% en comparación con 2025. En la distribución por áreas, el esquema se mantiene prácticamente sin cambios. Legal, Técnica y Hacienda encabeza el ranking con $237.947.655.000, lo que implica una suba del 166%. Le siguen Educación, con un aumento del 37,75%, y Salud, con un 33,9%.
Más atrás aparece Seguridad, aunque con un incremento del 45%, uno de los ejes discursivos de la gestión. En el extremo opuesto, el área del intendente municipal es la que recibe menor asignación de recursos, aunque figura entre las que más crecen en términos porcentuales, con una suba del 67,98% respecto al ejercicio anterior.
Entre las principales novedades se destaca la creación de la Tasa por Alumbrado Público, que surge tras la eliminación de ese componente de la Tasa de Servicios Urbanos. El nuevo tributo tendrá carácter de fondo afectado y solo podrá destinarse al mantenimiento de las luminarias y a la incorporación progresiva de tecnología LED. En paralelo, el Ejecutivo mantiene dos pilares de su esquema de recaudación: la actualización de tasas por inflación y la cuestionada Tasa Vial.
En línea con el rumbo del gobierno nacional, el Presupuesto incorpora además un Régimen de Incentivos Fiscales de alcance local, inspirado en el RIGI. El artículo 294 habilita al Ejecutivo a otorgar reducciones de hasta el 50% en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, uno de los tributos de mayor impacto sobre la actividad privada, para empresas que acrediten inversiones recientes o proyectadas.
Desde el punto de vista estructural, el 27,8% de los recursos proviene de Ingresos Tributarios por Coparticipación, el 55,9% corresponde a Ingresos No Tributarios — tasas y derechos municipales—, el 9,6% a Transferencias Corrientes y el 6,2% a Fuentes Financieras, completándose el total con otros recursos.
En el oficialismo estiman que el Presupuesto podría quedar aprobado hacia fines de febrero, pese a los cuestionamientos que anticipa la oposición durante el debate en el recinto del HCD
Punta Mogotes: el Municipio bloquea el intento de la Provincia de nacionalizar el conflicto judicial
La batalla por la administración del Complejo Punta Mogotes ha ingresado en una fase de definiciones procesales determinantes. Tras el reciente intento de la gestión de Axel Kicillof por desplazar el litigio hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la administración de General Pueyrredon presentó una contundente réplica legal. En su escrito, el Ejecutivo municipal solicitó que el recurso extraordinario de la Provincia sea declarado inadmisible, sosteniendo que no existen los presupuestos jurídicos básicos para que el máximo tribunal del país tome intervención en una disputa que, por naturaleza, debe resolverse en los tribunales de la ciudad balnearia.
Este nuevo capítulo se encuadra en una guerra de jurisdicciones que viene escalando desde hace varios meses. Mientras la Provincia busca, mediante una sofisticada ingeniería legal, "patear el tablero" y sacar el expediente de la órbita de los jueces locales —quienes hasta ahora han mantenido medidas cautelares favorables a la comuna—, el equipo legal del municipio de General Pueyrredon refuerza la trinchera marplatense. El argumento central de la administración local es que la resolución que la Provincia pretende impugnar no constituye una sentencia definitiva; se trata, en rigor, de una discusión sobre qué juez debe intervenir y no sobre el fondo de la cuestión: la disputa por la administración del complejo.
Desde la óptica de la administración local, el planteo bonaerense carece de sustento al alegar una supuesta "gravedad institucional". La respuesta municipal es tajante: la controversia se limita a una disputa procesal entre dos niveles del Estado provincial y no afecta el funcionamiento del sistema republicano ni los intereses generales de la Nación. De este modo, la gestión local busca desmontar la narrativa platense que intenta calificar de "arbitraria" la actuación de la justicia marplatense, defendiendo que el proceso se ajusta estrictamente a las reglas de competencia vigentes en el fuero Contencioso Administrativo.
Esta resistencia jurídica se produce en un contexto de alta tensión política, donde el Ejecutivo provincial ha intentado avanzar con hechos consumados, como la promoción de un Concurso de Ideas para renovar el complejo, ignorando las restricciones judiciales que ordenaban preservar el statu quo. Para el municipio de General Pueyrredon, la clave sigue residiendo en el depósito de los 14 millones de pesos realizado en 2024, con el cual consideran saldada la deuda histórica que vinculaba a la ciudad con la administración compartida. Al retener la causa en el Juzgado Contencioso Administrativo local, la comuna busca blindar esa posición y evitar que el conflicto se diluya en los tiempos, a menudo inabarcables, de los tribunales federales.
Con el pase al acuerdo dispuesto por la Secretaría de la Suprema Corte bonaerense, la pelota queda ahora en terreno de los ministros del máximo tribunal provincial. Ellos deberán decidir si habilitan la vía hacia la Nación o si, como pretende la administración local, ratifican que el destino de Punta Mogotes se seguirá definiendo en Mar del Plata. En un año marcado por el vencimiento de los contratos de las unidades balnearias, la celeridad de esta resolución judicial determinará quién tendrá la llave definitiva para decidir el futuro urbanístico y comercial del sector más emblemático de la costa marplatense.
Publicidad en la banquina de la Ruta 11: denuncia penal y conflicto por la seguridad vial
La controversia legal y política en torno a la seguridad vial y el uso del espacio público en la zona sur de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo tras la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General. El escrito, impulsado por el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur, señala el presunto entorpecimiento doloso del transporte terrestre mediante el emplazamiento ilegal de obstáculos en la Ruta Provincial 11.
El eje del conflicto radica en la instalación de estructuras publicitarias rígidas de madera ancladas al suelo, ubicadas a menos de un metro de la calzada sobre la banquina, específicamente en el tramo comprendido entre el Arroyo Corrientes y el acceso al barrio San Jacinto. La denuncia se encuadra en el artículo 194 del Código Penal, argumentando que estos elementos no solo carecen de autorización, sino que constituyen un riesgo concreto para la integridad física de quienes circulan, al inhabilitar la zona de banquina destinada a emergencias y generar distracciones visuales.
La base técnica que sustenta este reclamo se apoya en un informe oficial de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires emitido originalmente en septiembre de 2022. En dicho documento, la autoridad provincial de vialidad es categórica al afirmar que no existe legislación que permita estas instalaciones, ya que está prohibida la publicidad en la zona de camino, independientemente de sus dimensiones o del ancho de la vía. El informe aclara que solo se admite información vial dentro de esta franja jurisdiccional y que cualquier otro tipo de cartelería debe implantarse detrás de los alambrados, en propiedad privada, para evitar que un eventual colapso afecte la seguridad del tránsito. Según el planteo de los denunciantes, esta normativa vigente es de conocimiento público para los funcionarios técnicos, lo que transforma la permanencia de los carteles en una omisión de los deberes de control.
El aspecto que eleva la tensión política del caso es la naturaleza económica de la actividad denunciada. Según las pruebas aportadas, los soportes no son estructuras abandonadas, sino que presentan ofertas activas de comercialización directa a través de números de teléfono y promocionan eventos de gran concurrencia, como un festival realizado en la Estancia Santa Isabel durante el inicio del año 2026. Esta situación ha llevado a los denunciantes a sostener que existe una actividad organizada orientada al lucro que utiliza una "cosa riesgosa ilícita" como medio de producción. La figura jurídica invocada es la del dolo eventual, bajo la premisa de que quienes instalan, ofrecen y contratan estos espacios son conscientes del riesgo que generan para la seguridad vial y deciden proseguir con la conducta en función del beneficio económico.
De este modo, el conflicto interpela directamente a la gestión institucional, señalando una presunta "crisis de gobernanza" que involucra tanto al ámbito municipal como al provincial. El comunicado del Observatorio subraya que el deber de control es de oficio y no debe depender de la denuncia vecinal o la visibilidad mediática. En este sentido, la investigación penal solicitada busca deslindar responsabilidades no solo entre quienes instalan y comercializan los soportes, sino también entre los anunciantes —considerados por la querella como partícipes necesarios en el plan delictivo— y los funcionarios que debían ejercer la policía de seguridad vial.
El proceso judicial ahora deberá determinar si la permanencia de estos obstáculos rígidos en la Ruta 11 constituye una infracción administrativa menor o si, como sostienen los denunciantes, representa un delito penal que ha contado con la aquiescencia de los organismos de control.
Mar del Plata se plantó contra el proyecto de Reforma Laboral
La tarde marplatense dejó de ser la postal de una ciudad de descanso para convertirse en el epicentro de un reclamo ensordecedor. Mientras en el Congreso de la Nación comenzó a rodar el engranaje legislativo para la Reforma Laboral, en las calles de "La Feliz" el termómetro social marcaba un clima tenso y de rechazo. La reacción fue, por definición, cruda y masiva: una columna compacta que superó las siete cuadras de extensión sobre la avenida Luro, transformando el asfalto en un manifiesto viviente contra el proyecto del Gobierno Nacional y sus aliados.
La movilización no fue una marcha más en el cronograma gremial. Lo que se vivió fue una jornada de carácter histórico por la heterogeneidad de sus protagonistas. La columna principal, encabezada por las centrales obreras y por la práctica totalidad de los sindicatos y gremios con representación en la ciudad, se vio robustecida por la presencia de organizaciones políticas de diversos sectores, movimientos sociales que aportaron su mística territorial y un nutridísimo grupo de estudiantes que ven en la reforma un techo a sus aspiraciones de futuro. Sin embargo, el dato que terminó de dotar de volumen a la protesta fue la participación de ciudadanos autoconvocados, aquellos que, sin pecheras ni banderas partidarias, se volcaron a las veredas para sumarse al paso de la multitud.
El recorrido, que comenzó con la concentración de las distintas fuerzas en puntos neurálgicos, confluyó en una marcha que avanzó con paso firme por el corazón del centro marplatense. Al llegar a la avenida Luro, la imagen era elocuente: un mar de gente que se perdía de vista en el horizonte urbano. El estruendo de los bombos y los cánticos de resistencia marcaron el pulso de una tarde donde el descontento aún se palpa en el aire. Al arribar al Monumento a San Martín y frente a las escalinatas del Palacio Municipal, la multitud se detuvo para hacer oír su voz en el punto más simbólico de la administración local.
Allí, bajo la sombra del monumento y de cara a la municipalidad, el mensaje fue unívoco: Mar del Plata no está dispuesta "a aceptar una flexibilización de los derechos conquistados". La sensación generalizada entre los presentes era la de estar ante una encrucijada vital. Las pancartas, los discursos improvisados y el murmullo constante de la multitud reflejaron una preocupación profunda por el impacto que la reforma tendría en el tejido social de una ciudad que conoce bien las crisis de empleo.
La jornada marca una convicción de que el sentir en las calles es solo el primer capítulo de una resistencia que promete intensificarse a medida que el debate avance en Buenos Aires. Mar del Plata, se hizo notar; los trabajadores locales están en contra de la Reforma Laboral.
Presupuesto 2026: con clima caliente, el viernes habría sesión extraordinaria
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon se prepara para una jornada de alta tensión este viernes 13 de febrero. La convocatoria a Sesión Extraordinaria, formalizada este miércoles por las firmas de los ediles del PRO Julián Bussetti, Fernando Muro y Marcelo Cardoso, de la UCR+Nuevos Aires Ariel Martínez Bordaisco y Gabriela Azcoitia, el concejal de la CC-ARI Guido García y de los libertarios Rolando Demaio y Vanesa Benavídez, tiene como eje central el tratamiento de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2026.
En la comisión de Hacienda, lo que en los papeles comenzó como un trámite administrativo con la aprobación unánime de prórrogas técnicas, mutó rápidamente en un campo de batalla ideológico cuando el presidente de la comisión (Cardoso) abrió el juego para los expedientes centrales de la gestión municipal.
La Libertad Avanza, a través de su presidente de bloque, Rolando Demaio, marcó la cancha desde el inicio para despejar dudas sobre su alineamiento, aunque con matices propios. “Acompañar este presupuesto no es un acto automático”, advirtió el edil libertario, subrayando que la ciudad enfrenta desafíos complejos que requieren un superávit fiscal sostenible. Para el bloque, la hoja de ruta económica es innegociable: “Sin presupuesto no hay planificación, sin planificación no hay políticas públicas y sin políticas públicas no hay futuro posible para Mar del Plata”. Pese a las diferencias técnicas que el bloque prometió profundizar en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, el apoyo de LLA garantizó el músculo necesario para que el oficialismo avance sin fisuras.
La calma se rompió definitivamente con la intervención de Eva Ayala, de Acción Marplatense (AM-MDF). La concejal opositora apuntó directamente contra la metodología de debate impuesta por el oficialismo, que limitó las consultas a un formato escrito sin presencia de funcionarios. “Esta discusión debe tener condiciones mínimas de transparencia y control político. Hay preguntas centrales que deben poder escuchar los vecinos”, disparó Ayala, antes de enumerar una serie de críticas que tocaron fibras sensibles: la tasa de alumbrado en la factura de EDEA, la creación de nuevas tasas para gastos ordinarios y, fundamentalmente, el estado de la seguridad en los barrios.
El punto de mayor fricción ocurrió cuando la discusión se desplazó a la operatividad de los recursos policiales. Ayala cuestionó la "no utilización" de patrulleros entregados por la provincia, lo que provocó una respuesta inmediata y mordaz de Bussetti, presidente del bloque PRO. “Es fácil venir y hablar para un video. Si tanto les interesaba, tuvieron la oportunidad de hacer las preguntas por escrito”, ironizó Bussetti, quien además desmintió las cifras de la oposición al asegurar que las 13 unidades están operativas. El cruce escaló cuando el edil amarillo responsabilizó directamente a la gestión de Axel Kicillof por la situación de seguridad: “La responsabilidad es de la provincia. Es importante que los vecinos lo sepan”.
No obstante, la tensión no cedió. Melisa Centurión (AM-MDF) criticó la presión impositiva sobre los vecinos y la falta de respuestas del Ejecutivo, sugiriendo que el municipio debería recurrir a créditos provinciales ante sus "dificultades financieras". La réplica de Bussetti fue contundente y cargada de reproches políticos: “Es hasta perverso decir que el municipio vaya a pedir crédito a la provincia cuando nos debe muchísimo dinero. Decile a Kicillof que nos dé la plata que nos corresponde. Paguen lo que nos deben”. Según el concejal, la deuda por el IPS y el sistema educativo municipal, entre otras cuestiones, constituye una discriminación sistemática contra General Pueyrredon.
Por último, Fernando Muro (PRO) cerró filas defendiendo el "RIGI marplatense" y cuestionando la postura de la oposición. “Criticar algo que es en beneficio de trabajo para los marplatenses antes de que haya nacido me parece violento desde lo conceptual y desde lo ideológico”, sentenció el ex secretario de Desarrollo Local.
Con los dictámenes aprobados por mayoría y el rechazo en bloque de Unión por la Patria (UP) y AM-MDF, el oficialismo se encamina a la sesión del viernes con la tranquilidad que le otorgan sus 14 votos, pero bajo un clima político que promete convertir el recinto en una caldera.
El oficialismo aprobó las ordenanzas Fiscal e Impositiva en medio de fuertes críticas de la oposición
En la primera Sesión Extraordinaria de 2026, que además marcó el debut del Concejo Deliberante con su conformación actual, el oficialismo avanzó sin sobresaltos. Con 14 votos afirmativos, se le dió el visto bueno a las ordenanzas Fiscal e Impositiva, en línea con los pronósticos previos.
El debate se extendió durante poco más de una hora y cincuenta minutos, tiempo suficiente para ratificar el peso de la mayoría propia que articula el oficialismo junto a sus aliados. La combinación del Pro (5), la UCR–Nuevos Aires (4), la Coalición Cívica (1) y La Libertad Avanza (4) volvió a mostrar un esquema sólido, que por ahora mantiene lejos cualquier escenario de votaciones inesperadas en el recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredon.
Sin embargo, la discusión no estuvo exenta de tensión. Los bloques opositores se turnaron para cuestionar el rumbo de la política impositiva, con críticas centradas en los aumentos de tasas, la falta de precisiones sobre el impacto real del esquema tributario y la ausencia de funcionarios del Ejecutivo durante el tratamiento. También reaparecieron reclamos por la falta de respuestas a los pedidos de informes presentados por escrito.
Uno de los ejes más polémicos volvió a ser la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, que concentró objeciones en torno a su nivel y alcance. Además, se sumaron las críticas a la Tasa de alumbrado que se busca crear. En ese contexto, el intercambio derivó en cruces discursivos, chicanas y las ya habituales acusaciones entre oficialismo y oposición.
Al momento de la votación, el mapa político se mantuvo sin fisuras. Los bloques oficialistas y sus aliados acompañaron el expediente, mientras que Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro, Unión por la Patria y el Frente Renovador se pronunciaron por la negativa.
Superada esta instancia legislativa, el expediente deberá atravesar ahora la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Se trata de un paso formal —calificado por varios sectores como anacrónico— que terminará de validar el paquete impositivo impulsado por la comuna. La convocatoria está prevista para el viernes 27 de febrero.
La planta política del Concejo sigue en las sombras
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon atraviesa un inicio de actividad marcado por una paradoja administrativa que mantiene en vilo la transparencia institucional del Palacio Municipal. A poco más de dos meses de la asunción de los nuevos ediles el pasado 10 de diciembre de 2025, la conformación definitiva de la planta política —el denominado "ejército de asesores" que sostiene la labor de los bloques— permanece en un terreno de imprecisiones. Aunque durante diciembre y enero el Boletín Oficial comenzó a desgranar una serie de decretos que permitieron vislumbrar los primeros movimientos de altas, bajas y promociones, la página oficial del cuerpo legislativo todavía no refleja la estructura completa ni actualizada de quienes ocupan los cargos de secretarios y auxiliares bajo el régimen de la Fuente de Financiamiento 110.
Este escenario de incertidumbre se profundiza en una semana clave para la gestión local. El pasado 4 de febrero se retomó la actividad en algunas de las comisiones internas, con el foco puesto en el postergado Presupuesto 2026. Resulta significativo que, mientras los bloques discuten las partidas financieras y el destino de los recursos municipales para el año en curso, la propia estructura de costos del Concejo, representada por su personal político, no esté plenamente cristalizada ante la opinión pública. Los cambios no se detuvieron en la gran marea de enero; nuevos movimientos registrados en los boletines oficiales de las últimas semanas sugieren que el rompecabezas de las designaciones sigue en constante mutación, afectando a fuerzas de todo el arco político.
La situación administrativa cobra especial relevancia ante la convocatoria a una sesión extraordinaria para mañana viernes 13 de febrero. Los concejales se preparan para bajar al recinto en un contexto donde el organigrama político del cuerpo es, técnicamente, un documento en construcción. Durante el receso administrativo de enero, se pudo documentar la masiva reconfiguración del PRO tras el pase de cuadros al Ejecutivo, el fortalecimiento de la estructura de La Libertad Avanza (LLA) con casi una veintena de ingresos, y las maniobras de "reseteo" en el Frente Renovador (FR) o las promociones internas en algunos bloques, entre otros movimientos. Decretos posteriores han modificado aún más la planta política, mientras la ausencia de una confirmación oficial de la estructura, ha generado incertidumbre y poca claridad.
En términos institucionales, el retraso en la publicación de la nómina completa en los canales digitales oficiales del Concejo Deliberante impide conocer con exactitud el impacto final de estas designaciones sobre los recursos ordinarios del municipio. Cabe recordar que estos cargos, al ser designaciones directas por fuera del estatuto municipal convencional, representan uno de los puntos más sensibles de la ingeniería presupuestaria legislativa. Mientras el reloj corre y las comisiones proyectan destrabar expedientes acumulados, el funcionamiento interno del Concejo opera bajo una lógica de oficializaciones parciales que, con la presión del calendario legislativo y la proximidad de la sesión extraordinaria, comienza a demandar una resolución definitiva en términos de publicidad y transparencia.
Más de lo mismo: el ring político en la primera sesión del año en el Concejo
La jornada de este 13 de febrero en el Concejo Deliberante no fue una sesión más; funcionó como el primer atisbo de lo que será el clima político del 2026. Con el debate de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva como telón de fondo, el oficialismo mostró un frente sólido pero con matices internos que marcan el pulso de la gestión interina. Así, logró consolidar su mayoría de 14 votos y marca la hoja de ruta para General Pueyrredon.
El despliegue táctico del PRO comenzó con la voz de Fernando Muro. El exsecretario de Desarrollo Local asumió la responsabilidad de abrir el debate con un discurso centrado en la austeridad y la responsabilidad fiscal. “Venimos sosteniendo un trabajo consistente en el sentido de que seguimos cuidándole el dinero a los vecinos. Es un presupuesto real, que cuida los recursos ante la situación compleja que viene nuestra economía”, aseguró Muro, estableciendo el tono de la defensa oficialista. La estrategia del bloque se completó con la figura de Julián Bussetti, quien desde la presidencia de la bancada manejó los tiempos legislativos e instó a la votación una vez agotadas las exposiciones. El monobloque de la Coalición Cívica - ARI (CC-ARI) de Guido García, acompañó con voto pero sin discurso.
Desde el radicalismo, la estrategia se centró en la “franqueza” administrativa. Vilma Baragiola, pieza con experiencia en el Ejecutivo, defendió la previsibilidad del presupuesto calificándolo como “equilibrado”. Sin embargo, su intervención más política se enfocó en la honestidad de la carga tributaria: “Cualquier intendente que le prometa al vecino que nunca le va a aumentar las tasas le está mintiendo. Siempre los municipios tienen necesidad de acudir a esta herramienta como parte de la conformación económica del municipio”, disparó la edil, marcando una diferencia pragmática frente a las críticas de la oposición.
La Libertad Avanza, si bien garantizó el "músculo" necesario para que el oficialismo avance sin fisuras, aprovechó la instancia para ratificar su identidad propia dentro de la coalición. Porque, a pesar de un silencio estratégico durante el recinto y reservándose las discrepancias técnicas para la instancia de Mayores Contribuyentes, el bloque presidido por Rolando Demaio y liderado por Emiliano Recalt, ya había fijado una posición de “acompañamiento con matices”. En Hacienda, el sector libertario había sido tajante al advertir: “Acompañar este presupuesto no es un acto automático”, remarcando que la prioridad libertaria es un superávit fiscal sostenible.
En la vereda de enfrente, la oposición se presentó como un archipiélago de estrategias inconexas. Juan Manuel Cheppi, del Frente Renovador (FR), lideró el rechazo frontal cuestionando la lógica del aumento en la Fiscal e Impositiva. Por su parte, Unión por la Patria (UP), a través de Diego García, centró su ataque en la metodología de cobro, calificando de “impuestazo encubierto” el traslado del componente de alumbrado público a la factura de EDEA. Ambos bloques habían presentado preguntas por escrito, metodología que había decidido el oficialismo.
Párrafo aparte para Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF). El exintendente Gustavo Pulti, sin tapujos, utilizó su tiempo en el recinto para elevar la discusión a un plano provincial, y defender la gestión de Axel Kicillof. Esta divergencia estratégica dejó en evidencia que los 10 votos de la oposición distan de ser un bloque articulado; la interna peronista, en tiempos de elecciones, se siente hasta en el recinto del Concejo.
Con la Audiencia Pública del 25 de febrero y la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 27 en el horizonte cercano, el mapa de poder en General Pueyrredon quedó trazado. El oficialismo se mueve como un bloque de engranajes diversos pero aceitados, donde la fidelidad de unos y el condicionamiento técnico de otros no impiden el avance del esquema local. Por otro lado, la falta de una estrategia común en los bloques opositores le otorga a la gestión interina margen de maniobra. En este escenario, el 2027 ya se proyecta sobre el recinto del Concejo, y convierte cada debate en un ensayo general para la batalla por el municipio.
Las diferencias entre el kirchnerismo, el kicillofismo y el sector que encabeza Rodolfo “Manino” Iriart se impusieron sobre cualquier intento de síntesis. Así, al igual que en procesos anteriores, el peronismo marplatense llegará fragmentado a una elección que definirá la conducción partidaria y los congresales del distrito.
Por el espacio alineado con Kicillof, la candidata a presidenta del PJ local será Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP Buenos Aires. La lista se completa con Daniel Rodríguez como vicepresidente y Cristian Galeano como secretario general. Los candidatos a congresales de este sector son Juan Garivoto, Natalia Giovanettoni, Eduardo Coppola, Pablo Vacante y Aníbal Settino.
En representación del kirchnerismo, bajo la conducción local de Fernanda Raverta, la nómina estará encabezada por Daniel Di Bártolo, dirigente de SADOP Nación, como candidato a presidente. Lo acompañará Nora Estrada como vicepresidenta. Los congresales propuestos por este sector son Hugo Casarsa, Benavente, Diego García, Mariana Cuesta, Fernando Maraude y Nancy Scarcella.
La tercera lista será la del Peronismo Marplatense, encabezada por Iriart, ex diputado provincial y ex funcionario durante gestiones provinciales y nacionales. Iriart será candidato a presidente, con María Santamaría como vicepresidenta y Ricardo Alonso como secretario general. Los postulantes a congresales de este espacio son Eduardo Niella, Débora Indarte, Juan Manuel Cañete, Rosana Tortosa y Sergio Correa.
El escenario remite a antecedentes recientes. En 2025, el peronismo local ya había competido dividido en las legislativas provinciales, con expresiones alineadas a La Cámpora, al Movimiento Derecho al Futuro de la mano del vecinalismo y espacios por fuera de la estructura tradicional del PJ, entre ellos el de Iriart.
La elección del 15 de marzo tendrá como universo electoral a 31.347 afiliados habilitados para votar en General Pueyrredon, aunque los antecedentes muestran una baja participación: en la última interna del PJ local sufragaron apenas 4.700 afiliados. Aun así, el resultado será clave para definir el rumbo político del peronismo marplatense en un distrito donde la unidad, una vez más, quedó en segundo plano.
Precariedad logística y denuncias en los premios Estrella de Mar 2026
La temporada estival en Mar del Plata no es solo un fenómeno turístico, sino el escenario donde se dirimen cuotas de poder y visibilidad política. Sin embargo, la edición 2026 de los Premios Estrella de Mar parece haber trocado su habitual resplandor por una serie de desprolijidades que exponen la fragilidad de la conducción actual del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). Bajo la tutela de Diego Juárez —un funcionario de pasado sciolista reconvertido a las filas libertarias—, la organización del evento ha pasado de la austeridad pregonada a una precariedad logística que afecta directamente la proyección de la ciudad hacia el resto del país, y del mundo.
El primer síntoma de esta crisis se manifestó en el trato hacia la prensa especializada. Periodistas de medios nacionales, como el equipo de Intrusos, denunciaron no solo la falta de servicios básicos durante la jornada de trabajo que supera las seis horas, sino una restricción de acceso sin precedentes. La directiva de la organización fue tajante: "de la puerta para afuera". Este blindaje informativo, que obliga a cronistas a improvisar viandas personales ante la falta de previsión oficial, contrasta con la naturaleza misma de un evento diseñado para la difusión masiva. La imagen de la prensa nacional trabajando en condiciones de precariedad en la puerta del NH Gran Hotel Provincial es el corolario de una gestión que parece confundir el ahorro con la desidia de sus activos más valiosos.
Esta supuesta política de ajuste queda bajo sospecha al analizar el rechazo sistemático a alternativas de costo cero. Tal como consta en los registros oficiales, la administración de Juárez desestimó el ofrecimiento del Teatro Tronador, que ponía a disposición su sala, tecnología de fibra óptica para transmisión satelital y logística técnica sin cargo alguno para el municipio. A esto se suma la disponibilidad de espacios municipales como el Teatro Colón o la Villa Victoria, que tampoco fueron considerados. La decisión de avanzar con una producción que genera costos al erario público —solo en logística para esta edición de los premios se destinaron más de 84 millones de pesos—, habiendo opciones gratuitas de alta gama, coloca a Juárez en el centro de los cuestionamientos por falta de transparencia y pericia administrativa.
De este modo, lo que la gestión de Juárez muestra al país es una preocupante claudicación de la soberanía administrativa del Estado municipal en favor de la improvisación. Al no contar con un plan técnico sólido ni la voluntad de articular con los sectores que ofrecen soluciones sin costo al erario público, el EMTURyC ha transformado la "fiesta del espectáculo" en un espacio de aislamiento y hostilidad operativa.
La falta de experiencia previa del funcionario en el sector cultural y turístico parece ser el motor de decisiones que, lejos de ahorrar recursos, dilapidan el capital simbólico de la ciudad. Así, los Estrella de Mar 2026 se presentan como una de las vidrieras de Mar del Plata en su versión más precaria.
Presupuesto 2026: los números con los que sale el Ejecutivo
Luego de cuatro prórrogas consecutivas, el gobierno interino encabezado por Agustín Neme finalmente envió al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026. Como ocurre cada año, la elaboración de la “ley de leyes” municipal estuvo condicionada por las definiciones de la Provincia y la Nación, especialmente en materia de ingresos y obra pública. No obstante, en esta oportunidad, la demora también respondió a las discusiones internas dentro del oficialismo y sus aliados, donde no terminaban de cerrarse los números ni la proyección general de la comuna.
Se trata de la primera presentación presupuestaria de Neme como intendente. El proyecto busca darle continuidad al denominado “modelo Mar del Plata”, con algunos ajustes y agregados, pero sin modificar el rumbo central de la gestión. La premisa que atraviesa todo el expediente es sostener el equilibrio fiscal, incorporando algunas novedades en materia tributaria y de recaudación.
El Presupuesto fue elevado con un mensaje del secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, que vino acompañado de un análisis del contexto económico que enmarca la iniciativa. Allí se señala que el escenario previsto combina una recuperación moderada de la actividad con riesgos persistentes, como la inflación y el avance de la informalidad laboral, variables que impactan de manera directa en la proyección de ingresos y gastos del Municipio.
En cuanto a los criterios de armado, el Ejecutivo remarca que el proyecto se apoya en una estructura de gastos con alto nivel de rigidez, un contexto social que obliga al Estado local a asumir funciones sin financiamiento específico y las limitaciones para acceder a crédito de mediano y largo plazo. En ese marco, se priorizó la asignación de recursos en áreas consideradas estratégicas, como seguridad, empleo privado, desarrollo local y modernización del Estado, manteniendo además el esquema de Presupuesto con Perspectiva de Género.
El gobierno también prevé atender el pago de la deuda consolidada y flotante, y sostiene que la proyección de recursos resulta “razonable y factible”, siempre que se aprueben los cambios propuestos en la Ordenanza Fiscal e Impositiva. La política presupuestaria, se indica, estará atravesada por la reducción del gasto público, la simplificación administrativa y el fortalecimiento de la gestión tributaria, con mayor control y fiscalización.
El Presupuesto 2026 fue valuado en $521.996.792.000, contemplando a la Administración Central y los cuatro entes descentralizados, lo que representa un incremento del 42% en comparación con 2025. En la distribución por áreas, el esquema se mantiene prácticamente sin cambios. Legal, Técnica y Hacienda encabeza el ranking con $237.947.655.000, lo que implica una suba del 166%. Le siguen Educación, con un aumento del 37,75%, y Salud, con un 33,9%.
Más atrás aparece Seguridad, aunque con un incremento del 45%, uno de los ejes discursivos de la gestión. En el extremo opuesto, el área del intendente municipal es la que recibe menor asignación de recursos, aunque figura entre las que más crecen en términos porcentuales, con una suba del 67,98% respecto al ejercicio anterior.
Entre las principales novedades se destaca la creación de la Tasa por Alumbrado Público, que surge tras la eliminación de ese componente de la Tasa de Servicios Urbanos. El nuevo tributo tendrá carácter de fondo afectado y solo podrá destinarse al mantenimiento de las luminarias y a la incorporación progresiva de tecnología LED. En paralelo, el Ejecutivo mantiene dos pilares de su esquema de recaudación: la actualización de tasas por inflación y la cuestionada Tasa Vial.
En línea con el rumbo del gobierno nacional, el Presupuesto incorpora además un Régimen de Incentivos Fiscales de alcance local, inspirado en el RIGI. El artículo 294 habilita al Ejecutivo a otorgar reducciones de hasta el 50% en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, uno de los tributos de mayor impacto sobre la actividad privada, para empresas que acrediten inversiones recientes o proyectadas.
Desde el punto de vista estructural, el 27,8% de los recursos proviene de Ingresos Tributarios por Coparticipación, el 55,9% corresponde a Ingresos No Tributarios — tasas y derechos municipales—, el 9,6% a Transferencias Corrientes y el 6,2% a Fuentes Financieras, completándose el total con otros recursos.
En el oficialismo estiman que el Presupuesto podría quedar aprobado hacia fines de febrero, pese a los cuestionamientos que anticipa la oposición durante el debate en el recinto del HCD
Se trata de la primera presentación presupuestaria de Neme como intendente. El proyecto busca darle continuidad al denominado “modelo Mar del Plata”, con algunos ajustes y agregados, pero sin modificar el rumbo central de la gestión. La premisa que atraviesa todo el expediente es sostener el equilibrio fiscal, incorporando algunas novedades en materia tributaria y de recaudación.
El Presupuesto fue elevado con un mensaje del secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, que vino acompañado de un análisis del contexto económico que enmarca la iniciativa. Allí se señala que el escenario previsto combina una recuperación moderada de la actividad con riesgos persistentes, como la inflación y el avance de la informalidad laboral, variables que impactan de manera directa en la proyección de ingresos y gastos del Municipio.
En cuanto a los criterios de armado, el Ejecutivo remarca que el proyecto se apoya en una estructura de gastos con alto nivel de rigidez, un contexto social que obliga al Estado local a asumir funciones sin financiamiento específico y las limitaciones para acceder a crédito de mediano y largo plazo. En ese marco, se priorizó la asignación de recursos en áreas consideradas estratégicas, como seguridad, empleo privado, desarrollo local y modernización del Estado, manteniendo además el esquema de Presupuesto con Perspectiva de Género.
El gobierno también prevé atender el pago de la deuda consolidada y flotante, y sostiene que la proyección de recursos resulta “razonable y factible”, siempre que se aprueben los cambios propuestos en la Ordenanza Fiscal e Impositiva. La política presupuestaria, se indica, estará atravesada por la reducción del gasto público, la simplificación administrativa y el fortalecimiento de la gestión tributaria, con mayor control y fiscalización.
El Presupuesto 2026 fue valuado en $521.996.792.000, contemplando a la Administración Central y los cuatro entes descentralizados, lo que representa un incremento del 42% en comparación con 2025. En la distribución por áreas, el esquema se mantiene prácticamente sin cambios. Legal, Técnica y Hacienda encabeza el ranking con $237.947.655.000, lo que implica una suba del 166%. Le siguen Educación, con un aumento del 37,75%, y Salud, con un 33,9%.
Más atrás aparece Seguridad, aunque con un incremento del 45%, uno de los ejes discursivos de la gestión. En el extremo opuesto, el área del intendente municipal es la que recibe menor asignación de recursos, aunque figura entre las que más crecen en términos porcentuales, con una suba del 67,98% respecto al ejercicio anterior.
Entre las principales novedades se destaca la creación de la Tasa por Alumbrado Público, que surge tras la eliminación de ese componente de la Tasa de Servicios Urbanos. El nuevo tributo tendrá carácter de fondo afectado y solo podrá destinarse al mantenimiento de las luminarias y a la incorporación progresiva de tecnología LED. En paralelo, el Ejecutivo mantiene dos pilares de su esquema de recaudación: la actualización de tasas por inflación y la cuestionada Tasa Vial.
En línea con el rumbo del gobierno nacional, el Presupuesto incorpora además un Régimen de Incentivos Fiscales de alcance local, inspirado en el RIGI. El artículo 294 habilita al Ejecutivo a otorgar reducciones de hasta el 50% en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, uno de los tributos de mayor impacto sobre la actividad privada, para empresas que acrediten inversiones recientes o proyectadas.
Desde el punto de vista estructural, el 27,8% de los recursos proviene de Ingresos Tributarios por Coparticipación, el 55,9% corresponde a Ingresos No Tributarios — tasas y derechos municipales—, el 9,6% a Transferencias Corrientes y el 6,2% a Fuentes Financieras, completándose el total con otros recursos.
En el oficialismo estiman que el Presupuesto podría quedar aprobado hacia fines de febrero, pese a los cuestionamientos que anticipa la oposición durante el debate en el recinto del HCD
Punta Mogotes: el Municipio bloquea el intento de la Provincia de nacionalizar el conflicto judicial
La batalla por la administración del Complejo Punta Mogotes ha ingresado en una fase de definiciones procesales determinantes. Tras el reciente intento de la gestión de Axel Kicillof por desplazar el litigio hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la administración de General Pueyrredon presentó una contundente réplica legal. En su escrito, el Ejecutivo municipal solicitó que el recurso extraordinario de la Provincia sea declarado inadmisible, sosteniendo que no existen los presupuestos jurídicos básicos para que el máximo tribunal del país tome intervención en una disputa que, por naturaleza, debe resolverse en los tribunales de la ciudad balnearia.
Este nuevo capítulo se encuadra en una guerra de jurisdicciones que viene escalando desde hace varios meses. Mientras la Provincia busca, mediante una sofisticada ingeniería legal, "patear el tablero" y sacar el expediente de la órbita de los jueces locales —quienes hasta ahora han mantenido medidas cautelares favorables a la comuna—, el equipo legal del municipio de General Pueyrredon refuerza la trinchera marplatense. El argumento central de la administración local es que la resolución que la Provincia pretende impugnar no constituye una sentencia definitiva; se trata, en rigor, de una discusión sobre qué juez debe intervenir y no sobre el fondo de la cuestión: la disputa por la administración del complejo.
Desde la óptica de la administración local, el planteo bonaerense carece de sustento al alegar una supuesta "gravedad institucional". La respuesta municipal es tajante: la controversia se limita a una disputa procesal entre dos niveles del Estado provincial y no afecta el funcionamiento del sistema republicano ni los intereses generales de la Nación. De este modo, la gestión local busca desmontar la narrativa platense que intenta calificar de "arbitraria" la actuación de la justicia marplatense, defendiendo que el proceso se ajusta estrictamente a las reglas de competencia vigentes en el fuero Contencioso Administrativo.
Esta resistencia jurídica se produce en un contexto de alta tensión política, donde el Ejecutivo provincial ha intentado avanzar con hechos consumados, como la promoción de un Concurso de Ideas para renovar el complejo, ignorando las restricciones judiciales que ordenaban preservar el statu quo. Para el municipio de General Pueyrredon, la clave sigue residiendo en el depósito de los 14 millones de pesos realizado en 2024, con el cual consideran saldada la deuda histórica que vinculaba a la ciudad con la administración compartida. Al retener la causa en el Juzgado Contencioso Administrativo local, la comuna busca blindar esa posición y evitar que el conflicto se diluya en los tiempos, a menudo inabarcables, de los tribunales federales.
Con el pase al acuerdo dispuesto por la Secretaría de la Suprema Corte bonaerense, la pelota queda ahora en terreno de los ministros del máximo tribunal provincial. Ellos deberán decidir si habilitan la vía hacia la Nación o si, como pretende la administración local, ratifican que el destino de Punta Mogotes se seguirá definiendo en Mar del Plata. En un año marcado por el vencimiento de los contratos de las unidades balnearias, la celeridad de esta resolución judicial determinará quién tendrá la llave definitiva para decidir el futuro urbanístico y comercial del sector más emblemático de la costa marplatense.
Publicidad en la banquina de la Ruta 11: denuncia penal y conflicto por la seguridad vial
La controversia legal y política en torno a la seguridad vial y el uso del espacio público en la zona sur de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo tras la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General. El escrito, impulsado por el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur, señala el presunto entorpecimiento doloso del transporte terrestre mediante el emplazamiento ilegal de obstáculos en la Ruta Provincial 11.
El eje del conflicto radica en la instalación de estructuras publicitarias rígidas de madera ancladas al suelo, ubicadas a menos de un metro de la calzada sobre la banquina, específicamente en el tramo comprendido entre el Arroyo Corrientes y el acceso al barrio San Jacinto. La denuncia se encuadra en el artículo 194 del Código Penal, argumentando que estos elementos no solo carecen de autorización, sino que constituyen un riesgo concreto para la integridad física de quienes circulan, al inhabilitar la zona de banquina destinada a emergencias y generar distracciones visuales.
La base técnica que sustenta este reclamo se apoya en un informe oficial de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires emitido originalmente en septiembre de 2022. En dicho documento, la autoridad provincial de vialidad es categórica al afirmar que no existe legislación que permita estas instalaciones, ya que está prohibida la publicidad en la zona de camino, independientemente de sus dimensiones o del ancho de la vía. El informe aclara que solo se admite información vial dentro de esta franja jurisdiccional y que cualquier otro tipo de cartelería debe implantarse detrás de los alambrados, en propiedad privada, para evitar que un eventual colapso afecte la seguridad del tránsito. Según el planteo de los denunciantes, esta normativa vigente es de conocimiento público para los funcionarios técnicos, lo que transforma la permanencia de los carteles en una omisión de los deberes de control.
El aspecto que eleva la tensión política del caso es la naturaleza económica de la actividad denunciada. Según las pruebas aportadas, los soportes no son estructuras abandonadas, sino que presentan ofertas activas de comercialización directa a través de números de teléfono y promocionan eventos de gran concurrencia, como un festival realizado en la Estancia Santa Isabel durante el inicio del año 2026. Esta situación ha llevado a los denunciantes a sostener que existe una actividad organizada orientada al lucro que utiliza una "cosa riesgosa ilícita" como medio de producción. La figura jurídica invocada es la del dolo eventual, bajo la premisa de que quienes instalan, ofrecen y contratan estos espacios son conscientes del riesgo que generan para la seguridad vial y deciden proseguir con la conducta en función del beneficio económico.
De este modo, el conflicto interpela directamente a la gestión institucional, señalando una presunta "crisis de gobernanza" que involucra tanto al ámbito municipal como al provincial. El comunicado del Observatorio subraya que el deber de control es de oficio y no debe depender de la denuncia vecinal o la visibilidad mediática. En este sentido, la investigación penal solicitada busca deslindar responsabilidades no solo entre quienes instalan y comercializan los soportes, sino también entre los anunciantes —considerados por la querella como partícipes necesarios en el plan delictivo— y los funcionarios que debían ejercer la policía de seguridad vial.
El proceso judicial ahora deberá determinar si la permanencia de estos obstáculos rígidos en la Ruta 11 constituye una infracción administrativa menor o si, como sostienen los denunciantes, representa un delito penal que ha contado con la aquiescencia de los organismos de control.
Mar del Plata se plantó contra el proyecto de Reforma Laboral
La tarde marplatense dejó de ser la postal de una ciudad de descanso para convertirse en el epicentro de un reclamo ensordecedor. Mientras en el Congreso de la Nación comenzó a rodar el engranaje legislativo para la Reforma Laboral, en las calles de "La Feliz" el termómetro social marcaba un clima tenso y de rechazo. La reacción fue, por definición, cruda y masiva: una columna compacta que superó las siete cuadras de extensión sobre la avenida Luro, transformando el asfalto en un manifiesto viviente contra el proyecto del Gobierno Nacional y sus aliados.
La movilización no fue una marcha más en el cronograma gremial. Lo que se vivió fue una jornada de carácter histórico por la heterogeneidad de sus protagonistas. La columna principal, encabezada por las centrales obreras y por la práctica totalidad de los sindicatos y gremios con representación en la ciudad, se vio robustecida por la presencia de organizaciones políticas de diversos sectores, movimientos sociales que aportaron su mística territorial y un nutridísimo grupo de estudiantes que ven en la reforma un techo a sus aspiraciones de futuro. Sin embargo, el dato que terminó de dotar de volumen a la protesta fue la participación de ciudadanos autoconvocados, aquellos que, sin pecheras ni banderas partidarias, se volcaron a las veredas para sumarse al paso de la multitud.
El recorrido, que comenzó con la concentración de las distintas fuerzas en puntos neurálgicos, confluyó en una marcha que avanzó con paso firme por el corazón del centro marplatense. Al llegar a la avenida Luro, la imagen era elocuente: un mar de gente que se perdía de vista en el horizonte urbano. El estruendo de los bombos y los cánticos de resistencia marcaron el pulso de una tarde donde el descontento aún se palpa en el aire. Al arribar al Monumento a San Martín y frente a las escalinatas del Palacio Municipal, la multitud se detuvo para hacer oír su voz en el punto más simbólico de la administración local.
Allí, bajo la sombra del monumento y de cara a la municipalidad, el mensaje fue unívoco: Mar del Plata no está dispuesta "a aceptar una flexibilización de los derechos conquistados". La sensación generalizada entre los presentes era la de estar ante una encrucijada vital. Las pancartas, los discursos improvisados y el murmullo constante de la multitud reflejaron una preocupación profunda por el impacto que la reforma tendría en el tejido social de una ciudad que conoce bien las crisis de empleo.
La jornada marca una convicción de que el sentir en las calles es solo el primer capítulo de una resistencia que promete intensificarse a medida que el debate avance en Buenos Aires. Mar del Plata, se hizo notar; los trabajadores locales están en contra de la Reforma Laboral.
Presupuesto 2026: con clima caliente, el viernes habría sesión extraordinaria
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon se prepara para una jornada de alta tensión este viernes 13 de febrero. La convocatoria a Sesión Extraordinaria, formalizada este miércoles por las firmas de los ediles del PRO Julián Bussetti, Fernando Muro y Marcelo Cardoso, de la UCR+Nuevos Aires Ariel Martínez Bordaisco y Gabriela Azcoitia, el concejal de la CC-ARI Guido García y de los libertarios Rolando Demaio y Vanesa Benavídez, tiene como eje central el tratamiento de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2026.
En la comisión de Hacienda, lo que en los papeles comenzó como un trámite administrativo con la aprobación unánime de prórrogas técnicas, mutó rápidamente en un campo de batalla ideológico cuando el presidente de la comisión (Cardoso) abrió el juego para los expedientes centrales de la gestión municipal.
La Libertad Avanza, a través de su presidente de bloque, Rolando Demaio, marcó la cancha desde el inicio para despejar dudas sobre su alineamiento, aunque con matices propios. “Acompañar este presupuesto no es un acto automático”, advirtió el edil libertario, subrayando que la ciudad enfrenta desafíos complejos que requieren un superávit fiscal sostenible. Para el bloque, la hoja de ruta económica es innegociable: “Sin presupuesto no hay planificación, sin planificación no hay políticas públicas y sin políticas públicas no hay futuro posible para Mar del Plata”. Pese a las diferencias técnicas que el bloque prometió profundizar en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, el apoyo de LLA garantizó el músculo necesario para que el oficialismo avance sin fisuras.
La calma se rompió definitivamente con la intervención de Eva Ayala, de Acción Marplatense (AM-MDF). La concejal opositora apuntó directamente contra la metodología de debate impuesta por el oficialismo, que limitó las consultas a un formato escrito sin presencia de funcionarios. “Esta discusión debe tener condiciones mínimas de transparencia y control político. Hay preguntas centrales que deben poder escuchar los vecinos”, disparó Ayala, antes de enumerar una serie de críticas que tocaron fibras sensibles: la tasa de alumbrado en la factura de EDEA, la creación de nuevas tasas para gastos ordinarios y, fundamentalmente, el estado de la seguridad en los barrios.
El punto de mayor fricción ocurrió cuando la discusión se desplazó a la operatividad de los recursos policiales. Ayala cuestionó la "no utilización" de patrulleros entregados por la provincia, lo que provocó una respuesta inmediata y mordaz de Bussetti, presidente del bloque PRO. “Es fácil venir y hablar para un video. Si tanto les interesaba, tuvieron la oportunidad de hacer las preguntas por escrito”, ironizó Bussetti, quien además desmintió las cifras de la oposición al asegurar que las 13 unidades están operativas. El cruce escaló cuando el edil amarillo responsabilizó directamente a la gestión de Axel Kicillof por la situación de seguridad: “La responsabilidad es de la provincia. Es importante que los vecinos lo sepan”.
No obstante, la tensión no cedió. Melisa Centurión (AM-MDF) criticó la presión impositiva sobre los vecinos y la falta de respuestas del Ejecutivo, sugiriendo que el municipio debería recurrir a créditos provinciales ante sus "dificultades financieras". La réplica de Bussetti fue contundente y cargada de reproches políticos: “Es hasta perverso decir que el municipio vaya a pedir crédito a la provincia cuando nos debe muchísimo dinero. Decile a Kicillof que nos dé la plata que nos corresponde. Paguen lo que nos deben”. Según el concejal, la deuda por el IPS y el sistema educativo municipal, entre otras cuestiones, constituye una discriminación sistemática contra General Pueyrredon.
Por último, Fernando Muro (PRO) cerró filas defendiendo el "RIGI marplatense" y cuestionando la postura de la oposición. “Criticar algo que es en beneficio de trabajo para los marplatenses antes de que haya nacido me parece violento desde lo conceptual y desde lo ideológico”, sentenció el ex secretario de Desarrollo Local.
Con los dictámenes aprobados por mayoría y el rechazo en bloque de Unión por la Patria (UP) y AM-MDF, el oficialismo se encamina a la sesión del viernes con la tranquilidad que le otorgan sus 14 votos, pero bajo un clima político que promete convertir el recinto en una caldera.
El oficialismo aprobó las ordenanzas Fiscal e Impositiva en medio de fuertes críticas de la oposición
En la primera Sesión Extraordinaria de 2026, que además marcó el debut del Concejo Deliberante con su conformación actual, el oficialismo avanzó sin sobresaltos. Con 14 votos afirmativos, se le dió el visto bueno a las ordenanzas Fiscal e Impositiva, en línea con los pronósticos previos.
El debate se extendió durante poco más de una hora y cincuenta minutos, tiempo suficiente para ratificar el peso de la mayoría propia que articula el oficialismo junto a sus aliados. La combinación del Pro (5), la UCR–Nuevos Aires (4), la Coalición Cívica (1) y La Libertad Avanza (4) volvió a mostrar un esquema sólido, que por ahora mantiene lejos cualquier escenario de votaciones inesperadas en el recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredon.
Sin embargo, la discusión no estuvo exenta de tensión. Los bloques opositores se turnaron para cuestionar el rumbo de la política impositiva, con críticas centradas en los aumentos de tasas, la falta de precisiones sobre el impacto real del esquema tributario y la ausencia de funcionarios del Ejecutivo durante el tratamiento. También reaparecieron reclamos por la falta de respuestas a los pedidos de informes presentados por escrito.
Uno de los ejes más polémicos volvió a ser la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, que concentró objeciones en torno a su nivel y alcance. Además, se sumaron las críticas a la Tasa de alumbrado que se busca crear. En ese contexto, el intercambio derivó en cruces discursivos, chicanas y las ya habituales acusaciones entre oficialismo y oposición.
Al momento de la votación, el mapa político se mantuvo sin fisuras. Los bloques oficialistas y sus aliados acompañaron el expediente, mientras que Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro, Unión por la Patria y el Frente Renovador se pronunciaron por la negativa.
Superada esta instancia legislativa, el expediente deberá atravesar ahora la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Se trata de un paso formal —calificado por varios sectores como anacrónico— que terminará de validar el paquete impositivo impulsado por la comuna. La convocatoria está prevista para el viernes 27 de febrero.
La planta política del Concejo sigue en las sombras
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon atraviesa un inicio de actividad marcado por una paradoja administrativa que mantiene en vilo la transparencia institucional del Palacio Municipal. A poco más de dos meses de la asunción de los nuevos ediles el pasado 10 de diciembre de 2025, la conformación definitiva de la planta política —el denominado "ejército de asesores" que sostiene la labor de los bloques— permanece en un terreno de imprecisiones. Aunque durante diciembre y enero el Boletín Oficial comenzó a desgranar una serie de decretos que permitieron vislumbrar los primeros movimientos de altas, bajas y promociones, la página oficial del cuerpo legislativo todavía no refleja la estructura completa ni actualizada de quienes ocupan los cargos de secretarios y auxiliares bajo el régimen de la Fuente de Financiamiento 110.
Este escenario de incertidumbre se profundiza en una semana clave para la gestión local. El pasado 4 de febrero se retomó la actividad en algunas de las comisiones internas, con el foco puesto en el postergado Presupuesto 2026. Resulta significativo que, mientras los bloques discuten las partidas financieras y el destino de los recursos municipales para el año en curso, la propia estructura de costos del Concejo, representada por su personal político, no esté plenamente cristalizada ante la opinión pública. Los cambios no se detuvieron en la gran marea de enero; nuevos movimientos registrados en los boletines oficiales de las últimas semanas sugieren que el rompecabezas de las designaciones sigue en constante mutación, afectando a fuerzas de todo el arco político.
La situación administrativa cobra especial relevancia ante la convocatoria a una sesión extraordinaria para mañana viernes 13 de febrero. Los concejales se preparan para bajar al recinto en un contexto donde el organigrama político del cuerpo es, técnicamente, un documento en construcción. Durante el receso administrativo de enero, se pudo documentar la masiva reconfiguración del PRO tras el pase de cuadros al Ejecutivo, el fortalecimiento de la estructura de La Libertad Avanza (LLA) con casi una veintena de ingresos, y las maniobras de "reseteo" en el Frente Renovador (FR) o las promociones internas en algunos bloques, entre otros movimientos. Decretos posteriores han modificado aún más la planta política, mientras la ausencia de una confirmación oficial de la estructura, ha generado incertidumbre y poca claridad.
En términos institucionales, el retraso en la publicación de la nómina completa en los canales digitales oficiales del Concejo Deliberante impide conocer con exactitud el impacto final de estas designaciones sobre los recursos ordinarios del municipio. Cabe recordar que estos cargos, al ser designaciones directas por fuera del estatuto municipal convencional, representan uno de los puntos más sensibles de la ingeniería presupuestaria legislativa. Mientras el reloj corre y las comisiones proyectan destrabar expedientes acumulados, el funcionamiento interno del Concejo opera bajo una lógica de oficializaciones parciales que, con la presión del calendario legislativo y la proximidad de la sesión extraordinaria, comienza a demandar una resolución definitiva en términos de publicidad y transparencia.
Más de lo mismo: el ring político en la primera sesión del año en el Concejo