Mar del Plata atravesó este lunes una jornada de alta tensión política y social que puso de manifiesto el malestar que atraviesa a las fuerzas de seguridad bonaerenses. Desde las once de la mañana, un nutrido grupo compuesto por familiares de efectivos, personal retirado y policías en actividad se concentró frente a la Comisaría Primera, ubicada en la avenida Independencia al 1750. Lo que comenzó como una manifestación con banderas argentinas y pancartas en busca de visibilizar un pliego de reclamos, terminó derivando en un escenario de violencia física que obligó a la intervención de las autoridades jerárquicas en un clima de máxima hostilidad.
El eje central del reclamo se fundamenta en un pedido de recomposición salarial del 80%, una cifra que los manifestantes consideran necesaria para equiparar el costo de vida actual. A esto se suma una crisis persistente en la obra social IOMA, cuyas deficiencias en la prestación de servicios médicos afectan de manera directa tanto al personal activo como a los jubilados de la fuerza en todo el distrito de General Pueyrredon.
En el momento en que los manifestantes intentaban entregar un petitorio con sus reclamos, se produjeron forcejeos que culminaron con una agresión física directa: el jefe departamental de Mar del Plata, Cristian Fontana, recibió una trompada tras agredir a los manifestantes.
Este episodio de violencia interna en la fuerza no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de creciente preocupación ciudadana por los índices de inseguridad que afectan a la localidad balnearia. La conflictividad de este lunes parece ser el preámbulo de una semana compleja para el gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof.
En las últimas semanas, y de manera orgánica a través de las redes sociales, se ha gestado una convocatoria masiva para este miércoles 18 de febrero. La movilización, que promete agrupar a diversos sectores de la sociedad civil, busca exigir respuestas concretas ante la ola de delitos y la falta de recursos que perciben los vecinos en los barrios marplatenses.
De esta manera, General Pueyrredon se posiciona como el epicentro de un conflicto multifacético donde se cruzan las carencias salariales de quienes deben brindar seguridad y el reclamo de una ciudadanía que se siente desprotegida.
Para el Ejecutivo provincial, el desafío será doble: por un lado, contener el foco de malestar en las filas policiales tras los incidentes de hoy y, por otro, dar una respuesta institucional a la marcha del próximo miércoles, que se perfila como una de las expresiones de descontento social más importantes de los últimos años en Mar del Plata.
