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Denuncia y polémica en Tandil
Tres desarrolladores particulares realizaron una denuncia penal al intendente Miguel Lunghi y al secretario de Obras Públicas acusándolos de trabar un desarrollo inmobiliario. Acusan un faltante de expedientes y hasta hubo un pedido de interpelación en el Concejo. Uno de los abogados defensores tiene un historial turbio y desde el municipio piden que la justicia actúe rápidamente.
Na nueva polémica atraviesa al municipio de Tandil, luego de una denuncia penal de tres desarrolladores particulares contra el histórico intendente Miguel Lunghi y el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, por presuntas trabas y bloqueos administrativos en una importante construcción en la zona serrana de “La Porteña”. La presentación fue impulsada por tres desarrolladores particulares que están vinculados al proyecto “Miradores de Montecristo”, ubicado en la denominada Chacra 274, un predio subdividido en la década de 1940. La denuncia solicita investigar al jefe comunal, al secretario de Obras Públicas del distrito, Luciano Lafosse, por delitos como abuso de autoridad, defraudación a la administración pública, tráfico de influencias y estafa procesal. La presentación judicial fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal por los desarrolladores Juan Pedro Martín Burs y Roberto Gastón Giove junto al abogado Jorge Heter. Según los denunciantes, el loteo tendría derechos adquiridos previos a la normativa urbanística actual, lo que le otorgaría validez jurídica para avanzar con el desarrollo. Al conocerse esta denuncia, la misma tomó tal relevancia que estuvo en la agenda político-mediática a nivel nacional durante varios días.
De acuerdo al escrito judicial, el Municipio habría paralizado el expediente administrativo y denegado autorizaciones sin fundamentos técnicos claros, lo que habría impedido avanzar con la urbanización. Además, los denunciantes sostienen que el freno administrativo habría generado perjuicios económicos millonarios al desalentar inversores y compradores interesados en los lotes. Entre los delitos que se le atribuyen a la gestión del municipio de Tandil son los de abuso de autoridad, defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, falsedad ideológica y supresión documental. La acusación sostiene que existiría una “maniobra organizada” desde la cúpula del Ejecutivo municipal destinada a impedir el avance del emprendimiento. En esa línea, los desarrolladores expresaron que el expediente quedó inmovilizado y sin resolución formal, además de que se introdujeron objeciones nuevas durante todo el proceso, además de que se habría impedido el acceso a la documentación administrativa.
El expediente también menciona a presuntos audios y comunicaciones que, según los acusadores, demostrarían que el expediente fue frenado por razones ajenas a la normativa urbanística. Denuncia y polémica en TandilLuciano Lafosse, Secretario de Obras Públicas de Tandil Ante este conflicto, La Tecla contactó en reiteradas oportunidades a los denunciantes, no obteniendo respuestas por parte de ellos. Desde el municipio de Tandil si dieron su versión de los hechos y asegruaron que “la situación se origina en una disputa entre privados vinculada a la titularidad y posibilidad de urbanización de un terreno en Tandil. Esa controversia ya se encontraba judicializada y es ajena al Municipio y al Intendente. En ese contexto, el Intendente realizó declaraciones públicas expresando su preocupación por la continuidad de la comercialización de lotes mientras la cuestión de fondo aún no estaba resuelta por la Justicia, con el objetivo de evitar posibles perjuicios a terceros compradores”.
Esta situación generó mucho revuelo en el distrito. A punto tal que solicitaron una interpelación en el Concejo Deliberante tanto al intendente Miguel Lunghi como al propio secretario de Obras Públicas. Esto generó la preocupación del bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza, quienes emitieron un comunicado en repudio a lo acontecido. Sin embargo, hay muchos indicios que indican que la denuncia carece de sustento. Sobre todo si repasamos el prontuario de uno de los abogados denunciantes, Jorge Heter. El letrado ya tiene condenas en su contra en Rosario por hechos similares. Mientras tanto, desde el municipio de Tandil aseguran que es una maniobra para “manchar a un intendente con 20 años de trayectoria” y esperan que la justicia actúe con celeridad para que se esclarezcan los hechos.
El conflicto llegó al Concejo Deliberante El pasado 4 de febrero, los mismos denunciantes enviaron una carta a la presidencia del Concejo Deliberante de Tandil, encabezada por Juan Pablo Frolik, solicitando la interpelación del histórico jefe comunal y la expulsión de sus cargos al secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, y del secretario Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli.
Esta situación desató la preocupación del bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza en el Concejo y emitieron su postura al respecto. Allí sentenciaron que desde la bancada expresaron “su profunda preocupación por la grave denuncia penal en trámite que involucra al Sr. Intendente Municipal y a varios de sus funcionarios en relación con presuntos hechos ilícitos vinculados al desarrollo inmobiliario Miradores de Montecristo en la zona de La Porteña”. “De la información disponible surge que existiría una prolongada paralización administrativa, la presunta supresión u ocultamiento de documentación pública, y decisiones que habrían excedido los plazos legales previstos en la normativa de procedimiento administrativo, afectando derechos que los interesados sostienen como preexistentes y adquiridos, reconocidos incluso por organismos provinciales y por el propio sistema tributario. Asimismo, se ha tomado conocimiento de declaraciones públicas realizadas por autoridades municipales en medios de comunicación locales, cuyo contenido forma parte del análisis judicial en curso, y que refuerzan la necesidad de que los hechos sean clarificados en sede judicial, con total objetividad, transparencia y respeto por el debido proceso”, advirtieron. Sin embargo, desde el municipio fueron cautos y sentenciaron: “En más de 21 años de gestión, el Intendente nunca tuvo una denuncia penal en su contra. Está, como corresponde, a disposición de la Justicia y es el primero interesado en que la situación se esclarezca rápidamente para poder continuar con la gestión con normalidad. En Tandil existe una trayectoria pública conocida y consolidada. La transparencia de la gestión y la honestidad intelectual y política del Intendente son valores reconocidos a lo largo de más de dos décadas de gobierno”.
También cuestionaron al espacio libertario en el ámbito legislativo local: “En el plano político, resulta llamativo que únicamente el partido La Libertad Avanza en Tandil haya hecho propia la denuncia y se haya posicionado abiertamente del lado de los denunciantes. Más allá de esa postura puntual, no existe un clima de crisis institucional ni cuestionamiento generalizado a la gestión. La expectativa es que la Justicia actúe con celeridad y que este episodio quede aclarado cuanto antes”. Antecedentes polémicos del abogado denunciante Uno de los puntos que generó repercusión mediática fue la figura del abogado Jorge Heter, cofirmante de la denuncia contra el intendente Miguel Lunghi. El letrado tiene un prontuario que hace dudar de la veracidad de la presentación, por realizar acciones que no tienen compatibilidad con su profesión Según comentó La Capital de Rosario, Heter cuenta con antecedentes judiciales en la ciudad de la provincia de Santa Fe, ya que en 2013 fue condenado, junto a otros profesionales, a tres años de prisión en suspenso y a una inhabilitación para ejercer la abogacía por su participación en una maniobra de estafas vinculadas a depósitos judiciales inmovilizados en el Banco Municipal. La investigación determinó que la operatoria consistía en la utilización de expedientes judiciales para acceder a fondos depositados en cuentas inactivas. Estos antecedentes reaparecieron en el debate público tras la denuncia contra el jefe comunal, alimentando el cruce político-mediático alrededor del caso.
La postura del municipio Ante la consulta de La Tecla, desde la comuna tandilense sentenciaron: “Los denunciantes intentan encuadrar como conducta delictiva una postura institucional de carácter preventivo. Lo que se manifestó fue que, hasta que la Justicia resolviera la disputa existente, sería prudente suspender la comercialización para evitar que personas de buena fe pudieran verse perjudicadas en caso de una resolución adversa. No se trató de una orden administrativa irregular ni de una intervención fuera de la ley, sino de una opinión vinculada al resguardo del interés general”. También sostuvieron que en su municipio rige la Ley de Paisaje Protegido de la Provincia de Buenos Aires, junto con el Plan de Desarrollo Territorial (PDT). Allí aseguraron que “La zona en cuestión se encuentra dentro de la poligonal de área protegida, donde la normativa vigente establece restricciones claras a la urbanización. No se trata únicamente de una cuestión paisajística. Es una zona ambientalmente sensible, vinculada a cabeceras de cuenca y a la presencia de cauces de agua subterráneos que deben preservarse”.
“Es cierto que existe un antecedente de loteo aprobado hace muchos años, previo a la sanción de la Ley de Paisaje Protegido. Allí se plantea una discusión jurídica sobre la eventual prevalencia de aquella situación preexistente o de la normativa ambiental posterior, que es de orden público. La postura del Municipio es que la legislación vigente —la más reciente— es la que debe aplicarse, especialmente cuando se trata de normas ambientales que protegen un interés colectivo. En todo caso, será la Justicia quien termine de dirimir esa cuestión. Mientras tanto, el Municipio no puede autorizar desarrollos que contradigan el marco normativo actual”, aseguraron. Con respecto al presunto faltante de expedientes en la causa, desde la gestión de Lunghi aseguraron que “no se ha presentado una sola prueba en ese sentido. No existe constancia administrativa ni denuncia formal que acredite la desaparición de expedientes. Hasta el momento, se trata de afirmaciones sin respaldo objetivo”. “El conflicto de fondo es entre privados y se encuentra en sede judicial. El Municipio no puede interferir en esa instancia. Como en cualquier situación institucional, siempre existe disposición al diálogo dentro del marco que la ley permite”, cerraron.
De acuerdo al escrito judicial, el Municipio habría paralizado el expediente administrativo y denegado autorizaciones sin fundamentos técnicos claros, lo que habría impedido avanzar con la urbanización. Además, los denunciantes sostienen que el freno administrativo habría generado perjuicios económicos millonarios al desalentar inversores y compradores interesados en los lotes.
El expediente también menciona a presuntos audios y comunicaciones que, según los acusadores, demostrarían que el expediente fue frenado por razones ajenas a la normativa urbanística.
Esta situación generó mucho revuelo en el distrito. A punto tal que solicitaron una interpelación en el Concejo Deliberante tanto al intendente Miguel Lunghi como al propio secretario de Obras Públicas. Esto generó la preocupación del bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza, quienes emitieron un comunicado en repudio a lo acontecido.
El conflicto llegó al Concejo Deliberante
Esta situación desató la preocupación del bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza en el Concejo y emitieron su postura al respecto. Allí sentenciaron que desde la bancada expresaron “su profunda preocupación por la grave denuncia penal en trámite que involucra al Sr. Intendente Municipal y a varios de sus funcionarios en relación con presuntos hechos ilícitos vinculados al desarrollo inmobiliario Miradores de Montecristo en la zona de La Porteña”.
También cuestionaron al espacio libertario en el ámbito legislativo local: “En el plano político, resulta llamativo que únicamente el partido La Libertad Avanza en Tandil haya hecho propia la denuncia y se haya posicionado abiertamente del lado de los denunciantes. Más allá de esa postura puntual, no existe un clima de crisis institucional ni cuestionamiento generalizado a la gestión. La expectativa es que la Justicia actúe con celeridad y que este episodio quede aclarado cuanto antes”.
La postura del municipio
“Es cierto que existe un antecedente de loteo aprobado hace muchos años, previo a la sanción de la Ley de Paisaje Protegido. Allí se plantea una discusión jurídica sobre la eventual prevalencia de aquella situación preexistente o de la normativa ambiental posterior, que es de orden público. La postura del Municipio es que la legislación vigente —la más reciente— es la que debe aplicarse, especialmente cuando se trata de normas ambientales que protegen un interés colectivo. En todo caso, será la Justicia quien termine de dirimir esa cuestión. Mientras tanto, el Municipio no puede autorizar desarrollos que contradigan el marco normativo actual”, aseguraron.