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La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Los claroscuros que tiene la tasa de alumbrado público
La nueva tasa llega a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes con respaldo oficialista, pero rodeada de dudas técnicas y ruido político. Persisten interrogantes sobre la equivalencia con la TSU y el impacto real en los contribuyentes.
Con la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en el horizonte inmediato, el oficialismo se encamina a buscar el cierre definitivo del paquete Fiscal e Impositivo 2026. En ese tablero, la nueva tasa de alumbrado público aparece como una de las piezas más sensibles del esquema tributario diseñado por el gobierno interino de Agustín Neme. No tanto por su existencia —el servicio ya se financiaba dentro de la TSU— sino por la arquitectura elegida para cobrarla y por los interrogantes técnicos que comenzaron a circular.
La decisión de desagregar el componente de Alumbrado Público de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) y convertirlo en un gravamen autónomo representa una de las principales novedades del Presupuesto 2026. El nuevo cargo se liquidará a través de la factura del servicio eléctrico que en el distrito presta principalmente EDEA, bajo el paraguas de la Ley Provincial N° 10.740. El Ejecutivo sostiene que el cambio persigue un objetivo concreto: mejorar los niveles de cobrabilidad, apoyándose en los indicadores históricos de pago que exhibe la distribuidora.
En términos económicos, la Comuna proyecta recaudar 16,5 mil millones de pesos por Alumbrado Público, un salto significativo frente a los 6,8 mil millones del ejercicio anterior. El dato no pasó inadvertido en ámbitos políticos y técnicos, donde la lupa se posó sobre la ecuación de equivalencia entre lo que dejará de cobrarse dentro de la TSU —donde el alumbrado representaba el 12,91% del tributo— y lo que comenzará a facturarse mediante el nuevo esquema.
El artículo 81° de la Ordenanza Impositiva fija cinco categorías en función de la cantidad de luminarias por cuadra, independizando el cálculo de variables tradicionales como la zona o la valuación fiscal. La escala irá desde $1.000 mensuales para el alumbrado barrial hasta $6.700 para cuadras con más de cuatro luminarias. El criterio introduce previsibilidad operativa, aunque también abre el debate sobre su impacto distributivo.
Allí emergen las principales zonas grises. Fuentes técnicas advierten que la implementación deberá explicitar con precisión cuánto se detrae efectivamente de la TSU para evitar superposiciones. La discusión no es menor: si un frentista abona $3.500 por una cuadra con hasta tres luminarias, ese importe debería reflejarse en una reducción equivalente dentro de la TSU. De lo contrario —plantean— podría interpretarse como una doble imposición o, en términos políticos, como un aumento encubierto de tasas.
Otro de los puntos observados refiere a la asignación específica de los recursos. Aunque el gravamen se presenta como finalista, en los papeles persisten lecturas divergentes sobre la trazabilidad del dinero y su vinculación directa con el sostenimiento y expansión del sistema de alumbrado.
El debate, además, no se agota en la ingeniería municipal. La inclusión de tasas locales en facturas de servicios públicos, aun cuando encuentra respaldo en normativa provincial, colisiona con la postura fijada por la Nación. La administración de Javier Milei expresó su rechazo a esa modalidad mediante la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, que limitó la incorporación de conceptos ajenos al servicio contratado. El antecedente agrega un condimento jurídico y político a una discusión que ya venía cargada.
En ese cruce de argumentos, el oficialismo apuesta a blindar el esquema en la Asamblea, mientras la oposición y sectores técnicos recalculan escenarios. Más allá del desenlace legislativo, la nueva tasa de alumbrado quedó instalada como uno de los debates tributarios centrales del año: una medida concebida para fortalecer ingresos, pero atravesada por interrogantes de diseño, legalidad e impacto real en el contribuyente.