23 de febrero de 2026
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Tensión en el puerto: los gremios marítimos advierten por un "vacío legal" en la reforma de Milei
El sector portuario y pesquero se declaró en estado de alerta ante la posible exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, un cambio que consideran discriminatorio y que promete judicializar la actividad si el Senado ratifica el proyecto este viernes.
A medida que el calendario legislativo se agota y el Gobierno nacional acelera los pasos para convertir en ley su ambiciosa reforma laboral, un nuevo foco de conflicto ha emergido con fuerza en las terminales portuarias. La mirada está puesta en el Senado de la Nación, donde este viernes se buscará dictaminar los cambios introducidos en la cámara revisora para sesionar el próximo 27 de febrero. Sin embargo, lo que para el oficialismo representa un avance hacia la modernización de los vínculos laborales, para las organizaciones gremiales del sector marítimo y fluvial constituye un retroceso normativo que amenaza con quebrar la paz social en uno de los motores estratégicos de la economía argentina.
El eje del conflicto radica en una modificación técnica pero de alto impacto: la incorporación del personal embarcado entre las actividades que quedarían excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Desde el sector sindical sostienen que esta decisión carece de fundamentos jurídicos y desplaza a los trabajadores de un marco regulatorio que les garantizó derechos mínimos durante más de cinco décadas. El argumento central de los gremios es que, de ratificarse este inciso, miles de trabajadores quedarían en una suerte de limbo legal, despojados de principios fundamentales como la continuidad del vínculo laboral o las protecciones específicas ante situaciones de vulnerabilidad.
La preocupación no es solo conceptual, sino que se traduce en escenarios cotidianos que hoy están resueltos por la normativa vigente. En las asambleas portuarias se advierte con insistencia sobre la pérdida de parámetros claros para el cálculo de indemnizaciones o la falta de protección ante licencias por maternidad y suspensiones. Al quedar fuera de la norma general, la relación entre el armador y el marinero perdería su red de contención supletoria, lo que, según la visión de los trabajadores, no solo generará incertidumbre sino que disparará la litigiosidad a niveles nunca vistos. El sector ya cuenta con antecedentes de intentos similares en la década de los noventa, los cuales terminaron siendo revertidos por la justicia tras largos conflictos.
Ante este panorama, las cúpulas sindicales han intensificado los contactos con los legisladores para solicitar la supresión del polémico inciso antes de la votación definitiva. Sostienen que mantener la certeza sobre las reglas del juego beneficia a ambas partes y que forzar esta exclusión solo conducirá a un agravamiento de la crisis que ya atraviesa la actividad. Si el Poder Ejecutivo finalmente promulga la ley tal como viene de Diputados, el conflicto se trasladará inevitablemente de los muelles a los tribunales, sumando un nuevo frente de resistencia judicial a la gestión de Javier Milei en un área clave para el ingreso de divisas al país.