Tras diversas idas y vueltas, el ejecutivo envió el pliego al concejo deliberante y buscará su aprobación para concesionar el servicio urbano. el plan introduce una red híbrida y promete modernización
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La administración de General Pueyrredon marcó un hito en su agenda de gestión el 7 de noviembre de 2025, al ingresar formalmente al Concejo Deliberante el expediente 1729/25. Este documento busca sepultar un esquema de transporte cuya matriz jurídica data de 2004 y que sobrevive bajo un régimen de prórrogas que el propio Ejecutivo considera agotado. Además, este documento no es solo una licitación técnica; es el tercer intento de la actual administración por romper el ciclo de emergencia y establecer un marco regulatorio de largo aliento para los próximos 20 años.
El objetivo central es la implementación del Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU), una reforma que trasciende lo operativo para proponer un cambio en la morfología de la ciudad. En este sentido, la propuesta busca transformar la red “radial” tradicional, donde todos los caminos conducen al centro, en un sistema híbrido que priorice la conectividad entre barrios sin pasar por el área central.
De este modo, los ejes centrales del proyecto incluyen la creación de una Línea Anular, que recorrerá las avenidas Constitución, Arturo Alió y Juan B. Justo y la costa, uniendo nodos estratégicos e intercambiadores de alta tecnología. Para el gobierno municipal, la duración de dos décadas de la concesión es el único camino viable para garantizar la amortización de inversiones en infraestructura, como las paradas jerarquizadas y la renovación de una flota que muestra signos claros de obsolescencia. Esta reconfiguración no responde únicamente a un objetivo administrativo, sino a una mutación real en el mapa sociodemográfico del partido. El crecimiento exponencial hacia la zona sur, el corredor de la Ruta 226 y los barrios del oeste ha dejado al actual sistema, diseñado para la ciudad de hace veinte años, totalmente desbordado.
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. Así, centraron el fuego en tres ejes: el plazo, la tarifa y la concentración. En esta línea, cuestiona ron la entrega del servicio por 20 años en un contexto de inestabilidad económica, sugiriendo que esto “ata de manos” a futuras administraciones. Asimismo, miran con lupa la fórmula de cálculo tarifario, que incluye variables sensibles como el precio del Gasoil grado 3 y el índice de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La controversia técnica no es menor: el pliego propone un sistema de redeterminación de precios que busca dar previsibilidad a los adjudicatarios en un contexto de inflación persistente. Sin embargo, desde las bancas opositoras se denuncia que este esquema podría derivar en un “automatismo tarifario” que des poje al Concejo Deliberante de su facultad de control y debate sobre el precio del boleto. El nudo del conflicto radica en si la tarida debe ser un frío resultado de una ecuación polinómica o si debe contemplar la capacidad de pago de los usuarios, quienes ya destinan una porción crítica de sus ingresos a la movilidad. La discusión sobre el “costo por kilómetro” fren te a la calidad de prestación efectiva del servicio sigue siendo el principal escollo para lograr un consenso que impulse al expediente. Aunque el pliego incluye una Cláusula Antimonopólica que prohíbe que un mismo grupo económico opere la totalidad del sistema la des confianza política persiste sobre cómo se garantizará la competencia real en un mercado históricamente concentra do. Mientras tanto, la declaración de emergencia en el transporte de colectivos local y la sexta prórroga de los actuales contratos fueron aprobados por mayoría en el Concejo a finales de 2025.
Desde el oficialismo se defendió la medida y se subrayó: “Es por un año o hasta que se apruebe el nuevo pliego”. Incluso, hubo lugar para las aclaraciones: “declarar una emergencia no es la solución, pero esto es un remedio. El sistema de transporte público se rompió y este pliego viene a solucionarlo”.
Así, el expediente ha transitado por el Concejo, enfrentando la presión de las cámaras empresariales y las expectativas de la ciudadanía que demanda una respuesta definitiva a la crisis de movilidad que afecta a la productividad y la calidad de vida en Mar del Plata y todo el partido de General Pueyrredon.
A marzo de 2026, el panorama legislativo es de tensa calma. A pesar de haber ingresado hace más de cuatro meses, el expediente permanece inmóvil en la comisión de Movilidad Urbana, sin un dictamen definitivo. Por eso, la parálisis política choca de frente con la realidad de las calles: la expansión urbana de General Pueyrredon ha dejado a miles de vecinos con una cobertura insuficiente. La demanda social por una movilidad digna, sumada a la presión de los sectores productivos que dependen del transporte para sus trabajadores, con vierte el tratamiento del pliego en un hecho necesario. El siste ma actual ya no resiste más parches ni prórrogas de emer gencia. De esta manera, el SITU se presenta hoy no como una opción, sino como la única salida estructurada para Mar del Plata, una ciudad que ha crecido y se ha desarrollado más rápido que sus soluciones de transporte urbano de colectivo.
