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Playa Paradise: la Provincia pone la lupa y define los límites del avance privado
La Autoridad del Agua demarcará la línea de ribera el 16 de abril en la UTF, en medio de denuncias por irregularidades y cuestionamientos al modelo de concesiones del Municipio.
La avanzada del gobierno municipal sobre el frente costero suma un nuevo capítulo. En medio de cuestionamientos legales y denuncias vecinales por presuntas irregularidades en Playa Paradise, la Autoridad del Agua (ADA) intervendrá en la UTF para realizar la demarcación de la línea de ribera, un acto técnico clave que fija condiciones de uso dentro del dominio público.
La medida no es menor: el próximo 16 de abril, el organismo bonaerense avanzará sobre la UTF Playa Dorada, concesionada a Desarrolladora Homs S.A. Lejos de establecer una frontera entre lo público y lo privado, la intervención determinará el punto de referencia desde el cual se aplican las restricciones legales al dominio, en una zona donde la totalidad del espacio continúa siendo de carácter público, aunque con sectores bajo explotación concesionada.
En ese marco, el eje pasa por por el alcance del régimen jurídico vigente. La demarcación funciona como “punto cero” para la aplicación de las limitaciones establecidas en la normativa provincial, como el artículo 142 de la Ley 12.257, que prohíbe edificaciones a menos de 150 metros del mar, y la Ley 6.253, que fija restricciones de 50 metros en torno a cursos de agua como el Arroyo Seco.
Además, la intervención deja en evidencia los límites de las concesiones: si bien habilitan la explotación de determinados sectores, no otorgan facultades para disponer libremente del espacio ni avanzar con instalaciones fuera del área permitida. En las UTF, el dominio sigue siendo público y lo que se concede es el uso, bajo condiciones estrictas.
Pero detrás del procedimiento técnico asoma un conflicto más profundo, que no es nuevo. Según señalan desde el Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, el origen de la disputa se remonta al 25 de agosto de 2025, cuando la organización presentó un escrito ante la Fiscalía de Estado bonaerense con los planos elaborados por el EMTURyC para la UTF, en los que advertían presuntas irregularidades y solicitaban la anulación de la licitación.
En esa línea, denuncian que los planos utilizados “no respetan los límites legales del dominio municipal” e incluso avanzan sobre el mar. “En el plano oficial puede observarse que el trazado del límite de la UTF se proyecta sobre el mar, avanzando incluso por encima de la línea de oleaje. Se trata de información deliberadamente falsa”, afirmaron. Y fueron más allá: “Expresa las intenciones de la gestión municipal: privatizar y urbanizar el frente costero”.
Según sostienen desde el Observatorio, la licitación arrastra “vicios de nulidad” y no habría cumplido con pasos clave, como la convalidación por parte de organismos bonaerenses.
En esa línea, un dictamen del Ministerio de Gobierno bonaerense encendió aún más las alarmas al advertir sobre un avance en la “marginalidad de la ley”, en referencia al proceso que derivó en la adjudicación de la UTF.
Además, se cuestiona la falta de estudios de impacto ambiental exigidos por normativa vigente y la omisión de requisitos contemplados en el Decreto 8281/87, lo que, según advierten, podría complicar la ejecución del proyecto.
La concesión quedó en manos de Desarrolladora Homs S.A. por un canon de $70 millones anuales y un plazo de al menos 20 años, con tres años de gracia. A cambio, la empresa proyecta una inversión superior a los $2.000 millones, con infraestructura que incluye estacionamiento para 300 vehículos, glamping, bar de playa, club de playa y unas 45 unidades de sombra, entre otros servicios.
Paradise ya se convirtió en un caso testigo dentro del esquema de “costa concesionada” que impulsa el oficialismo local. La falta de avales provinciales, las inconsistencias técnicas y la resistencia vecinal abrieron un frente que excede a una sola UTF y pone bajo revisión todo el modelo.
En ese contexto, la demarcación de la línea de ribera en la UTF aparece como un punto de inflexión: para dejar asentado —mediante un acto administrativo— el alcance de las restricciones al dominio y las obligaciones tanto del concesionario como del Estado en la preservación y ocupación del espacio costero.