27 de abril de 2026
BAJO LA LUPA
Escándalo en SAE: suspenden a proveedor por presuntas irregularidades en alimentos
La Provincia dispuso la suspensión preventiva de PRESTOSERVICE S.R.L. tras detectar inconsistencias en la entrega de alimentos en escuelas del interior. Investigan posible documentación adulterada y una diferencia millonaria en remitos y facturación del programa SAE.
La administración bonaerense avanzó con una medida cautelar de alto impacto sobre el sistema de compras públicas al disponer la suspensión preventiva de la firma PRESTOSERVICE S.R.L., proveedora del Servicio Alimentario Escolar (SAE), tras la detección de presuntas irregularidades en la documentación presentada durante su vínculo contractual con el Consejo Escolar de 25 de Mayo.
El procedimiento sancionatorio se inició a partir de una auditoría interna y un pedido de informes que encendieron alertas sobre inconsistencias entre los insumos solicitados, los efectivamente entregados a los establecimientos educativos y los montos finalmente facturados por la empresa.
Según consta en el expediente, de un total de 92 instituciones educativas, solo se registraron 51 remitos, y de ese universo, el 18% presentaba anomalías. Las diferencias detectadas arrojarían un perjuicio económico cercano a los 3 millones de pesos, lo que motivó la intervención de las autoridades provinciales.
A partir de estos elementos, el Consejo Escolar resolvió rescindir el contrato que regía para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, en el marco de una licitación privada destinada a la provisión de alimentos para comedores escolares.
En paralelo, el presidente del organismo local presentó una denuncia penal por la posible comisión de delitos vinculados a la falsificación de documentos públicos y defraudación contra la administración, lo que dio lugar a una investigación en la justicia de Mercedes, actualmente en curso.
Frente a la gravedad de los hechos y el interés público comprometido, el Organismo Provincial de Contrataciones resolvió aplicar la suspensión preventiva de la firma en el Registro Único de Proveedores y Licitadores del Estado, por un plazo que no podrá exceder el año, mientras se sustancia la sanción definitiva.
Desde el Ejecutivo fundamentaron la medida en la necesidad de preservar los principios de legalidad, transparencia y buena fe en las contrataciones, especialmente en un área sensible como la alimentación escolar, que impacta directamente en niños, niñas y adolescentes.