Los recortes sobre políticas sociales en medio del hundimiento de la economía tienen un efecto devastador en la Provincia. El ajuste de Milei, el rol Kicillof y el peligro del acceso restringido a la alimentación.
Compartir
La crisis económica agudiza la degradación social en todo el país, pero golpea fuertemente en la provincia de Buenos Aires. El ajuste de Javier Milei y la quita de fondos al Gobierno bonaerense generan huecos en la gestión de Axel Kicillof que lo obligan a retomar la sintonía fina para recortar el presupuesto de este 2026.
La disputa entre Nación y PBA por recursos multimillonarios adeudados, además de librarse en la Justicia, se lleva a cabo en el plano político. No obstante, el modelo de país de La Libertad Avanza no funciona para las grandes mayorías a pesar del relato que instala del Presidente sobre la baja de la pobreza y la reactivación económica.
El Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) registró que la actividad económica retrocedió 2,6% mensual en febrero y en comparación interanual bajó 2,1%, el peor dato desde diciembre de 2023. La baja es por la fuerte contracción de la industria manufacturera (-8,7% ) y del comercio (-7,0%), que en conjunto restaron 2,2 puntos a la variación interanual. Como contrapartida, los sectores orientados a la exportación crecieron: minería 9,9% y el agro 8,4%.
En tanto, la retracción de la economía se profundiza con una cifra de alta inflación ya que en marzo el IPC registró un aumento de 3,4%, empujado por el alza en el precio de los combustibles y alimentos. Así, la suba de precios acumulada en el primer trimestre de 2026 es de 9,4% con una variación interanual de 32,6%.
En las últimas semanas cobró notoriedad los ajustes en políticas sociales y alimentarias con un fuerte impacto en territorio bonaerense. Con acusaciones cruzadas, tanto el gobierno nacional como bonaerense plantearon un escenario en el que se evidenció que la alimentación de los sectores más vulnerador comienza a ser un grave problema que presagia niveles de conflictividad, sobre todo en el Conurbano.
El programa Mesa bonaerense garantiza un refuerzo de alimentación a millones de estudiantes y corre riesgo de ser recortado ante la deuda que posee la Casa Rosada con la Provincia. Al respecto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, explicó que “lo que planteamos es que la Nación sea a cargo de la deuda que tiene con la Provincia, y que podamos tratar de sostener con algún tipo de normalidad una situación que es muy compleja. El año pasado hizo una transferencia de 75 mil millones de pesos para esto y nosotros habíamos reclamado 150 mil, que era lo que recibíamos hasta el día antes que asumió Milei”.
“La ministra Pettovello dijo que se haría cargo del 20 por ciento y eso es falso porque se están haciendo cargo de algo más del 10 por ciento. Si tomamos los tres años donde nunca se hicieron cargo del 30 por ciento, el cálculo nos da una deuda de 220 mil millones de pesos”, añadió. Además, confirmó que el Gobierno bonaerense anunció un aumento del 30 por ciento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), 25 por en los principales programas sociales y la duplicación de la asistencia alimentaria destinada a los municipios. La inversión mensual pasará de 41.000 millones a $54.000 millones y el presupuesto anual del sistema ascenderá a $553.910 millones.
Pero también hay otro gran problema generado por Nación que debe enfrentar el gobierno de Kicillof y es la idea de bajar programas sociales vinculados al empleo. Desde que se masificaron los planes sociales en 1996 nunca existió un recorte de la magnitud del anunciado por el Ministerio de Capital Humano, por el cual darán de baja en mayo unos 900 mil Volver al Trabajo (VAT). Si bien hasta el momento el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó dejar sin efecto el cierre del y restablecer las transferencias a los beneficiarios nadie asegura que el Ejecutivo nacional respete lo resuelto ya que no cumple con otras medidas similares.
En sus “Bases de acción política y plataforma electoral nacional” de 2023, los libertarios se comprometieron a que la baja de los planes sociales se realizaría en una segunda etapa de gobierno ante una presunta expansión del empleo privado. Para ello, estructuraron lo que ya existía bajo la lógica de la capacitación laboral a la espera de un brote masivo de fuentes laborales. Sin embargo, según las organizaciones sociales, en un año capacitaron a 80 personas sobre un total de 900 mil beneficiarios, mientras que en los dos años de gobierno de la Libertad Avanza se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo.
Del mismo modo, aseguran que hace tres años que salario de estos programas se encuentra congelado en 78 mil pesos. Se trata de un monto magro, pero que golpea directamente al bolsillo del segmento de trabajadores más golpeados por la crisis. La recarga de una garrafa o de la tarjeta SUBE y hasta la compra de una porción de alimentos dependen de estos ingresos.
En este contexto, la provincia de Buenos Aires es la principal perjudicada si se tiene en cuenta que, del padrón total, 450 mil personas residen en el territorio bonaerense. Además, en términos de circulante de dinero, el Estado Nacional termina haciendo un recorte de 35 mil millones de pesos mensuales -unos 25 millones de dólares- al consumo provincial que se desarrolla principalmente en los barrios populares, sobre todo del Conurbano, donde se concentra gran parte de los trabajadores del programa.
Los movimientos sociales adelantaron que buscarán dar una salida al vacío que deja la baja del programa, a partir del cual se sostienen los comedores comunitarios y una serie de emprendimientos productivos en barrios, asentamientos y villas. Misma preocupación comparten varios intendentes que supieron “aprovechar” la desregulación del programa para incorporar beneficiarios a las cooperativas municipales, ahorrándose 78 mil pesos del salario que eran cubiertos a través del ingreso del VAT.
La incógnita está en saber si Kicillof, como lo ha hecho ante otros ajustes libertarios, volverá a polarizar con el gobierno nacional anteponiendo la idea de un Estado presente desde la provincia de Buenos Aires. De ser así, ronda la incógnita sobre si esto se reducirá a una denuncia pública o si habrá una intervención en términos de política pública que, aunque difícilmente pueda reemplazar el volumen de los 400 mil VAT, al menos genere un paliativo a una situación social cada vez más apremiante.
Otro frente que hay que sumar es el de la interna en el peronismo, además de los reclamos de los intendentes que por ahora se mantiene por lo bajo y sin alcanzar un nivel público. Sobre la pelea entre el kicillofismo y La Cámpora, el kirchnerismo dejó en claro que es tarea reclamar por los fondos que adeuda Nación a PBA, pero alertaron que no es una buena idea recortar el programa Mesa bonaerense y expresaron que deben tomarse otras medidas.
La combinación entre recesión, inflación persistente y recortes en la asistencia estatal empieza a configurar un escenario de mayor fragilidad social en la provincia de Buenos Aires, donde el deterioro ya no se expresa solamente en los indicadores macroeconómicos sino en la vida cotidiana de millones de familias. La posibilidad de que se resientan programas alimentarios y de contención en el principal distrito del país expone hasta qué punto la crisis dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad palpable en los barrios, donde cada ajuste impacta de manera directa sobre una trama social que viene exhausta después de años de pérdida del poder adquisitivo y retroceso del empleo.
En ese marco, las dificultades crecientes para garantizar el acceso a la alimentación marcan un punto de inflexión político y social que trasciende la disputa entre Nación y Provincia por los recursos. Cuando el debate deja de centrarse en la administración del ajuste y pasa a poner en riesgo la cobertura básica de los sectores más vulnerables, lo que emerge es un límite concreto: una sociedad que ya no muestra capacidad para absorber nuevos embates sin que aumente la conflictividad. En un Conurbano donde la asistencia estatal funciona como último dique de contención, cualquier nuevo retroceso puede acelerar una crisis social que empieza a mostrar signos cada vez más profundos.
La críticas internas a Kicillof y el mensaje desde la Legislatura
En La Cámpora dejaron en claro su postura ante la grave situación económica donde responsabilizan al presidente, Javier Mileil, pero también ponen el ojo en que la gestión de Axel Kicillof debe generar herramientas para sostener políticas sociales básicas como la alimentación. Por ese motivo, también acompañan el proyecto que presentó el senador, Mario ishii, para declarar la emergencia alimentaria y que generó polémica en el peronismo. Desde el kirchnerismo sostienen que principalmente “tenemos que pelear por los fondos que Nación le debe a la Provincia” y remarcaron: “Pero entendemos que hay otras prioridades en la asignación de fondos provinciales que las que está teniendo el gobierno. Es inentendible que un gobierno peronista lo primero que recorte sea los alimentos en una situación de crisis”.
En La Cámpora sostienen que hacen el planteo público “porque tampoco hay un ámbito en el que expliquen por qué lo están haciendo, ni institucional y político. El ministro Larroque dijo que aumentaba el SAE un 30% y en realidad es una actualización del valor que desde noviembre del año pasado no tenía. Además, dijo que duplicaron el envío de alimentos a municipios, pero en enero lo habían cortado a la mitad”.
El jefe del bloque de diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, dejó declaraciones que agitaron el avispero en el peronismo en una actividad en la que se discutía sobre los recortes de programas sociales nacionales. El legislador camporista expresó que “cortar o no poder seguir llevando adelante un programa como el Mesa Bonaerense es una medida que va a pegar de lleno en la provincia de Buenos Aires y que es imposible llevarlo adelante si no tenemos fondos que permitan hacerlo”.
Luego, en la misma línea fue Mario Ishii al defender el proyecto que presentó y mandó un claro mensaje al gobernador, Axel Kicillof. "No me interesa la política ni de Milei ni de Kicillof, yo soy kirchnerista y trabajo de senador para defender a la gente. No trabajo para nadie, no soy empleado ni escribanía de ningún gobierno", sostuvo el exintendente de José C. Paz que también es el vicepresidente del Senado bonaerense que preside Verónica Magario.
Comedores comunitarios: a los tumbos y bajo fuego libertario
Una de las primeras polémicas que estallaron durante el gobierno de Javier Milei puso en primer plano a los comedores comunitarios que funcionan en todo el país, y que generalmente dependen en buena parte de la asistencia estatal para poder alimentar a decenas o cientos de personas en barrios desfavorecidos. Fue cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió dejar de enviar comida con el argumento de que muchos de los comedores inscriptos en realidad no existían. (Resultó que al menos una parte de ellos sí funcionaban.)
En rigor, nadie sabe exactamente cuántos comedores y merenderos funcionan en la provincia de Buenos Aires y el resto del país. El conteo es complicado porque la existencia de un comedor es precaria: abre si hay comida, si alcanza el dinero, si la gente puede trabajar en él. Muchos funcionan en forma intermitente.
Algunos relevamientos parciales permiten tener una idea. Por ejemplo, a través de un trabajo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se constató la existencia de 199 comedores, merenderos y ollas populares en el Gran La Plata. Asimismo, cada uno de estos lugares atendía en promedio a 182 personas. Pero no abrían todos los días: la mitad sólo funcionaban uno o dos días por semana.
“La lógica de funcionamiento de los comedores es compleja. En un barrio vos podés tener un comedor nuestro, uno de la Iglesia y una olla popular”, explicó a La Tecla Johanna Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). “Hay ollas que se arman en base a la necesidad del día. Un vecino consigue pollo, otros cortan verduras, otros ponen arroz. La solidaridad y la organización son muy dinámicas.”
Duarte apuntó contra el gobierno nacional por el ajuste y advirtió que el retiro del Estado en los barrios también tiene consecuencias más siniestras: “Hoy muchos vecinos están endeudados con mafias usureras. A los jóvenes los captan para cometer delitos porque es el único ingreso que pueden obtener. Cuando el Estado se va, entra el crimen organizado.”
La más triste de las estadísticas vuelve a crecer en Buenos Aires
Las cifras de mortalidad infantil son seguramente las que más impacto tienen a la hora de evaluar la situación social. Este año se conocieron la estadísticas al respecto para el año 2024, que son las primeras correspondientes al gobierno de Javier Milei. Y la revelación es desgarradora: hubo un aumento de más del 6% respecto del año anterior.
La cifra cortó una tendencia continuada a la baja de este indicador, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Medida en cantidad de bebés nacidos vivos y muertos antes de cumplir un año, la mortalidad infantil alcanzó en territorio bonaerense un índice de 8, luego de haber registrado valores sucesivos de 9,1, 9,2, 7,9, 7,9 y 7,6 en los años previos. Es decir que el índice bajó incluso durante la pandemia de COVID-19, y subió al iniciarse el gobierno libertario.
“El 2024 fue un año complejo para el país porque se generó un gran recorte a nivel nacional y hubo un cambio drástico en las políticas nacionales en materia de salud”, dijo el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, para explicar la reversión de la tendencia virtuosa. “La Nación dejó de proveer muchísimos productos que afectan a la mortalidad en los primeros 28 días, como el surfactante (vital para patologías respiratorias), y tuvimos que comprarlos.” Además, el gobierno de Milei eliminó el programa Sueño Seguro, que apuntaba a evitar casos de muerte súbita, y limitó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas; también dio de baja el Plan ENIA (de Embarazo No Intencional en la Adolescencia). Son factores que pueden haber influido porque, como lo indicó un informe oficial, “en la mortalidad neonatal prevalecen aquellos vinculados con las condiciones congénitas”.
Las cifras de mortalidad infantil a nivel nacional, como era esperable, también crecieron. El índice a nivel país se ubicó en 2024 en 8,5. Es un aumento de más del 6% comparado con los 8 puntos registrados en 2023. En la provincia, el pasaje de 7,6 a 8 representa un alza de algo más del 5%.
Los que no son ni siquiera un número en el Excel
¿Cuántas personas están en situación de calle en la provincia de Buenos Aires y, en general, en la Argentina? La pregunta es difícil de responder, en buena parte porque muchas veces se trata de una situación transitoria, y son muchas las personas que quedan en la calle pero luego vuelven a tener una casa o consiguen un refugio (y viceversa).
El gobierno nacional realizó un censo que apuntaba a obtener, al menos, un número orientativo; ese censo no incluyó a la provincia de Buenos Aires (donde viven dos de cada cinco argentinos), ni tampoco a las de Santiago del Estero, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. El resultado del relevamiento indicó que hay 9421 personas en todo el país viviendo en las calles. La gran mayoría son hombres (un 83%, contra un 17% de mujeres) y casi todos (el 92%) son adultos.
Un dato que podría revelar el impacto del ajuste: el 59% llevan dos años o menos en esa situación. Son caídos recientes del sistema, acaso víctimas de los vientos libertarios. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, no hay un número oficial (ni extraoficial tampoco), pero en los últimos dos años el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, duplicó la cantidad de centros para personas en situación de calle, que pasaron de 28 a 58. Se trata de los Centros de Integración Social (CIS), donde, además de refugio, se brinda atención sanitaria, educación y actividades recreativas. La necesidad de ampliar la cantidad de centros hace pensar en una ampliación de la demanda de refugio en estos dos años.
A mediados del año pasado, el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó un decreto por el cual delegaba en las provincias la atención de las personas en situación de calle, adjudicándole al Estado nacional la tarea de aprobar “directrices y lineamientos generales” y de intervenir en casos extraordinarios, cuando las provincias no tuvieran la capacidad suficiente.
“La pretensión de homogeneizar la política pública en este terreno deriva en programas y en un marco normativo que, lejos de resolver la problemática, se erige en un instrumento burocrático inconveniente o no ajustado a la realidad de muchas jurisdicciones”, argumentó el mandatario en los fundamentos de su decreto, para justificar el cambio.
El Conurbano bonaerense, en crisis en casi todo
En un contexto de crisis en todo el país, no es de extrañar que el Gran Buenos Aires, atravesado por falencias estructurales desde hace décadas, no escape a la situación general. Pero los datos parecen indicar que, además, se ha quedado estancado en cuestiones fundamentales, que hacen a la precariedad de la vida desde la infancia.
Según el informe más reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), dedicado específicamente a la situación de los niños y adolescentes, el conurbano bonaerense no sólo tiene índices preocupantes en indigencia, inseguridad alimentaria, calidad de la vivienda, cobertura de salud y otras áreas centrales a la calidad de vida, sino que los ha mejorado mucho menos o empeorado mucho más que otras regiones a lo largo de los años.
La comparación más inmediata es con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El índice de inseguridad alimentaria bajó de 15,8 a 13,6 en la Ciudad entre 2010 y 2025; en el mismo período, en el GBA subió de 23 a 32,8. En cuanto a la inseguridad alimentaria severa, en CABA bajó de 6,1 a 1,1, y en el conurbano, pasó de 13,6 a 17,7. “Esta brecha de 16,6 puntos porcentuales grafica la segmentación territorial de la pobreza y la concentración del hambre en la periferia metropolitana”, afirman las autoras del estudio.
En los mismos 15 años, la Capital Federal aplastó la tasa de indigencia entre los niños, que se desplomó de 10,9 a 1; en el conurbano pasó de 11,8 a 16,1. (Aquí hay que señalar, sin embargo, que el año anterior había sido de 27,2, es decir que en 2025 la indigencia infantil en el GBA tuvo una espectacular reducción del 41%). En cuanto a la tasa de pobreza infantil, pasó del 51,6 al 62,7 en el mismo lapso, con una caída de más del 17% respecto de 2024; en CABA, del 48,8 de 2010 pasó al 23,8 de 2025, año en que registró una suba respecto del anterior.
“Lo que ocurre es que en el conurbano hay una incidencia más fuerte de la pobreza. El 62,7% de los niños del GBA son pobres”, dijo a La Tecla la politóloga Valentina González Sisto, una de las autoras del informe del ODSA sobre la situación de la infancia.
