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Miércoles, 7 enero 2026
Argentina
27 de noviembre de 2024

Buscan crear una comisión evaluadora para revisar la legislación local sancionada durante la última dictadura

A través de un proyecto de ordenanza, Unión por la Patria propone analizar las normas municipales sancionadas entre 1976 y 1983, para identificar aquellas que deban ser derogadas, modificadas o actualizadas. La comisión, que no implicará costos presupuestarios, estaría integrada por representantes del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

Buscan crear una comisión evaluadora para revisar la legislación local sancionada durante la última dictadura
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Como contrapartida a la iniciativa del novel concejal amarillo que impulsa una “desinfección legislativa” para derogar ordenanzas “obsoletas,” desde la oposición buscan aplicar un enfoque histórico con la creación de una comisión destinada a examinar las normas sancionadas en Gral. Pueyrredon durante la última dictadura cívico-militar.
 

Unión por la Patria impulsa el proyecto de ordenanza 2142, que plantea la creación de la “Comisión Evaluadora de la Normativa de Facto”. Su objetivo será analizar la legislación municipal sancionada entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983. El propósito es elaborar un informe que determine qué normativas requieren adecuación, sustitución o derogación.
 

La comisión funcionará como una unidad de gestión, sin generar costos presupuestarios, y estará integrada por tres representantes del Departamento Ejecutivo designados por el Intendente, cinco representantes del Departamento Deliberativo —tres de ellos elegidos por la Comisión de Labor Deliberativa— y dos trabajadores del Departamento de Referencia Legislativa, Digesto y Biblioteca del Concejo Deliberante.
 

El artículo tres del expediente establece que la comisión “se dará su propio esquema de funcionamiento y procederá a realizar el relevamiento de la normativa del período indicado, pudiendo proponer las adecuaciones de la normativa, como así también las derogaciones o modificaciones que correspondan para garantizar el respeto a la Constitución Nacional y los Derechos Humanos".



 

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