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La Cámara de Apelación respaldó la tasa vial en General Pueyrredon
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo consideró que no existe "doble imposición" en el impuesto aplicado al combustible en la comuna. Rechazaron la demanda del diputado provincial Guillermo Castello y respaldaron la ordenanza fiscal del municipio.
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La tasa vial que comenzó a regir este 2024 en Gral. Pueyrredon recibió un espaldarazo judicial clave. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo resolvió revocar el fallo de inconstitucionalidad que había sido dictado meses atrás por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 en respuesta a una demanda presentada por el diputado provincial Guillermo Castello.
El tribunal, integrado por los jueces Roberto Mora y Diego Ucín, consideró que el gravamen aplicado sobre el precio del combustible no incurre en una doble imposición, como había señalado el fallo inicial. Según Mora, el impuesto "retribuye un servicio concreto y efectivo", refiriéndose al mantenimiento y reparación de las calles, objetivo principal de la ordenanza municipal que dio origen a esta tasa.
La tasa, que impacta alrededor de un 2% en el precio final de cada carga de combustible, fue aprobada a finales del año pasado como una alternativa para reemplazar el componente de conservación vial que anteriormente formaba parte de la Tasa de Servicios Urbanos.
La decisión tiene un efecto inmediato sobre la demanda de Castello, quien había cuestionado la validez legal de la tasa argumentando que superponía funciones con el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos regulado por la Ley 23.966. Sin embargo, el fallo de la Cámara podría también sentar un precedente en otros casos similares que fueron elevados tras apelaciones del gobierno municipal.
Desde la gestión de Guillermo Montenegro celebraron la resolución, destacando que la recaudación generada por este impuesto es esencial para atender las necesidades de infraestructura vial de la ciudad. Mientras tanto, sectores críticos insisten en que la carga impositiva afecta directamente a los contribuyentes y debería revisarse en el contexto de otros tributos ya existentes.
El debate continúa abierto, especialmente porque este tipo de tasas han generado controversias similares en otras localidades del país, donde se discute el límite entre financiamiento local y los derechos de los contribuyentes.