El Gobierno nacional aceptó la renuncia de Gabriel Gonzalo Oriolo como Superintendente de Servicios de Salud, hombre clave en la relación con las obras sociales sindicales y municipales. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda denunciaron amenazas de cierre.

En medio de denuncias por cierre de obras sociales de municipales, hubo una nueva baja en el Gobierno

En medio de tensiones, la gestión libertaria formalizó la aceptación de la renuncia de Gabriel Gonzalo Oriolo como Superintendente de Servicios de Salud, junto a la de otros dos altos funcionarios del organismo. El Decreto 440/2025, publicado en el Boletín Oficial del 30 de junio, oficializa además la designación de Claudio Adrián Stivelman como nuevo Superintendente y de Juan José Picón como Gerente General, ambos a partir del 1° de julio.
La salida de Oriolo se produce tras meses de tensiones internas y externas en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Si bien el decreto no explicita los motivos, la renuncia responde a un desgaste político acumulado, presiones gremiales y diferencias en la implementación de políticas de control y financiamiento del sistema de obras sociales y prepagas.

Durante la gestión de Oriolo, la SSS enfrentó reclamos de sindicatos y prestadores privados por demoras en los pagos de reintegros y subsidios, y por la falta de transparencia en la asignación de fondos del Fondo Solidario de Redistribución. A esto se sumaron investigaciones y presentaciones judiciales vinculadas a la administración de los recursos y la fiscalización de los agentes del seguro de salud.

En los últimos meses, la relación entre Oriolo y la conducción del Ministerio de Salud se vio tensada por la presión para acelerar reformas y mostrar resultados en la reducción de litigiosidad y gastos, así como por la necesidad de ordenar el flujo de fondos en un contexto de ajuste fiscal. El desgaste en la relación, sumado al reclamo de mayor eficacia y control, precipitó la decisión.

El STMA denuncia amenazas de cierre

Las autoridades de la obra social, perteneciente al Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), conducido por Hernán Doval, alertaron mediante un comunicado en redes sociales la amenaza de cierre y anticiparon que recurrirán a la Justicia.
El texto del comunicado relata que "la Superintendencia de Salud del Gobierno Nacional intenta dar de baja nuestra Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda, porque induce que es insolvente de acuerdo a los bajos aportes que recibe y la alta criticidad que debe cubrir, de acuerdo a la filosofía que indica que las Obras Sociales con menos de 10.000 afiliados deben ser cerradas. Desde que asumió este Gobierno hace casi dos años, se vienen desarrollado políticas perjudiciales para las Obras Sociales chicas. Las primeras en la mira de este accionar fuimos las Obras Sociales menos robustas financieramente, a las que ya el año pasado, el Gobierno, con la modificación del cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) nos había quitado numerosos recursos operativos".

El texto agrega que "la declaración de crisis de nuestra Obra Social se dio en la Pandemia de COVID-19 junto a todas las demás, porque era el requisito para acceder a los ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) para que se nos cubra la mitad de los montos salariales mientras hacíamos frente a todos los gastos de insumos, medicamentos e internaciones en medio de la emergencia sanitaria. Pasado ese momento, y con balances superitarios, deberíamos haber salido de esa situación, pero no fue así y nos enteramos recién ahora con esta intempestiva resolución".

"Esto representa una situación irregular, ya que nuestra Obra Social cumple con todas las disposiciones de servicios establecidos por el Programa Médico Obligatorio (PMO) a todos nuestros 4.891 beneficiarios, se encuentra con todos los proveedores, sueldos y prestaciones al día, y NUNCA HEMOS RECIBIDO NINGUN SUBSIDIO EXTRAORDINARIO de la Superintendencia ni se nos ha observado NUNCA NINGUNA IRREGULARIDAD. La magnitud de desproporcionalidad y arbitrariedad de esta medida es llamativa y da a especulaciones, ya que con Balances presentados al día con superávit, se intenta dar de baja la Obra Social por no contestar una nota. Muy llamativo todo. Por todas estas razones, estamos preparando todas las presentaciones para recurrir a la Justicia e intentar subsanar el atropello del que estamos siendo objeto", finalizaron las autoridades de OSPMA.

El decreto y el recambio de autoridades

El Decreto 440/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Iva Lugones, acepta las renuncias de Gabriel Gonzalo Oriolo, Claudio Adrián Stivelman (Gerente General) y Juan José Picón (Gerente Operativo de Subsidios por Reintegros), todos a partir del 30 de junio de 2025. El texto destaca la necesidad de “asegurar el normal desenvolvimiento de los servicios que tiene a su cargo la Superintendencia” y justifica las nuevas designaciones en la experiencia y capacidad de los funcionarios elegidos.

A partir del 1° de julio, Claudio Adrián Stivelman asume como Superintendente de Servicios de Salud, con rango y jerarquía de Secretario. Stivelman, médico de profesión, cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública y privada de la salud, y hasta ahora se desempeñaba como Gerente General del organismo. Es reconocido por su perfil técnico y su conocimiento de los circuitos administrativos y de control del sistema de obras sociales.

El recambio en la cúpula de la Superintendencia es interpretado en el sector como un intento del Gobierno de imprimir mayor eficiencia y control en la gestión de los recursos, en línea con la política general de ajuste y racionalización del gasto público. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la capacidad de la nueva conducción para sortear las presiones políticas y gremiales, y para avanzar en las reformas estructurales que demanda el sistema.

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