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Sábado, 10 octubre 2026
Argentina
1 de julio de 2025
CONSTRUCCIÓN Y POLÉMICA

Revés judicial y cuenta regresiva: el Municipio tiene plazo hasta el 14 de julio para entregar información sobre La Reserva

La Justicia ordenó al gobierno local responder un pedido de acceso a la información ambiental. El fallo expone el silencio del Ejecutivo y fija un plazo legal concreto. Si no cumple antes del lunes 14, podría enfrentar consecuencias judiciales.

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El Municipio de General Pueyrredon enfrenta un nuevo revés judicial en un tema que ya había encendido alertas en la zona sur de Mar del Plata. La Justicia le ordenó entregar, en un plazo de diez días hábiles, la información ambiental solicitada por un vecino sobre el emprendimiento inmobiliario conocido como “La Reserva Explanada”, ubicado en el barrio El Alfar. El plazo vence el lunes 14 de julio. Si no cumple, la Comuna podría ser sancionada por incumplimiento de sentencia.

La resolución judicial, firmada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2, deja en evidencia una omisión grave del Ejecutivo local, que no respondió en tiempo ni forma a la solicitud presentada en noviembre del año pasado. La Justicia entendió que el silencio del Municipio violó el derecho constitucional de acceso a la información ambiental, y que no hubo fundamentos jurídicos válidos para negar la documentación.

El expediente judicial desarma, además, la defensa oficial: aunque la Municipalidad alegó que el solicitante ya había participado de una audiencia pública y que la documentación era “técnica” y no ambiental, el fallo fue concluyente. La Justicia reafirmó que el acceso a la información es un derecho autónomo, y que debe garantizarse con respuestas formales, fundadas y en plazos razonables. En este caso, nada de eso ocurrió.

El fallo marca un punto de inflexión político y jurídico. Por un lado, cuestiona la transparencia del Municipio en el manejo de los desarrollos urbanísticos costeros, en un distrito con antecedentes de conflictos entre el negocio inmobiliario, la comunidad y las regulaciones ambientales. Por otro, obliga a la administración local a actuar con celeridad: si el 14 de julio no hay respuesta, podría activarse una nueva etapa judicial por desobediencia.

En medio del año electoral y con un calendario que se acelera hacia el cierre de listas, el caso no es menor. El modelo de ciudad, el acceso a la información pública y la gestión del suelo urbano vuelven al centro de la escena, esta vez por una sentencia que no admite más evasivas. El tiempo corre. Y la cuenta regresiva ya empezó.

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