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YPF: Abad busca blindar en el Senado la inmunidad soberana del Estado argentino
En el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF, el senador radical presentó un proyecto de declaración para reafirmar que la transferencia del 51% de las acciones no puede realizarse sin aval del Congreso. Busca así reforzar la posición del país frente al fallo de una corte de Nueva York.
En respuesta al avance judicial de la causa Petersen vs. Argentina en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el senador nacional Maximiliano Abad presentó un proyecto de declaración para que el Senado de la Nación ratifique el alcance del artículo 10 de la Ley 26.741. Esa cláusula, vigente desde la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, establece que no puede disponerse de esos activos sin la aprobación de los dos tercios del Congreso.
La iniciativa se inscribe en una coyuntura internacional sensible: en septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló contra el Estado argentino y lo condenó al pago de más de 16 mil millones de dólares por no haber cumplido con los procedimientos establecidos en el estatuto de la petrolera al momento de su nacionalización. Entre las alternativas posibles, se evalúa la cesión de parte del paquete accionario como forma de resarcimiento.
Desde el plano político, el proyecto presentado busca reafirmar el principio de inmunidad soberana y evitar que tribunales extranjeros impongan condiciones que impliquen transferencias de activos estratégicos sin el aval parlamentario correspondiente. “La defensa de YPF es la defensa de la soberanía, del federalismo, del Congreso y del futuro del país”, sostuvo Abad en redes sociales.
La Argentina no puede ser sometida a decisiones de tribunales extranjeros que desconozcan nuestras leyes. El intento de avanzar con la cesión del 51% de las acciones de YPF es un atropello inaceptable a nuestra soberanía.
La defensa de YPF es la defensa del federalismo, del… pic.twitter.com/xOnBtvjb5U
— Maxi Abad (@MaxiAbad) July 2, 2025
En los fundamentos, el proyecto señala que el artículo 10 de la ley tiene un carácter declarativo, no contractual, por lo que su cumplimiento no puede ser exigido por una sentencia extranjera. A su vez, propone que el Ejecutivo utilice esta interpretación como parte de su estrategia legal ante la apelación del fallo.
La presentación también advierte que aceptar la cesión directa de acciones sin intervención del Congreso no solo implicaría un dilema constitucional, sino que también podría agravar la incertidumbre financiera, en un contexto donde el país busca estabilizar su economía y recuperar la confianza de los mercados. El retroceso en el valor de las acciones de YPF luego del fallo es señalado como un indicador de esa tensión.
El caso reaviva un debate de fondo sobre los límites de la jurisdicción extranjera en controversias que involucran al Estado argentino, y sobre los márgenes de maniobra política en contextos de presión económica y legal internacional. En ese cruce entre lo jurídico y lo político, el proyecto del senador radical apunta a instalar una línea roja institucional en torno al control de los recursos estratégicos del país.
La Argentina no puede ser sometida a decisiones de tribunales extranjeros que desconozcan nuestras leyes. El intento de avanzar con la cesión del 51% de las acciones de YPF es un atropello inaceptable a nuestra soberanía.
La defensa de YPF es la defensa del federalismo, del… pic.twitter.com/xOnBtvjb5U