La Tecla Mar del Plata
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El colapso en el suministro de gas que dejó sin calefacción a miles de marplatenses durante la última ola de frío expuso los límites de un sistema debilitado por la falta de inversión, planificación y control estatal. A pocos días de esa emergencia, el Gobierno nacional oficializó por decreto la disolución de los entes encargados de regular el servicio de gas y electricidad —ENARGAS y ENRE— y creó un nuevo organismo unificado, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad en línea con una política energética orientada a la desregulación del sector.
La decisión, instrumentada a través de los decretos 450 y 452/2025, redefine el marco regulatorio del gas y la electricidad en todo el país. Bajo el argumento de simplificar estructuras y promover inversiones, el Estado se retira de funciones clave como la fiscalización técnica, la supervisión tarifaria y la planificación de obras estratégicas. Esta reconfiguración institucional ocurre en un contexto en el que la infraestructura existente ya mostró su fragilidad: redes saturadas, obras paralizadas y capacidad de transporte de gas insuficiente para responder a la demanda invernal.
En Mar del Plata, la crisis dejó al descubierto las consecuencias prácticas de esta orientación. El suministro se interrumpió en estaciones de GNC, industrias, centros comerciales y distintos barrios de la ciudad, afectando también actividades escolares, culturales y deportivas. Aunque el país cuenta con reservas comprobadas y producción en aumento, la falta de infraestructura y mantenimiento impide garantizar el abastecimiento. La parálisis de proyectos clave, así como la flexibilización del control sobre el gas envasado, marcan una tendencia: menos intervención estatal, más exposición a las lógicas del mercado y una menor capacidad de respuesta frente a situaciones críticas.
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