ELECCIONES 2025
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Lo que la semana nos dejó
La breve licencia de Montenegro, el EmturyC y sus nuevas concesiones de UTF, lo que dejó la sexta sesión del HCD, la incertidumbre por la visita de Milei a la ciudad y la interna por el Festival de Cine, entre lo más destacado de la semana de la mano de La Tecla.
Neme prueba el traje de intendente: cuatro días de interinato con sabor a diciembre
Desde este lunes, Agustín Neme se sentara en el sillón de Luro y Yrigoyen para encabezar la intendencia interina de General Pueyrredon. Será solo hasta el jueves 25 de septiembre, mientras Guillermo Montenegro se toma una licencia breve, pero la movida ya genera lecturas de más largo alcance.
No es la primera vez que Neme asume el mando municipal por unos días —ya lo hizo en tres oportunidades anteriores—, pero en esta ocasión el interinato llega en un contexto particular: el exjuez tiene fecha de salida, tras el 10 de diciembre el concejal amarillo quedará al frente de la Municipalidad, cuando Montenegro asuma su banca en el Senado bonaerense.
La política local, atenta a cada movimiento, interpreta este recambio provisorio como una suerte de “pretemporada” para lo que se viene. Funcionarios, opositores y vecinos miran de cerca la gestión de Neme, que empieza a instalarse como el nombre fuerte de la transición y a consolidarse como la cara del oficialismo para conducir el Ejecutivo en el próximo período.
Contrapunto en el oficialismo por el Régimen de Zona Fría: radicales con la oposición, amarillos y lilitos se abstienen
El expediente para defender el Régimen de Zona Fría en Mar del Plata dejó expuestas las fisuras en el oficialismo local. Los radicales ratificaron en la Comisión de Legislación lo que ya habían anticipado en Salud: acompañar la iniciativa para que el Concejo Deliberante exprese su preocupación por el posible recorte y exigir al Ejecutivo local gestiones ante Nación.
En la comisión presidida por Daniel Núñez (UCR), se trató el expediente 1419, que llegó con doble despacho. Por un lado, una resolución para que el HCD manifieste su “preocupación ante la posibilidad de que nuestro distrito sea eliminado o exceptuado del Régimen de Zona Fría”. Por otro lado, una comunicación dirigida al Ejecutivo para que “realice las gestiones necesarias” y garantice la continuidad del beneficio.
Los argumentos ya se habían escuchado días atrás en la comisión de Salud, donde Núñez había advertido: “Nos preocupa que esto esté en la ley madre del presupuesto nacional y que Mar del Plata deje de ser zona fría. No está de más que este órgano se exprese. Es un aumento significativo”. En ese mismo marco, el presidente del bloque radical había agregado: “Vamos a acompañar los expedientes en cuanto a manifestar nuestra preocupación y pediremos a nuestros legisladores, tanto provinciales como nacionales, que se opongan”.
Con ese antecedente, este lunes los boinas blancas adelantaron que sostendrían el voto y acompañarían el despacho. Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense también respaldaron el proyecto, mientras que el PRO y la Coalición Cívica optaron por abstenerse.
El resultado reflejó algo más que una diferencia coyuntural: la UCR mostró que ya no camina al mismo ritmo que sus socios amarillos y lilitos. Según trasciende, la sociedad política se resquebraja y desde diciembre buscara mostrar independencia.
El expediente, aprobado con el apoyo opositor y radical, ya está en condiciones de llegar al recinto en la sesión prevista para el jueves 24 de septiembre.
El reparto playero no se toma descanso: el EMTURyC avanza con nuevas concesiones
El Boletín Oficial lo confirmó: el EMTURyC puso en marcha el triple llamado a licitación para las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) Playa Acevedo, Playa Santa Isabel y Playa Redonda. Con cánones de $35, $60 y $60 millones, respectivamente, las concesiones se resolverán todas el mismo día, el 17 de octubre, en el Museo Lorenzo Scaglia. Una especie de “día de subasta” que convierte a las arenas públicas en botín de temporada.
El discurso oficial habla de “valorización”, “innovación” y “sustentabilidad”, pero la jugada no es neutra: el gobierno local quiere cerrar el año con nuevos contratos firmados y mostrar músculo en la “puesta en valor” de la costa. Pero entre los pasillos, la lectura es más cruda: se avanzan con velocidad quirúrgica sobre la arena, mientras otros temas de gestión siguen empantanados.
Así, mientras el oficialismo defiende que estas concesiones son clave para “dinamizar la economía”, los críticos señalan que, detrás de los millones en juego, se esconde la misma lógica de siempre: concesiones largas, controles difusos y una costa cada vez más privatizada.
El dato que más ruido genera no está en los anexos legales sino en el calendario político: las tres licitaciones se abrirán a días de las elecciones nacionales. En clave política, nadie duda de que más de un empresario querrá asegurarse su metro cuadrado de arena antes de que cambie la correlación de fuerzas.
Así, el EMTURyC confirma lo que muchos repiten con cinismo: la playa es uno de los motores de la política marplatense. Los discursos son gratis; los negocios, nunca.
Una excepción que se volvió regla
La política marplatense encontró en las prórrogas un refugio cómodo para evitar definiciones de fondo. Una vez más, el Ejecutivo local busca estirar el Régimen de Incentivos a la Construcción por dos años, a través de dos expedientes que ya ingresaron al Concejo. La medida apunta a mantener un esquema nacido en plena pandemia y que, pese a su carácter “transitorio”, terminó convertido en regla.
La historia arranca en 2021, cuando las ordenanzas 25.113 y 25.114 pusieron en marcha un régimen promocional con el objetivo de reactivar al sector de la construcción. La pandemia había paralizado la economía y la administración Montenegro encontró en la obra privada una salida política: más metros cuadrados aprobados, más empleo.
El paquete ofreció incrementos en altura y capacidad edilicia en distritos residenciales y centrales de media y alta densidad. Se habló de “transitoriedad”, de “reactivar al sector” y de “mantener puestos de trabajo”. Lo cierto es que con la última prórroga, vencida el 21 de septiembre, el esquema ya lleva cuatro años de vigencia. Y ahora, vencido el plazo, si prosperan los dos expedientes presentados el 1 de septiembre, se buscará extenderlo hasta 2027.
El oficialismo argumenta que los números lo justifican. Según datos oficiales, desde la entrada en vigencia del régimen se aprobaron más de dos millones de metros cuadrados de obra privada en el distrito. Solo en 2024 se superaron los 500.000 metros cuadrados, un récord en comparación con años anteriores. Además, hay más de 3.200 expedientes en trámite en la Dirección General de Obras Privadas. Y la construcción sigue siendo uno de los principales generadores de empleo, con cerca de 20.000 puestos directos e indirectos.
El mensaje que acompañó el pedido al Concejo insiste en la misma clave: el régimen “generó un círculo virtuoso de inversión, trabajo genuino y multiplicador de recursos disponibles”. La Secretaría de Obras asegura que “profesionales, el Colegio de Arquitectos y vecinos en general” pidieron la continuidad del sistema.
Pero detrás de las planillas de metros cuadrados y de los discursos de crecimiento aparecen los reparos. El Régimen de Incentivos nació acompañado de otra ordenanza, la 25.115, que debía poner en marcha un sistema de compensaciones para equilibrar el impacto urbano de las flexibilizaciones. Ese mecanismo nunca se aplicó. En criollo: se habilitaron excepciones y metros extra, pero el Estado no recibió a cambio contrapartidas significativas en espacio público, infraestructura o servicios.
Así, el régimen terminó siendo leído como una herramienta para torcer un Código de Ordenamiento Territorial (COT) que lleva más de dos décadas sin una reforma integral. Una norma madre que ya no responde a las demandas urbanas actuales y que, mientras sigue postergando su actualización, se acomoda a base de excepciones y parches.
No es casualidad que varios de los proyectos aprobados bajo este paraguas generaran fuertes polémicas. El caso más resonante fue la torre de 35 pisos en Stella Maris, suspendida por la Justicia tras un amparo de organizaciones civiles que denunciaron el riesgo patrimonial y ambiental de semejante desarrollo. Ese expediente dejó en evidencia la fragilidad de las ordenanzas de excepción y el cortocircuito entre la narrativa oficial y la preservación urbana.
En el Concejo, el panorama es mixto. El oficialismo apuesta a lograr la prórroga con la menor resistencia posible. En Fuerza Patria adelantaron que no acompañarán, mientras que Acción Marplatense y el Frente Renovador estudian las propuestas. Por ahora, los expedientes aún no tuvieron giros a comisiones, un dato que en los pasillos del Palacio se lee como parte de las negociaciones internas y como anticipo de un debate que podría alargarse. Se descuenta, de todos modos, que su tratamiento comenzaría en breve y que el oficialismo intentará aprobarlos antes del 10 de diciembre, fecha en la que perderá la mayoría automática en el recinto.
La política local, mientras tanto, vuelve a exhibir su mecanismo preferido: patear la pelota para adelante. El régimen promocional se pensó como una medida transitoria, pero cada vencimiento se resolvió con una prórroga casi automática. La excepción, en la práctica, se volvió regla. Y la discusión de fondo –qué ciudad se quiere construir en las próximas décadas– sigue siendo postergada. El contraste es evidente. Mientras la construcción avanza con cifras récord, la reforma del COT brilla por su ausencia. Todos reconocen que la norma está agotada, pero nadie se anima a abrir ese debate. El costo político de discutir un nuevo marco regulatorio resulta demasiado alto: enfrentaría a desarrolladores con vecinos, a inversores con ambientalistas y a los bloques con sus propios dilemas internos. Mejor entonces seguir prorrogando.
El telón de fondo es claro: el Régimen de Incentivos ya no es solo un instrumento técnico, sino un espejo del modo en que se gobierna en General Pueyrredon. Con parches, con excepciones, con discursos de éxito y con una lógica de urgencia que evita hablar de planificación. El Ejecutivo va por dos años más de prórroga de los proyectos.
La historia arranca en 2021, cuando las ordenanzas 25.113 y 25.114 pusieron en marcha un régimen promocional con el objetivo de reactivar al sector de la construcción. La pandemia había paralizado la economía y la administración Montenegro encontró en la obra privada una salida política: más metros cuadrados aprobados, más empleo.
El paquete ofreció incrementos en altura y capacidad edilicia en distritos residenciales y centrales de media y alta densidad. Se habló de “transitoriedad”, de “reactivar al sector” y de “mantener puestos de trabajo”. Lo cierto es que con la última prórroga, vencida el 21 de septiembre, el esquema ya lleva cuatro años de vigencia. Y ahora, vencido el plazo, si prosperan los dos expedientes presentados el 1 de septiembre, se buscará extenderlo hasta 2027.
El oficialismo argumenta que los números lo justifican. Según datos oficiales, desde la entrada en vigencia del régimen se aprobaron más de dos millones de metros cuadrados de obra privada en el distrito. Solo en 2024 se superaron los 500.000 metros cuadrados, un récord en comparación con años anteriores. Además, hay más de 3.200 expedientes en trámite en la Dirección General de Obras Privadas. Y la construcción sigue siendo uno de los principales generadores de empleo, con cerca de 20.000 puestos directos e indirectos.
El mensaje que acompañó el pedido al Concejo insiste en la misma clave: el régimen “generó un círculo virtuoso de inversión, trabajo genuino y multiplicador de recursos disponibles”. La Secretaría de Obras asegura que “profesionales, el Colegio de Arquitectos y vecinos en general” pidieron la continuidad del sistema.
Pero detrás de las planillas de metros cuadrados y de los discursos de crecimiento aparecen los reparos. El Régimen de Incentivos nació acompañado de otra ordenanza, la 25.115, que debía poner en marcha un sistema de compensaciones para equilibrar el impacto urbano de las flexibilizaciones. Ese mecanismo nunca se aplicó. En criollo: se habilitaron excepciones y metros extra, pero el Estado no recibió a cambio contrapartidas significativas en espacio público, infraestructura o servicios.
Así, el régimen terminó siendo leído como una herramienta para torcer un Código de Ordenamiento Territorial (COT) que lleva más de dos décadas sin una reforma integral. Una norma madre que ya no responde a las demandas urbanas actuales y que, mientras sigue postergando su actualización, se acomoda a base de excepciones y parches.
No es casualidad que varios de los proyectos aprobados bajo este paraguas generaran fuertes polémicas. El caso más resonante fue la torre de 35 pisos en Stella Maris, suspendida por la Justicia tras un amparo de organizaciones civiles que denunciaron el riesgo patrimonial y ambiental de semejante desarrollo. Ese expediente dejó en evidencia la fragilidad de las ordenanzas de excepción y el cortocircuito entre la narrativa oficial y la preservación urbana.
En el Concejo, el panorama es mixto. El oficialismo apuesta a lograr la prórroga con la menor resistencia posible. En Fuerza Patria adelantaron que no acompañarán, mientras que Acción Marplatense y el Frente Renovador estudian las propuestas. Por ahora, los expedientes aún no tuvieron giros a comisiones, un dato que en los pasillos del Palacio se lee como parte de las negociaciones internas y como anticipo de un debate que podría alargarse. Se descuenta, de todos modos, que su tratamiento comenzaría en breve y que el oficialismo intentará aprobarlos antes del 10 de diciembre, fecha en la que perderá la mayoría automática en el recinto.
La política local, mientras tanto, vuelve a exhibir su mecanismo preferido: patear la pelota para adelante. El régimen promocional se pensó como una medida transitoria, pero cada vencimiento se resolvió con una prórroga casi automática. La excepción, en la práctica, se volvió regla. Y la discusión de fondo –qué ciudad se quiere construir en las próximas décadas– sigue siendo postergada. El contraste es evidente. Mientras la construcción avanza con cifras récord, la reforma del COT brilla por su ausencia. Todos reconocen que la norma está agotada, pero nadie se anima a abrir ese debate. El costo político de discutir un nuevo marco regulatorio resulta demasiado alto: enfrentaría a desarrolladores con vecinos, a inversores con ambientalistas y a los bloques con sus propios dilemas internos. Mejor entonces seguir prorrogando.
El telón de fondo es claro: el Régimen de Incentivos ya no es solo un instrumento técnico, sino un espejo del modo en que se gobierna en General Pueyrredon. Con parches, con excepciones, con discursos de éxito y con una lógica de urgencia que evita hablar de planificación. El Ejecutivo va por dos años más de prórroga de los proyectos.
Los expedientes del Régimen de Incentivos a la Construcción ya tienen asignados giros en comisiones
El Concejo Deliberante empieza a mover las piezas sobre la prórroga del Régimen de Incentivos a la Construcción. Los expedientes enviados por el Ejecutivo el 1 de septiembre, ya tienen giros asignados a Obras —presidida por la lilita Angélica González— y Legislación, a cargo del radical Daniel Núñez. Todo apunta a que la próxima semana podrían comenzar a tratarse.
El dato no es menor: la última prórroga venció el domingo 21 de septiembre y, hasta ahora, los proyectos no tenían estado parlamentario. La demora se explicó, oficialmente, por un “análisis pormenorizado”. Sin embargo, en los pasillos del HCD hablan de negociaciones internas en el oficialismo, que volvió a usar el recurso del tiempo muerto para ganar aire.
El Régimen, creado en pandemia para sostener el empleo y reactivar al sector, terminó consolidándose como una vía de excepciones urbanísticas. La pata de las compensaciones (Ordenanza 25.115), que debía equilibrar el esquema, nunca se activó y quedó prorrogada hasta 2026. El resultado: beneficios a pleno y contrapesos en pausa.
La gestión de Guillermo Montenegro hizo de la construcción su caballito de batalla y ahora busca extender la herramienta hasta septiembre del 2027. La oposición muestra incomodidad, pero la experiencia reciente marca que, cuando el ladrillo golpea la mesa, el Concejo siempre termina avalando.
Promesas en el aire y enojo en el puerto
En los pasillos del municipio, la bronca contra el titular del EMSUR, Santiago Bonifatti, ya no se disimula. La crítica viene de larga data, pero en las últimas semanas empezó a escalar: lo acusan de estar ausente, de no aparecer por las oficinas del ente y de correrse del trabajo cotidiano.
El dato no es menor: la última prórroga venció el domingo 21 de septiembre y, hasta ahora, los proyectos no tenían estado parlamentario. La demora se explicó, oficialmente, por un “análisis pormenorizado”. Sin embargo, en los pasillos del HCD hablan de negociaciones internas en el oficialismo, que volvió a usar el recurso del tiempo muerto para ganar aire.
El Régimen, creado en pandemia para sostener el empleo y reactivar al sector, terminó consolidándose como una vía de excepciones urbanísticas. La pata de las compensaciones (Ordenanza 25.115), que debía equilibrar el esquema, nunca se activó y quedó prorrogada hasta 2026. El resultado: beneficios a pleno y contrapesos en pausa.
La gestión de Guillermo Montenegro hizo de la construcción su caballito de batalla y ahora busca extender la herramienta hasta septiembre del 2027. La oposición muestra incomodidad, pero la experiencia reciente marca que, cuando el ladrillo golpea la mesa, el Concejo siempre termina avalando.
Danza de nombres, Presupuesto 2026 y el peronismo no k avanza en la Unmdp
La danza de nombres en el gabinete
La política marplatense entró en modo recambio y la rosca empezó a girar con fuerza. Con Agustín Neme probando el traje de intendente interino y la bronca creciente hacia Santiago Bonifatti, el oficialismo ya cocina cambios en el gabinete municipal.
El presidente del Emsur, cada vez más cuestionado por los trabajadores del ente, aparece en la danza de nombres, el funcionario comenzó a rosquear para estar como posible reemplazo en Inspección General, área que quedará vacante cuando Marcelo Cardoso asuma su banca en el Concejo el próximo 10 de diciembre.
Pero la jugada no parece sencilla: puertas adentro del municipio ya hay resistencia. Si en el Emsur, Bonifatti nunca terminó de hacer pie, en Inspección General la llegada del funcionario genera más desconfianza que entusiasmo. Entre los empleados lo sintetizan con ironía: “Sería como poner al zorro en el gallinero”.
En ese sentido, Cristian Beneito sigue visitando los pasillos de Desarrollo Social, rosquiando y bregando por la unificación del área de Salud para quedarse a cargo de ambas áreas.
En paralelo, otros nombres empiezan a sonar para diferentes áreas, aunque desde el oficialismo se mueven con cuentagotas y sin confirmaciones. Lo cierto es que la transición de diciembre amenaza con convertirse en un tablero de ajedrez donde nadie quiere quedar en jaque.
El Presupuesto 2026 en la mira: dudas sobre si el oficialismo lo apura antes del recambio
Con el cierre del año empieza a perfilarse el gran debate político que marcará el 2026: el Presupuesto. Mientras Javier Milei ya presentó la proyección de gastos y recursos a nivel nacional, en la Provincia de Buenos Aires la administración de Axel Kicillof todavía no mostró su hoja de ruta, que depende en buena medida de lo que disponga la Casa Rosada y además crece la incertidumbre con el futuro de Punta Mogotes .
En General Pueyrredon, la comuna tiene plazo hasta el 31 de octubre para ingresar el Presupuesto del próximo año. Sin embargo, la rosca local gira en torno a un interrogante: ¿el Ejecutivo pedirá una nueva prórroga, como en años anteriores, o esta vez acelerará los tiempos para tratar de aprobarlo antes del 10 de diciembre, cuando el oficialismo pierda la mayoría en el Concejo Deliberante?
El tablero político condiciona la jugada. Con un recambio legislativo a la vuelta de la esquina, la discusión presupuestaria se perfila como la última pulseada fuerte del oficialismo con control del recinto.
Promesas en el aire y enojo en el puerto
El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata pateó el tablero y abrió la licitación nacional e internacional para la concesión de la Terminal Multipropósito del Espigón 2, uno de los lugares más calientes del puerto por donde pasa buena parte de la operatoria de exportación.
Hasta ahora, el espacio estuvo en manos de Terminal de Contenedores N°2 (TC2), la empresa de Emilio Bustamante, que en 2022 había conseguido una prórroga por tres años. Pero con la publicación en el Boletín Oficial y la confirmación de que el 10 de noviembre se abrirán los sobres, la película cambió.
En los pasillos portuarios aseguran que en TC2 hay bronca. No solo porque siguen con permisos precarios, sino porque –según repiten puertas adentro– los “Raverta boys” les habían prometido que la concesión quedaba en sus manos por varios años más. Promesas que, al parecer, se esfumaron en el aire.
El problema es que en noviembre no solo se abren sobres: también se abre el juego grande. Entre los interesados en quedarse con la terminal figuran gigantes como PepsiCo, Coca Cola, Lamb Weston, y otros jugadores de peso internacional. TC2 ve venir que se le termina el negocio y no oculta su malestar con el propio presidente del Consorcio, Marcos Gutiérrez, a quien le reprochan haber estirado las expectativas con palabras que nunca se transformaron en hechos.
El enojo contra Bonifatti gana volumen en la Municipalidad
En los pasillos del municipio, la bronca contra el titular del EMSUR, Santiago Bonifatti, ya no se disimula. La crítica viene de larga data, pero en las últimas semanas empezó a escalar: lo acusan de estar ausente, de no aparecer por las oficinas del ente y de correrse del trabajo cotidiano.
“Bonifatti no se presta a trabajar”, repiten con fastidio en los pasillos, donde cada vez cuesta más contener el malestar. El ruido interno crece y se convierte en una constante que desgasta al funcionario.
Con el área de servicios urbanos en la mira por la recolección de residuos, el arbolado y el mantenimiento de plazas y espacios públicos, la falta de presencia política del titular del ente se vuelve un blanco fácil. Mientras tanto, la bronca interna sigue creciendo, y el costo lo paga directamente el oficialismo.
Peronismo no K pisa fuerte en Derecho: primera minoría y asambleísta en juego
El peronismo no K celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con el 25,52% de los votos (567 sufragios), la lista “Sumate”, conducida por la Juventud Universitaria Peronista (JUP), alcanzó un hito: convertirse en la primera minoría en una casa de estudios históricamente adversa para ese espacio político.
La victoria es simbólica pero estratégica. No solo se trata de la mejor elección desde 2019, sino que también le permitió al sector conquistar el tan ansiado asambleísta que será clave en el proceso de renovación del Rectorado, con un mandato de cuatro años en juego.
Del otro lado, la Franja Morada retuvo la conducción del Centro de Estudiantes y volvió a confirmar su hegemonía en Derecho. Pero el dato político no estuvo en el oficialismo estudiantil, sino en el crecimiento de un peronismo universitario que, lejos de La Cámpora y del ravertismo, empieza a marcar agenda propia.
En contraposición, la lista “Derecho al Futuro”, impulsada por el secretario de Juventud del PJ marplatense, Cristian Galeano, apenas logró un 2,97% de los votos, un papelón que salpica directamente al ex intendente Gustavo Pulti y al sector alineado con el gobernador Axel Kicillof.
Los resultados confirman una tendencia: mientras el ravertismo se achica en los claustros marplatenses, el peronismo no K encontró aire y proyección en un ámbito clave para la construcción política.
El Concejo se reconfigura entre el silencio oficialista y la independencia radical
La política marplatense se adelanta. Mientras la ciudadanía mira de reojo las elecciones nacionales de octubre, en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon ya se respira el aire renovador del 10 de diciembre. La sexta sesión del Cuerpo no fue la habitual sinfonía de expedientes y formalidades; fue, más bien, un pulso de poder ácido y una revelación de lo que será el reparto de cartas a partir de la próxima conformación legislativa.
El protagonista excluyente de la tarde fue el radicalismo. Despojado de toda timidez postelectoral, el espacio que enarbola la bandera de Nuevos Aires decidió mostrar las garras y recordarles a todos quién tendrá la llave del equilibrio. La Unión Cívica Radical (UCR), de la mano de sus flamantes dos bancas ganadas y el tácito "adiós" al "contrato de gestión" con el PRO y la Coalición Cívica - ARI (CC–ARI), ya se sabe con cuatro concejales propios. Y ese número, en un recinto que se perfila 10 a 10 entre oficialismo y oposición, es lo que separa a un gobierno de la parálisis.
La exhibición no pudo ser más clara. El radicalismo se unió a la oposición para empujar la preocupación por el Régimen de la Zona Fría, obligando al Ejecutivo a moverse y al Concejo a manifestarse. Fue un gesto simple, pero cargado de veneno: le pasaron por encima al oficialismo, acostumbrado a la mayoría automática, en un tema sensible para la ciudad.
Otro momento preponderante políticamente se produjo con el debate sobre la actualidad de las personas con discapacidad y el accionar del Gobierno Nacional. La propia Marina Sánchez Herrero, presidenta del Concejo y dueña del sillón que hoy cotiza en bolsa, bajó de su estrado para hablar desde su banca. Un acto que es mucho más que una simple opinión: es la demostración de que el poder real no reside solo en el martillo, sino en lo que viene. Hoy por hoy, la presidencia pertenece a la UCR, y el propio espacio se sabe decisivo en la elección del siguiente mandatario del cuerpo legislativo.
Mientras tanto, el oficialismo, ese combo de PRO, Coalición Cívica -ARI y los nuevos aliados de La Libertad Avanza, optó por el camino menos digno: el silencio y la abstención. Un oficialismo acostumbrado a la mayoría automática y a que le aprueben sin chistar, mostró su primer signo de debilidad. En un tema tan crucial como la Zona Fría, se escondieron bajo la manta del "no opino", evidenciando que les han torcido el brazo y les han quitado el aire. La mayoría ya no es un derecho divino, sino una negociación diaria. Y a partir del 10 de diciembre, cada proyecto, cada expediente será discutido en cada comisión y en cada sesión.
Del otro lado, la oposición “se anotó una victoria”, pero no sin mostrar sus ya clásicas grietas de manual. En lugar de celebrar la conquista conjunta en el tema Zona Fría, las concejalas Valeria Crespo (UP) y Eva Ayala (AM) se dedicaron a marcar territorio: "este proyecto es de mi bloque", "es de mi autoría". Una mezquindad que, si bien es habitual en la política, demuestra que la oposición puede sumar votos, pero aún no logra sumar la visión común. El ego sigue siendo su obstáculo más grande.
La sexta sesión fue el ensayo general del Concejo que se viene. Los cuatro votos radicales son la balanza que decidirá el destino de cualquier proyecto, desde una ordenanza hasta el presupuesto. Y si bien la próxima cita con las urnas es en octubre, la clase política local, con su habitual y corrosiva ambición, ya puso la mira en 2027.
La lucha es feroz, la interna es despiadada y la "unidad peronista" sólo existe en los más incrédulos. El Concejo Deliberante dejó de ser un órgano de debate para convertirse en una calculadora de bancas, donde cada actor, esté adentro o aspire a estarlo, mide su fuerza y afila sus cuchillos para la próxima batalla. El 10 de diciembre no es un cambio de concejales, es el inicio de la guerra por el poder.
El regreso de Montenegro y el fin de la intendencia interina de Neme
Este viernes, Guillermo Montenegro retomó su despacho en el Palacio Municipal tras una licencia de apenas cuatro días, del 22 al 25 de septiembre. En ese lapso, el presidente del bloque del PRO, Agustín Neme, se calzó la banda de la intendencia interina y encendió especulaciones sobre lo que se viene después del 10 de diciembre.
La suplencia no fue un trámite menor: por la Ley Orgánica de Municipalidades, el reemplazo natural del intendente es el primer concejal electo en su lista. Y así fue. Neme tuvo en sus manos la lapicera durante menos de una semana, pero alcanzó para que en los pasillos políticos se hablara de “ensayo general” de lo que viene cuando Montenegro desembarque en el Senado bonaerense y deje la conducción del Ejecutivo en manos de su delfín.
El detalle no menor es que, aunque estaba de licencia, el exjuez nunca se despegó del todo: siguió activo en redes, mostrando operativos de la Patrulla Municipal y reforzando su sello de gestión. El interrogante ahora es si el futuro gobierno tendrá un intendente de tiempo completo o una administración con Neme en la primera línea y la sombra de Montenegro marcando el pulso desde La Plata.
Suspendido el acto de Javier Milei en Mar del Plata: incertidumbre en la agenda libertaria
El desembarco de Javier Milei en Mar del Plata, anunciado para el sábado 4 de octubre, quedó en suspenso. El acto proselitista, que iba a tener al Presidente como orador central en el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, fue suspendido y aún no se definió si habrá una reprogramación.
La organización estaba a cargo del intendente Guillermo Montenegro, recientemente electo senador bonaerense, y del referente libertario Alejandro Carrancio, candidato a diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza en la Provincia. Ambos dirigentes locales habían tomado el evento como una oportunidad clave para reforzar su sintonía con la Casa Rosada y mostrar peso político en la recta final de la campaña.
La suspensión genera suspenso dentro de la estrategia libertaria en territorio bonaerense, ya que Mar del Plata había sido elegida en distintas ocasiones como escenario de alto valor político y económico para Milei: desde reuniones con empresarios hasta actos partidarios y visitas personales.
Por ahora, no hay confirmación oficial sobre una nueva fecha ni sobre si Milei mantendrá su visita a “La Feliz” antes de los comicios legislativos. El vacío en la agenda abre especulaciones sobre los próximos movimientos y estrategias del oficialismo libertario en la provincia más disputada del país.
“La interna en el Festival”: La Cámpora toma de rehén al cine y a Mar del Plata
Mar del Plata debería estar contando los días para celebrar la 40ª edición de su evento cultural más importante, pero en lugar de eso mira cómo la interna peronista se roba la función. La disputa entre La Cámpora y el kicillofismo convirtió al Festival Internacional de Cine en un escenario de guerra donde la alfombra roja no es para las estrellas, sino para medir quién tiene más poder en el mapa bonaerense.
La puesta en escena es digna de un premio de la academia. Por un lado, los protagonistas de esta operación: Florencia Saintout, titular del Instituto Cultural provincial, y Vito Amalfitano, director del emblemático Teatro Auditorium. Ambos, respondiendo a la batuta de la jefa camporista local, Fernanda Raverta que observa y empuja desde las sombras, salieron a escena con comunicados y tuits cargados de una épica impostada. Se envuelven en la bandera de la "soberanía cultural" y el "compromiso histórico" para "salvar" al festival.
El libreto es sencillo: acusan al INCAA (Nación) y al Municipio de querer arrebatarle al Auditorium su rol histórico como sede principal, poniendo en riesgo la categoría "Clase A" del evento. Ofrecen las instalaciones, envían cartas documento y se muestran como guardianes de la cultura marplatense. "Sería lamentable que un evento de tamaña envergadura pierda su escenario natural", declama Amalfitano, casi al borde de la lágrima. Saintout, por su parte, tuitea con indignación impostada que "la decisión atenta contra el festival".
Pero como en toda buena película de suspenso, lo importante no es lo que se dice, sino lo que se oculta. El espectador atento, el ciudadano de a pie que esquiva los baches de la política diaria, sabe que este melodrama no es por amor al séptimo arte. Es una cruda y ácida disputa por el poder, un capítulo más del reacomodamiento en el camión peronista tras las elecciones provinciales del 7 de septiembre y a un mes de las legislativas nacionales.
La Cámpora, que siente que Axel Kicillof les mezquina la lapicera y los espacios de poder en la provincia, decidió montar su propio teatro de operaciones. Mar del Plata se convierte así en el escenario perfecto para apretar al gobernador donde más le duele: en la gestión y en la foto. ¿Qué mejor manera de marcarle la cancha a Kicillof que generándole un conflicto de alta visibilidad en un evento cultural de prestigio internacional?
Es el manual del bombero pirómano: se genera el conflicto, se aviva el fuego con declaraciones cruzadas y después se presentan como los únicos con el matafuegos en la mano. Saintout y Amalfitano no defienden el festival, defienden su caja de poder, su cuota de influencia. Son los actores de reparto de una trama mayor escrita en las oficinas camporistas.
Mientras tanto, los verdaderos rehenes de esta interna son los marplatenses y los amantes del cine. Los que esperan el festival para trabajar, para disfrutar de la cultura, para ver su ciudad en el centro de la escena por algo más que playas o internas feroces. La Cámpora, en su afán por dirimir sus diferencias con el gobernador, no duda en poner en riesgo una inversión económica vital, un prestigio internacional y una tradición de 40 años.
Hablan de que "el cine es trabajo y soberanía", pero su accionar es una clase magistral de cómo la politiquería más rancia puede pisotear ambas cosas. En su guerra por un metro cuadrado más de poder, están dispuestos a que la única película que se proyecte en noviembre sea la de su propia decadencia, con Mar del Plata como un simple daño colateral en la pantalla. La alfombra roja, por ahora, espera manchada y en silencio, víctima de una interna que tiene mucho de drama, poco de arte y demasiado de cálculo político.
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