El mensaje que la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires había enviado con sus recientes resoluciones de control sobre la ribera costera ha dejado de ser una advertencia para convertirse en una acción concreta. Un proyecto de barrio privado en Chapadmalal sintió el impacto de este endurecimiento normativo provincial al ser sorprendido con obras clandestinas y recibir una orden de “cese inmediato”.
Según informó el Observatorio Paseo Costanero Sur, la ADA constató movimientos de suelo y la construcción de un paredón de 100 metros que alteraban el escurrimiento hídrico en un predio que solo contaba con un trámite inicial de prefactibilidad (Caso 124514), pero carecía de la autorización final. Esta maniobra a espaldas de la ley le valió al desarrollador la imputación de infracción al Artículo 94 del Código de Aguas (Ley 12.257).
La medida cautelar de “cese” confirma el rol de la Provincia como "filtro excluyente" para la expansión inmobiliaria costera. La intervención demuestra que la ADA está vigilante y dispuesta a aplicar el riguroso escrutinio anunciado, que busca evitar que se ignoren los estándares de protección del dominio público hídrico y de los médanos.
La situación legal no es menor: la alteración del paisaje hídrico sin permiso no solo implica una multa económica, sino que expone al proyecto a la aplicación del Artículo 166 bis del Código de Aguas. Dicha sanción puede devenir en la parálisis financiera y la imposibilidad de obtener habilitaciones esenciales, poniendo en riesgo la viabilidad total del mega-emprendimiento.
El caso Chapadmalal es el primer indicador palpable de que el ajedrez político-urbanístico se reconfiguró: la aprobación municipal ya no es suficiente. El control ambiental y territorial ejercido desde La Plata ha marcado la cancha de forma efectiva, enviando una señal clara a intendencias y desarrolladores por igual: la protección de la costa atlántica tiene ahora una jerarquía provincial y quienes intenten avanzar por vías clandestinas enfrentarán las consecuencias.
