16 de octubre de 2025
BIZARRO
Sigue la fiesta de la casta marplatense: el pase a planta del multifacético y obediente Luchina
El zigzagueante Franco Luchina, de suplente en el Concejo a blindado por decreto en el Ejecutivo. La casta municipal, en su tramo final antes del 10 de diciembre, confirma que la impunidad es la única moneda de curso legal. Renuncia de un día para ser redesignado al siguiente: una ingeniería administrativa que demuestra que ser obsecuente con el poder paga… y bastante bien.
El manual de supervivencia de la casta marplatense sumó un nuevo capítulo de grotesca celeridad. Apenas dos días después de que el Boletín Oficial publicara la "aceptación de la renuncia" de Franco Ariel Luchina a su cargo de Director Coordinador en Desarrollo Local —Decreto 2273/25, con efecto 13 de octubre—, un nuevo decreto, el 2292/25, con fecha 15 de octubre, lo devolvió al mismo sillón. El movimiento, lejos de ser un simple reacomodamiento burocrático, es un nuevo y cínico atajo de la ingeniería administrativa para asegurar la permanencia de los cuadros políticos en el organigrama municipal antes del cambio de gestión.
La secuencia es la misma que ya se denunció con el caso de Valeria Méndez y el "blindaje" en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), o la maniobra que cubrió a Marcelo Tovar: un festival de "decretazos" para reubicar al personal de confianza en la Planta Superior, sin llamar a concurso y bajo la figura de designaciones "a dedo". Solo que esta vez, el Ejecutivo no los unificó en un solo día, sino que se tomó dos. La velocidad es la única diferencia, porque el fondo es el mismo: garantizar la supervivencia de la casta política en el Estado.
Luchina, conocido por su trayectoria multifacética que va desde la presidencia local del GEN, el partido de Margarita Stolbizer, hasta ser el eterno primer reemplazo del oficialismo en el Concejo Deliberante —esa especie de comodín que espera pacientemente su turno cada vez que un edil pide licencia—, ahora recibe su recompensa final. Fue asesor de un diputado provincial, se incorporó al Ejecutivo en 2021 en una secretaría clave, y cada vez que el recinto lo necesitaba, ahí estaba para ocupar una banca. Su currículum no destaca por la meritocracia administrativa, sino por la lealtad y la obediencia genuflexa al proyecto político en auge. En la tómbola de la casta, la fidelidad se cotiza al alza.
El Decreto 2292/25 es elocuente. Designa a Luchina, "a partir del 15 de octubre de 2025", en el mismo cargo que acababa de dejar. Y, en un artículo que es la firma del delito político, se establece que su cargo es parte de la Planta de Personal Superior, sin estabilidad y sujeto al mandato del Intendente o cuando el Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. La clave, en estos casos de movimientos pre-transición, es la reubicación en una categoría jerárquica que, más adelante, puede ser utilizada para blindar al funcionario con una "planta permanente" de alto rango, tal como sucedió con Méndez, a la que se le otorgó un cargo de "Profesional Carrera Mayor I" como póliza de seguro incondicional.
Este tipo de movimientos no solo socavan la carrera administrativa de los empleados municipales que llevan años esperando ascensos por mérito y concurso, sino que confirman el desprecio del Ejecutivo por la Ley 14.656. Los discursos del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sobre el "bastardeo de la carrera" y la "profunda sensación de defraudación" resuenan con más fuerza que nunca, ante esta catarata de nombramientos que buscan dejar "capas geológicas" inamovibles.
La fiesta de la casta marplatense sigue sin consecuencias. Para los funcionarios como Luchina, el camino político es el atajo más rápido a la estabilidad laboral de por vida en el Estado, y los decretos se han convertido en el mecanismo legal para consolidar la burocracia con sus propios cuadros. Es la ratificación de que, para este grupo de poder, la ley y la promesa de un Estado basado en la capacidad son meros detalles, mientras que la lealtad y el "estar ahí" cuando se necesita el suplente, garantizan un sillón de por vida a costa del erario público. La impunidad no solo es evidente, sino que se celebra con un par de decretos en el Boletín Oficial.