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Sábado, 8 noviembre 2025
Argentina
8 de noviembre de 2025
RESUMEN

Lo que la semana nos dejó

La designación en los Juzgados de Faltas, la entrega del Minella a un privado, la visita de Kicillof por los 20 años del “No al ALCA” y el regreso del pliego de transporte al Concejo, entre lo más importante de la semana, de la mano de La Tecla.

Lo que la semana nos dejó
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La UTF Playa Redonda podría quedar en manos de un empresario condenado por corrupción

 

 

El proceso de adjudicación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda avanza en Mar del Plata envuelto en una inesperada controversia. Entre las dos empresas que siguen en carrera para quedarse con el tradicional balneario, todo indica que la favorita es Santiago de Compostela 1943 S.A., una firma vinculada a un empresario con pasado judicial: Roberto Fiocca, condenado por corrupción en la causa Astillero Río Santiago.

 

La licitación, impulsada por el EmturyC, dejó fuera de juego a dos de las cuatro ofertas iniciales por incumplir requisitos formales. Las dos que avanzan —Santiago de Compostela 1943 S.A. y ANJUFA S.A.— propusieron el mismo canon anual de 60 millones de pesos, aunque difieren en la magnitud de la inversión proyectada: mientras la primera se comprometió a obras por $1.008 millones, la segunda presentó una propuesta por $1.712 millones.

 

A pesar de la diferencia, todas las miradas apuntan a que la adjudicación recaería en Santiago de Compostela 1943 S.A., empresa que integra Fiocca junto a su esposa. El problema no es el monto de la oferta sino quién está detrás de la firma.

 

Un empresario con historia
 

Fiocca es un publicista necochense radicado en Mar del Plata, con larga trayectoria en la política bonaerense. Fue secretario privado del exintendente de Necochea Horacio Vidal y luego delegado municipal de Villa Díaz Vélez. En los años siguientes, se dedicó a la comunicación política y al armado de campañas del peronismo provincial, tejiendo vínculos con figuras como José “Pepe” Albistur —histórico operador de la pauta oficial durante el kirchnerismo— y Amado Boudou, de quien fue testigo de sus primeros movimientos empresariales en la costa atlántica.

 

Pero su nombre cobró notoriedad nacional cuando la Justicia de La Plata lo condenó por peculado en el marco de una megacausa de corrupción en el Astillero Río Santiago. Fiocca fue uno de los cuatro implicados que aceptaron su responsabilidad penal y firmaron un juicio abreviado para evitar la exposición pública.

 

La investigación judicial, que comenzó a partir de una denuncia de una vecina de Coronel Pringles, reveló un circuito de contratos falsos y sueldos irregulares que permitió el desvío de más de 16 millones de pesos de fondos públicos. En el expediente, también fueron condenados Héctor Scavuzzo, Rodolfo Elisetch y Oscar Borcerio, todos vinculados a la administración del astillero.

 

Por ahora, la licitación sigue su curso. Pero la sombra del Astillero Río Santiago vuelve a aparecer, esta vez sobre la arena de Playa Redonda, dejando al descubierto las tensiones entre los negocios turísticos y los antecedentes de quienes buscan administrarlos.




UNMDP: la Asamblea Universitaria formalizó a Biasone y Sánchez Herrero en Rectorado



Este lunes 3 de noviembre de 2025 no fue un día más en el calendario de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). En Asamblea Universitaria convocada en el Aula Magna María del Carmen “Coca” Maggi del Complejo Universitario Manuel Belgrano, el máximo órgano de gobierno de la casa de estudios oficializó un resultado electoral histórico: la contadora Mónica Biasone y la abogada y concejal Marina Sánchez Herrero fueron ratificadas como Rectora y Vicerrectora, respectivamente, para el próximo período de gestión.

La formalización de este lunes, que se vivió con altas expectativas, corona la contundente victoria obtenida en las elecciones internas de septiembre. La fórmula, representante del espacio Transformación Universitaria (TU), arrasó con 78 de los 126 votos de la Asamblea, consolidando la diferencia más amplia desde la instauración del actual sistema electoral y asegurando la continuidad del proyecto político que lideró Alfredo Lazzeretti durante los últimos ocho años.

Un triunfo con sello de género y continuidad

El binomio femenino no solo representa una ratificación de gestión, sino un hecho político e institucional sin precedentes en los 50 años de la universidad marplatense. Ambas dirigentes, con vastas trayectorias académicas y de gestión; Biasone como ex decana de las Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCEyS) y Sánchez Herrero como actual presidenta del Concejo Deliberante, llegaron a la cúspide universitaria con una fuerte plataforma que articula experiencia y renovación.

Si bien la ratificación implica la continuidad del proyecto reformista, las flamantes autoridades reconocieron que la nueva etapa exigirá una mirada dinámica y adaptativa. Sánchez Herrero, que en sus redes sociales manifestó sentirse "profundamente agradecida por la responsabilidad", ya había anticipado que las administraciones son dinámicas y la UNMDP está "obligada a llevar la UNMDP a esos nuevos paradigmas". La gestión no será una "continuidad plena", sino que tendrá la impronta del nuevo liderazgo, pensando en el futuro.
 



El plan de gestión, detallado en su lanzamiento de agosto, se apoya en diversos ejes centrales, con un énfasis particular en la transformación académica: modernizar los planes de estudio, adaptarlos a créditos académicos y considerar carreras más cortas con mayor demanda. En este sentido, Biasone señaló la "responsabilidad enorme" de la universidad con los profesionales del futuro, ante la velocidad de los avances tecnológicos.

Sin embargo, el contexto nacional se impone como un factor crítico. Biasone fue clara al reconocer que les tocará "gestionar en un momento de muchísima dificultad" con intentos de desprestigio a lo público. La respuesta de la nueva conducción será seguir "demostrando que lo público es vanguardia y excelencia", levantando la bandera de la defensa de la educación y la ciencia pública como políticas estratégicas para el desarrollo, una postura que mantuvieron desde el inicio de su campaña.

Con la Asamblea Universitaria del 3 de noviembre, la UNMDP no solo definió a sus autoridades, sino que dio inicio formal a una nueva etapa institucional que, desde diciembre, estará marcada por un liderazgo femenino inédito, comprometido con la pluralidad, los valores reformistas y la adaptación a un entorno en constante cambio.


 

Los juzgados de Faltas completos

 

Después de años de vacancias y postergaciones, el intendente Guillermo Montenegro logró cerrar una de las cuentas pendientes más antiguas de su gestión: completar los Juzgados de Faltas que se encontraban sin titulares.


Tras casi ocho años de acefalía en parte del fuero contravencional, el Ejecutivo consiguió la convalidación unánime del Concejo Deliberante para nombrar a Franklin Llan de Rosos, Paula Hernández y Leandro Gabás al frente de los juzgados N°1, N°2 y N°5, respectivamente. La votación se concretó antes del recambio legislativo, con críticas opositoras por la velocidad del trámite y el faltazo de la bancada libertaria.


El movimiento cierra una etapa de vacancias que comenzó en 2017, cuando Ana María Castelao y Carmen Maffioni iniciaron sus jubilaciones, formalizadas en 2018. Desde entonces, la estructura judicial local funcionó de manera parcial, con jueces subrogantes y un incremento sostenido de causas, sobre todo por fotomultas, operativos en la vía pública y sanciones de tránsito. En 2025 se sumó la jubilación de José Luis Oteiza, quien dejó su cargo en el Juzgado N°1.


Durante la gestión de Carlos Arroyo, dos magistradas se retiraron y el entonces intendente no logró designar reemplazos por la falta de acuerdos en el Concejo. Montenegro tampoco pudo avanzar en su primer mandato por no contar con mayoría, y tras su reelección, aunque alcanzó la fuerza numérica, las diferencias internas del oficialismo demoraron el consenso hasta ahora, cuando el tema finalmente se destrabó.


El intendente envió los pliegos el 22 de octubre en tres sobres cerrados, y los expedientes pasaron rápidamente por la Comisión de Labor Deliberativa, donde los principales referentes políticos del cuerpo legislativo avalaron las designaciones


La falta de jueces de Faltas había generado un doble impacto en la ciudad: institucional y económico. Con menor capacidad operativa, el sistema ralentizó el procesamiento de expedientes y redujo la recaudación por multas.


Con este paso, el Ejecutivo deja completa la estructura judicial contravencional y marca un cierre de gestión con tono político: una victoria que Montenegro se lleva antes de dejar la intendencia y que podrá exhibir como símbolo de gobernabilidad y orden tras años de parálisis administrativa.



Unanimidad en el Concejo

 
En una sesión cargada por la tensión y las críticas de la oposición, el Concejo Deliberante aprobó la designación de los tres nuevos Jueces de Faltas. El oficialismo logró la aprobación unánime, con una sola abstención, de los pliegos del intendente Guillermo Montenengro, poniendo fin a una vacancia que se arrastraba por años. Si bien reconocieron la idoneidad de los candidatos, los bloque opositores cuestionaron la “inacción” del Ejecutivo por la demora de “ocho años” en proponer los nombres y la celeridad del tratamiento del expediente. La edil Florencia Ranellucci (PRO) intervino para defender la “legalidad y transparencia del proceso, lo que desató la incomprensión de la oposición, en particular del concejal Ariel Ciano (FR), quien consideró la intervención una #chicana inoportuna” que elevó el tono político, a pesar de que ya existía un acuerdo en el recinto. Por su parte, el bloque libertario se retiró del recinto antes del debate.




 

 

¿El fin de la cartelización costera?: impulsan un límite a las concesiones de playas

 

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon se ha convertido en el nuevo campo de batalla de una disputa que excede la política: la concentración de la explotación de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF), el motor económico y turístico del partido. En este marco de concesiones de ultra-largo plazo y tarifas de lujo impuestas por un puñado de actores, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ordenanza que busca poner un límite objetivo y preventivo a la acumulación de poder en la costa.

El proyecto de ordenanza es una respuesta directa al diagnóstico que aqueja a Mar del Plata: la cartelización de sus playas. La radiografía del litoral costero revela que la mayoría de las 50 UTFs están en manos de un reducido grupo de empresas, muchas de ellas adjudicadas durante la intendencia de Gustavo Pulti, con contratos que alcanzan vigencias insólitas, como el Torreón del Monje y algunos balnearios de La Perla,  extendidas hasta el año 2046.

Esta situación, donde nombres como Arena Grande S.A. o Salimar S.A. se repiten en puntos neurálgicos, ha consolidado un monopolio de facto. La consecuencia más palpable de este dominio es la fijación de precios oligopólicos que, según los datos, disparan el alquiler de una carpa de temporada en zonas codiciadas a cifras que rondan los $6.000.000 o los $220.000 diarios, transformando el acceso a la costa, un bien de dominio público, en una experiencia segmentada y exclusiva para el turismo de alto poder adquisitivo.

La iniciativa radical, plasmada en su articulado, prohíbe explícitamente presentarse a futuras licitaciones a aquellas personas humanas o jurídicas que, directa o indirectamente, sean titulares o controlantes de dos (2) o más concesiones de playa dentro del ejido municipal. La letra del proyecto es exhaustiva en su definición de "control indirecto", abarcando desde la pertenencia a un mismo grupo económico según la Ley de Defensa de la Competencia, hasta participaciones accionariales superiores al 25% o vínculos familiares de hasta tercer grado que impliquen control en la administración.

Contexto de presiones y la batalla por el futuro costero

Los ediles de la UCR sostienen que la norma no busca revisar situaciones pasadas —los contratos vigentes hasta 2046 quedan firmes, aunque no podrán renovarse, ampliarse ni transferirse si superan el límite—, sino "preservar hacia adelante un principio de equidad distributiva" y "democratizar el otorgamiento de concesiones". Se apoyan en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza la libre competencia y exige prevenir monopolios.

Este proyecto se presenta en un momento de alta tensión política y económica. El Ejecutivo municipal, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), ha priorizado la concreción de licitaciones en la Zona Sur y Norte para saldar deudas de precariedad y asegurar inversiones millonarias, a veces con únicos oferentes y a costa de críticas por falta de competencia y transparencia, como sucedió con la UTF Playa Dorada.

Además, los concesionarios históricos no se quedan de brazos cruzados, presionando con Notas Particulares (NP) en el Concejo ante el avance de nuevos jugadores y la inminente caducidad de contratos como los de Playa Mariano o Punta Iglesia en el corto plazo.

La propuesta de la UCR, al establecer un techo claro, intenta recuperar la potestad pública sobre los bienes del dominio, que ha quedado reducida a un rol pasivo de fiscalización ante la rigidez de los contratos. La aprobación de esta ordenanza marcaría un punto de inflexión, transformando la cesión del uso público en una política de Estado que priorice la pluralidad de oferentes y la competencia efectiva sobre la consolidación de un monopolio costero que hoy define el perfil turístico y los precios de la ciudad.



Kicillof y la derrota del ALCA como "nueva declaración de Independencia"

 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, clausuró el encuentro internacional que recordó los 20 años del "No al ALCA" y la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, enfatizando la relevancia histórica de aquel suceso. Con la presencia de referentes locales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y del pultismo, Kicillof destacó la responsabilidad de su gobierno y las organizaciones de propiciar la reunión, el debate y la recapitulación de lo ocurrido, señalando que, con la perspectiva del tiempo, la lectura de los hechos se va modificando y el presente se reescribe.

El mandatario provincial no dudó en catalogar el "No al ALCA" de 2005 como una "suerte de nueva declaración de la independencia de todos los países latinoamericanos", equiparando su importancia para la región y la Argentina a la conmemoración de los ochenta años del 17 de octubre de 1945. Además, celebró que el evento no fuese solo un acto, sino que contara con dos jornadas de discusión, reflexión y trabajo colectivo, un esfuerzo que consideró necesario y no meramente nacional.

Al reflexionar sobre el significado del rechazo al proyecto de libre comercio liderado por Estados Unidos, Kicillof señaló que la victoria no fue solo un logro de un grupo de presidentes, sino la representación directa y el resultado de luchas llevadas adelante por muchísimo tiempo en la región: "Quien derrotó al Alca fue el pueblo latinoamericano", sentenció. Asimismo, hizo hincapié en que la principal enseñanza del hito es la necesidad de que los movimientos populares y gobiernos que los representan no se den el lujo de "no tener un proyecto, un plan", trazarse objetivos y trabajar de manera "todos juntos y unidos en una sola dirección". En ese sentido, recordó que la reunión de Mar del Plata era crucial para el ALCA, ya que buscaba consagrar e institucionalizar lo que habían lanzado como Consenso de Washington y su plan para toda Latinoamérica.

Sobre el impacto en Argentina, recordó: “Habíamos tenido la crisis del 2001, que fue la crisis de la convertibilidad, pero fue la crisis del neoliberalismo, de esas recetas. Fue la crisis de las privatizaciones, de la apertura importadora, de la desindustrialización, de la flexibilización laboral” y, respecto a la actualidad nacional, reflexionó: “Lo que promete (Javier) Milei ya se vivió, ya fracasó. Es la misma política que se trata de vender como austríaca, liberal, libertaria, pero no es nada más que una política de entrega nacional, que va en contra de los intereses de la mayoría, del pueblo”.

En este marco, consideró: “No solo era una cumbre de rechazo. Hace 20 años se rechazaba, se enterraba una idea, una intención, pero al mismo tiempo se consolidaba otra perspectiva distinta. La foto entre los presidentes permitió ver una hermandad, una cofradía, un proyecto en común” y subrayó: “Lo que se conmemora no es solo lo que murió, sino también lo que nació. La unidad latinoamericana era algo que se había olvidado, y hoy estamos acá para dejar en claro que está más viva que nunca”.

De este modo, el gobernador advirtió que las políticas aplicadas en Argentina hoy son tan extremas que "incluso no están dentro del temario y del recetario" de la política económica internacional, citando la apertura total y el ataque a organismos como el CONICET o el INTA, mientras potencias como Estados Unidos invierten en ciencia y tecnología. Ante este escenario, el mandatario recogió el guante de la oposición, asegurando que si bien el momento es "complejo y contradictorio", hay una certeza: "Nosotros de cara al 2027 tenemos que plantearle a la Argentina una alternativa. Estamos obligados a elaborar, a trabajar y a transmitir una alternativa política, una alternativa de desarrollo". Finalmente, concluyó que la condición ineludible para el desarrollo de la Argentina es la unidad latinoamericana, una unidad que debe gestarse "desde abajo hacia arriba, en las bases y con los pueblos, para luego convertirse en plan y política de gobierno, impulsada por una fuerza popular que así lo exige”.


A 36 días del recambio: el tablero político marplatense entra en su hora cero

 

El reloj político corre rápido en Mar del Plata. Faltan apenas 36 días —exactamente cinco semanas— para que se concrete el recambio de autoridades del 10 de diciembre, y la efervescencia por el acomodamiento de piezas se siente en los pasillos del Concejo Deliberante y los despachos de la comuna. La pregunta que sobrevuela el escenario es si las fuerzas lograrán un reacomodo estratégico que les permita proyectarse o si se limitarán a una mera subsistencia. El tablero local ya mira al 2027, y nadie quiere ser relegado.

Por el lado del oficialismo, la inminente salida del intendente Guillermo Montenegro, paradójicamente, funciona como un catalizador y un freno a la vez. Si bien ralentiza la planificación operativa inmediata, abre un necesario espacio para la negociación interna. La llegada de Agustín Neme (PRO) a la intendencia interina obliga a la conformación de un nuevo Gabinete, una tarea que se desarrolla bajo la intensa presión de una interna donde La Libertad Avanza (LLA) —envalentonada por el escenario nacional— busca un lugar protagónico. En este contexto, la Coalición Cívica - ARI (CC-ARI) observa con cautela, buscando asegurar su espacio y no ceder terreno en un clima que no le resulta del todo favorable.

En el centro del tablero se ubica la Unión Cívica Radical (UCR). De a poco, el centenario partido comienza a exhibir los dotes de árbitro que tendrá en el próximo período, marcando una creciente independencia respecto al oficialismo. Las figuras de Gabriela Azoitía y Ariel Martínez Bordaisco asoman con la aspiración de inyectar aires nuevos al bloque de concejales, buscando reforzar el perfil propio del radicalismo en el Concejo.

En el frente de la oposición, los movimientos también son intensos. La reciente presencia del gobernador Axel Kicillof en la conmemoración de la IV Cumbre de las Américas ofreció claras señales políticas. Aunque fue notoria la ausencia del ravertismo, el acto contó con la participación de Gustavo Pulti y su séquito, un indicio de futuras articulaciones. No obstante, en la proyección opositora, es el Frente Renovador (FR) el que gana tracción. Su edil Juan Manuel Cheppi se posiciona cada vez con más fuerza, ganando terreno para erigirse como una de las figuras líderes de la nueva oposición en el Concejo, con una mirada clara hacia el futuro.

Los nuevos concejales se preparan para la asunción en un escenario de profunda incertidumbre, donde la redefinición de lealtades y alianzas será la norma. La sociedad ya ha emitido su veredicto en las urnas, esperando la concreción del modelo elegido. Ahora es el turno de la dirigencia. La lucha de estas semanas finales no solo define el status quo del 10 de diciembre, sino que comienza a dibujar la grilla de largada para la contienda de 2027.

 

Peronismo en ebullición: la interna bonaerense acelera y Mar del Plata toma nota

 

 

Tras el cierre del calendario electoral general, el peronismo bonaerense entra en su propia campaña. En diciembre vence el mandato de Máximo Kirchner al frente del PJ provincial, y sin convocatoria formal a elecciones, crece la tensión entre las distintas tribus justicialistas. La fecha límite ya pasó —según la carta orgánica, la Junta Electoral debía llamar a comicios 60 días antes de la expiración de los mandatos— y todo indica que los plazos se empalmarán con los de los partidos locales, que vencen en marzo de 2026.

 

Mientras tanto, los movimientos internos no se detienen. El kirchnerismo busca retener la estructura, pero el kicillofismo empieza a moverse. Al mismo tiempo, el Frente Renovador presiona para mantener presencia. La pulseada excede lo formal: define el mapa de poder del PJ bonaerense de cara a 2027.

 

Rosca territorial: el caso Mar del Plata

 

En General Pueyrredon, donde el padrón peronista ronda los 32 mil afiliados, la situación también es de expectativa y cálculo. Eduardo Cóppola conduce hoy el PJ marplatense, tras haber ganado en 2022 con el apoyo de La Cámpora, el kirchnerismo y los gremios. Su triunfo, con el 58% de los votos, dejó atrás al entonces sector albertista liderado por Juan Manuel Rapacioli. El mandato local, al igual que en otros distritos, vence en marzo de 2026.

 

De cara a lo que viene, el peronismo marplatense se empieza a acomodar. En el kirchnerismo suenan los nombres de Diego García, edil de UxP y secretario general del PJ, y Marcos Gutiérrez, titular del Consorcio Portuario, como posibles continuadores del espacio. Desde el sindicalismo, Miguel Guglielmotti también podría jugar, mientras algunos sectores independientes analizan si participar o no de la contienda. Incluso se menciona el nombre de Hugo Moyano (h), diputado nacional electo por Fuerza Patria, dentro de las especulaciones locales.

 

Por ahora, reina la incertidumbre. “No se llega, van a extender y se decidirá junto a los distritales”, repiten entre los dirigentes locales, que esperan definiciones de la cúpula provincial para saber si habrá internas o una lista de unidad. Muchos en la ciudad prefieren un llamado a elecciones abiertas, y no una decisión de cúpula como ocurrió con Máximo Kirchner.

 

Lo que suceda en Mar del Plata dependerá, en buena medida, de cómo se ordene el tablero provincial. Pero mientras las tribus peronistas locales empiezan a moverse por la reorganización de cara a lo que se viene.  

 

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: el “Renacer del Esplendor” y la nueva política de gestión mixta

 

Mar del Plata se viste de gala. Este jueves 6 de noviembre de 2025 marca el inicio de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un evento que, más allá de la alfombra roja y las proyecciones, celebra su propia supervivencia y el "Renacer del Esplendor" bajo un novedoso esquema de gestión que desnuda el pulso político y económico marplatense. La inauguración, pautada en el Teatro Auditorium con la proyección de "El beso de la mujer araña", se entiende como el corolario de un año de intensas negociaciones que lograron blindar al festival de los recortes presupuestarios que amenazaron su continuidad.

La historia reciente del festival está atravesada por la tijera del Gobierno Nacional de Javier Milei. Con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en la mira del ajuste, el futuro del Festival —único de Clase A en la región— se vio peligrosamente comprometido. Ante esta incertidumbre, la administración del intendente Guillermo Montenegro (PRO) tomó un rol protagónico, sellando un acuerdo de co-organización con el INCAA por tres años, convalidado a fines de 2024 por el Concejo Deliberante. Este convenio implicó que el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) asumiera la mayor parte de la responsabilidad logística y financiera.

Mediante este esquema, el Municipio de General Pueyrredon, a través del Fondo de Promoción Turística, se hace cargo de la hotelería y traslados de invitados extranjeros, las Galas de Apertura y Clausura, servicios de catering, seguridad y la contratación de personal de apoyo, liberando al INCAA de las erogaciones más onerosas, que quedaron limitadas al pago de tickets aéreos, honorarios de jurados y premios oficiales. La pata nacional, según el acuerdo, retiene el control exclusivo sobre lo estrictamente artístico, como la selección de películas y jurados.

La clave de este "renacer" reside en la búsqueda de un formato "sostenible" y la apertura al sector privado, un modelo que el INCAA ha promovido para dejar atrás lo que denominó "un festival precario, financiado con endeudamiento irresponsable del Tesoro Nacional". Tras las tensiones de 2024, que incluyeron propuestas libertarias de financiar el evento al 100% con fondos locales —desestimadas por el EMTURyC— y críticas opositoras por supuesta "falta de información", la alianza entre el Estado local y el INCAA se consolidó bajo el explícito objetivo de atraer capitales privados, incluyendo plataformas de streaming y empresas de rubros tan diversos como el agropecuario y el gastronómico, con el fin de inyectar dinamismo al evento.

Detrás de la gestión compartida, emerge un claro alineamiento político-estratégico consolidado. El acuerdo entre el intendente Montenegro y el presidente del INCAA, Carlos Pirovano, se generó en el marco de una alianza que se consagró como una fuerza política victoriosa. Tras las elecciones de septiembre y octubre, la coalición PRO-La Libertad Avanza se impuso tanto en General Pueyrredon como a nivel nacional, propulsando el liderazgo de Montenegro.

Esta 40ª edición del festival, que transcurre días antes del recambio del 10 de diciembre, actúa como una puesta en escena de la sintonía bilateral entre el el PRO y LLA. El esquema de co-gestión del Festival se erige como el primer gran acuerdo de cooperación entre los nuevos socios políticos. Sin embargo, la incógnita principal que domina la política marplatense es si esta armonía exhibida en la política cultural podrá trasladarse a la conformación del próximo gabinete municipal. 

El acuerdo electoral fue contundente, pero la distribución de poder en áreas clave de la gestión a partir del 10 de diciembre es lo que verdaderamente pondrá a prueba la solidez y el alcance de la alianza PRO-LLA en General Pueyrredon. El festival, de esta manera, no solo estrena películas, sino que también pone sobre la mesa la futura hoja de ruta política del gobierno municipal.

 

El Ejecutivo desempolvó el pliego del transporte y pide un año más de emergencia

 

 

Después de meses de silencio, el Departamento Ejecutivo volvió a mover una de las piezas más pesadas del tablero municipal: el pliego del Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU). El expediente, que ingresó este  viernes al Concejo Deliberante y llega acompañado de otro proyecto clave: la declaración del estado de emergencia del transporte público por un año, prorrogable por igual período, para mantener la prestación mientras avanza la nueva licitación nacional e internacional.

 

El pliego original había sido presentado en noviembre de 2022, pero apenas fue tratado dos veces durante 2023 y luego volvió al archivo en 2024. Ahora, tras las observaciones técnicas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Ejecutivo elevó una versión “actualizada y adaptada al contexto postpandemia”, que incluye cambios estructurales en la flota, los recorridos y el esquema tarifario.

 

“Se eleva el nuevo pliego con las adecuaciones pertinentes a fin de favorecer la sustentabilidad del servicio y la calidad para los usuarios”, indica el mensaje oficial.

 

Entre las principales modificaciones, el documento incorpora datos actualizados del sistema SUBE —que reflejan una caída del 30% en la demanda respecto a los niveles prepandémicos—, ajustes en las frecuencias mínimas, reducción de grupos operativos (de tres a dos) y revisión del modelo tarifario para evitar que el costo recaiga sobre los usuarios locales. También se mantiene la figura de la “línea anular”, un corredor rápido destinado a unir barrios y subcentros urbanos sin pasar por el centro.

 

“Las medidas buscan recomponer la confianza en el transporte público y recuperar pasajeros, ofreciendo un servicio más rápido, accesible y previsible”, señala otro de los párrafos del mensaje.

 

El Ejecutivo propone además un plazo de concesión de 20 años, bajo el argumento de que “solo un horizonte de largo plazo garantiza la amortización de las inversiones” y la estabilidad regulatoria necesaria para atraer oferentes.

 

Mientras tanto, la declaración de emergencia permitirá prorrogar el servicio actual, que se sostiene en un delicado equilibrio entre caída de pasajeros, aumento de costos y subsidios insuficientes. “Durante 2024 la oferta de servicio aumentó 0,8% pese a la baja del 13% en pasajeros que abonaron boleto”, se advierte en el texto oficial.

 

En otras palabras, el Municipio busca ganar tiempo para reordenar el sistema sin interrumpir la prestación, con el desafío de llegar a una licitación viable en medio de un contexto económico complejo. La pelota, otra vez, está en la cancha del Concejo Deliberante.




 






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