La Tecla Mar del Plata
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Lo que la semana nos dejó
La nota de gráfica sobre el mapa de los countries, el avance de la mesa contra la violencia escolar, la polémica en el Puerto, la reapertura de la paritaria municipal y la presentación del pedido de licencia de Montenegro como intendente para asumir como senador provincial, entre lo más importante de la semana de la mano de La Tecla.
La cartografía de los countries
En los últimos años, General Pueyrredon experimentó un impulso territorial que alteró por completo su fisonomía con los barrios cerrados. Zonas que antes funcionaban como límites difusos entre lo urbano y lo rural pasaron a convertirse en espacios codiciados para proyectos residenciales de gran escala. El avance de estos emprendimientos no solo cambió la distribución de la población, sino que también comenzó a influir en el tablero político local.
Lo que tiempo atrás eran áreas de baja presencia habitacional o corredores de tránsito ocasional hoy muestra una expansión acelerada de complejos privados, edificios de densidad media, centros comerciales y nuevas urbanizaciones que se extienden hacia las rutas que bordean Mar del Plata. Esta dinámica, instalada progresivamente desde comienzos de los 2000, consolidó un modelo urbano que continúa expandiéndose y cuyo alcance ya redefine cómo se organiza el territorio.
La construcción en altura sobre la costa sigue siendo un sello marplatense, pero el cambio decisivo ocurrió en otras zonas. El crecimiento de urbanizaciones cerradas hacia las rutas 11, 2, 226 y 88, y sobre avenidas como Antártida Argentina o Jorge Newbery, generó un circuito residencial paralelo. Allí se asentaron familias de ingresos medios y altos, profesionales, comerciantes y empresarios que optaron por entornos controlados, espacios verdes y accesos rápidos a la ciudad. Tras la pandemia, la búsqueda de ambientes abiertos aceleró aún más esa migración hacia zonas antes prácticamente vacías.
Según datos de la Municipalidad de General Pueyrredon, en la actualidad existen 26 barrios privados entre las ya habitadas y las que se encuentran en proceso avanzado de aprobación, una cifra que ilustra la magnitud del fenómeno que se viene dando en la comuna.
El primer quiebre se dio con Rumencó, que abrió camino a la proliferación de proyectos similares y convirtió al sur en el principal foco de expansión en la Avenida de los “Countries”. Informes oficiales indican que más del 60% de los barrios privados del distrito se ubican en esa área, donde cerca de la mitad de los lotes ya están ocupados y el resto avanza en ritmo sostenido hacia la consolidación.
Los estudios demográficos apuntan además a un crecimiento abrupto en el corredor de Ruta 11 Sur, que en los últimos quince años multiplicó su superficie construida. Buena parte de ese salto se concentró entre 2020 y 2023, un tramo marcado por incentivos fiscales, cambios normativos en el Código de Ordenamiento Territorial y un escenario que favoreció las inversiones. A ello se sumaron mejoras impulsadas por los propios desarrolladores, como extensiones de redes de servicios y nuevas calles pavimentadas, ante la falta de avance del Estado.
A modo de síntesis, el crecimiento periférico impulsó un cambio profundo en zonas que solían tener escasa población. En esos sectores, el aumento de habitantes está generando un corrimiento en los circuitos electorales: más votantes, mayor relevancia política y una distribución del padrón que empieza a contrapesar a los barrios tradicionales.
En este contexto, la comuna avanza hacia un modelo que combina expansión inmobiliaria, nuevos enclaves residenciales y un reacomodamiento social que redefine la identidad urbana. Lo que ocurre en los márgenes ya impacta en la vida cotidiana y en el mapa político de la ciudad, y todo indica que ese proceso recién comenzó.
Barrios cerrados : el Ejecutivo buscó salvar las aprobaciones
El gobierno debió rearmar de manera acelerada un conjunto amplio de autorizaciones concedidas a barrios cerrados en la periferia, después de que la Provincia marcara irregularidades y frenara su validación. El aviso llegó desde la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, que detectó que numerosos proyectos habían sido aprobados por el municipio a través de excepciones puntuales y cambios de uso dispersos, sin un criterio general que ordenara la expansión. Entre los desarrollos observados figuraban Arenas Chico, Olas Chapadmalal, Las Prunas, Tierra y Mar, Bosque y Mar y Senderos, todos en distintos niveles de avance pero con trámites incompletos o mal encuadrados. Frente a ese escenario, el Ejecutivo decidió en agosto de 2025 concentrar todas las habilitaciones en un solo expediente y reenviarlo al Concejo para obtener un respaldo antes de insistir con la convalidación provincial. El paquete incluyó loteos ubicados sobre rutas y áreas donde la presión inmobiliaria creció con fuerza en los últimos años. La maniobra generó fricción en la 5ta Sesión del HCD. Desde la oposición criticaron que el oficialismo recurriera a un “ordenamiento exprés” para resolver señalamientos que, a su entender, exhibían un uso discrecional de los cambios de zonificación. También remarcaron que algunos emprendimientos jamás habían sido tratados en el HCD y quedaron incorporados al expediente unificado. El oficialismo defendió la iniciativa al afirmar que la reorganización permitirá dar certeza jurídica y destrabar trámites de subdivisión y escrituración demorados.
Intervención bonaerense: resoluciones y Código de Aguas
El conflicto por el desarrollo costero y el avance de los barrios privados escaló a la esfera provincial, con eje en la Autoriidad del Agua (ADA). En octubre pasado, las Resoluciones 1520 y 1521 dictadas por el organismo marcaron una “línea de no retorno” para los grandes desarrolladores. El mensaje político: el aval del Concejo Deliberante ya no sería suficiente. La medida estableció un control previo y obligatorio de la ADA sobre cualquier proyecto de infraestructura que modifique la ribera, un golpe directo a la autonomía municipal. El núcleo de la restricción fue la elevación de la franja de veda para loteos y construcciones permanentes de 100 a 150 metros desde la línea de ribera, prohibiendo cualquier edificación sobre dunas. Esto impactó directamente en los planes de expansión de urbanizaciones cerradas. Dos meses después, el gobierno de Axel Kicillof utilizó el proyecto de Presupuesto 2026 para darles a la medidas un blindaje legal superior al de una resolución administrativa. No obstante, se permite a la ADA autorizar construcciones de "carácter no permanente, removibles y compatibles con la protección del ambiente" hasta el límite de los 100 metros. Esto genera una implicancia política: la facultad de permiti estas excepciones recae de manera exclusiva en la ADA. Así, la Provincia no solo busca consolidar su control de la costa mediante la Ley, sino que aspira a centralizar hasta la gestión micro del paisaje costero. La polémica está instalada y la discusión se dará en la Legislatura bonaerense.
Por unanimidad, la comisión de Educación dio despacho a la creación de la mesa contra la violencia escolar
Lo que tiempo atrás eran áreas de baja presencia habitacional o corredores de tránsito ocasional hoy muestra una expansión acelerada de complejos privados, edificios de densidad media, centros comerciales y nuevas urbanizaciones que se extienden hacia las rutas que bordean Mar del Plata. Esta dinámica, instalada progresivamente desde comienzos de los 2000, consolidó un modelo urbano que continúa expandiéndose y cuyo alcance ya redefine cómo se organiza el territorio.
La construcción en altura sobre la costa sigue siendo un sello marplatense, pero el cambio decisivo ocurrió en otras zonas. El crecimiento de urbanizaciones cerradas hacia las rutas 11, 2, 226 y 88, y sobre avenidas como Antártida Argentina o Jorge Newbery, generó un circuito residencial paralelo. Allí se asentaron familias de ingresos medios y altos, profesionales, comerciantes y empresarios que optaron por entornos controlados, espacios verdes y accesos rápidos a la ciudad. Tras la pandemia, la búsqueda de ambientes abiertos aceleró aún más esa migración hacia zonas antes prácticamente vacías.
Según datos de la Municipalidad de General Pueyrredon, en la actualidad existen 26 barrios privados entre las ya habitadas y las que se encuentran en proceso avanzado de aprobación, una cifra que ilustra la magnitud del fenómeno que se viene dando en la comuna.
El primer quiebre se dio con Rumencó, que abrió camino a la proliferación de proyectos similares y convirtió al sur en el principal foco de expansión en la Avenida de los “Countries”. Informes oficiales indican que más del 60% de los barrios privados del distrito se ubican en esa área, donde cerca de la mitad de los lotes ya están ocupados y el resto avanza en ritmo sostenido hacia la consolidación.
Los estudios demográficos apuntan además a un crecimiento abrupto en el corredor de Ruta 11 Sur, que en los últimos quince años multiplicó su superficie construida. Buena parte de ese salto se concentró entre 2020 y 2023, un tramo marcado por incentivos fiscales, cambios normativos en el Código de Ordenamiento Territorial y un escenario que favoreció las inversiones. A ello se sumaron mejoras impulsadas por los propios desarrolladores, como extensiones de redes de servicios y nuevas calles pavimentadas, ante la falta de avance del Estado.
A modo de síntesis, el crecimiento periférico impulsó un cambio profundo en zonas que solían tener escasa población. En esos sectores, el aumento de habitantes está generando un corrimiento en los circuitos electorales: más votantes, mayor relevancia política y una distribución del padrón que empieza a contrapesar a los barrios tradicionales.
En este contexto, la comuna avanza hacia un modelo que combina expansión inmobiliaria, nuevos enclaves residenciales y un reacomodamiento social que redefine la identidad urbana. Lo que ocurre en los márgenes ya impacta en la vida cotidiana y en el mapa político de la ciudad, y todo indica que ese proceso recién comenzó.
Barrios cerrados : el Ejecutivo buscó salvar las aprobaciones
El gobierno debió rearmar de manera acelerada un conjunto amplio de autorizaciones concedidas a barrios cerrados en la periferia, después de que la Provincia marcara irregularidades y frenara su validación. El aviso llegó desde la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, que detectó que numerosos proyectos habían sido aprobados por el municipio a través de excepciones puntuales y cambios de uso dispersos, sin un criterio general que ordenara la expansión. Entre los desarrollos observados figuraban Arenas Chico, Olas Chapadmalal, Las Prunas, Tierra y Mar, Bosque y Mar y Senderos, todos en distintos niveles de avance pero con trámites incompletos o mal encuadrados. Frente a ese escenario, el Ejecutivo decidió en agosto de 2025 concentrar todas las habilitaciones en un solo expediente y reenviarlo al Concejo para obtener un respaldo antes de insistir con la convalidación provincial. El paquete incluyó loteos ubicados sobre rutas y áreas donde la presión inmobiliaria creció con fuerza en los últimos años. La maniobra generó fricción en la 5ta Sesión del HCD. Desde la oposición criticaron que el oficialismo recurriera a un “ordenamiento exprés” para resolver señalamientos que, a su entender, exhibían un uso discrecional de los cambios de zonificación. También remarcaron que algunos emprendimientos jamás habían sido tratados en el HCD y quedaron incorporados al expediente unificado. El oficialismo defendió la iniciativa al afirmar que la reorganización permitirá dar certeza jurídica y destrabar trámites de subdivisión y escrituración demorados.
Intervención bonaerense: resoluciones y Código de Aguas
El conflicto por el desarrollo costero y el avance de los barrios privados escaló a la esfera provincial, con eje en la Autoriidad del Agua (ADA). En octubre pasado, las Resoluciones 1520 y 1521 dictadas por el organismo marcaron una “línea de no retorno” para los grandes desarrolladores. El mensaje político: el aval del Concejo Deliberante ya no sería suficiente. La medida estableció un control previo y obligatorio de la ADA sobre cualquier proyecto de infraestructura que modifique la ribera, un golpe directo a la autonomía municipal. El núcleo de la restricción fue la elevación de la franja de veda para loteos y construcciones permanentes de 100 a 150 metros desde la línea de ribera, prohibiendo cualquier edificación sobre dunas. Esto impactó directamente en los planes de expansión de urbanizaciones cerradas. Dos meses después, el gobierno de Axel Kicillof utilizó el proyecto de Presupuesto 2026 para darles a la medidas un blindaje legal superior al de una resolución administrativa. No obstante, se permite a la ADA autorizar construcciones de "carácter no permanente, removibles y compatibles con la protección del ambiente" hasta el límite de los 100 metros. Esto genera una implicancia política: la facultad de permiti estas excepciones recae de manera exclusiva en la ADA. Así, la Provincia no solo busca consolidar su control de la costa mediante la Ley, sino que aspira a centralizar hasta la gestión micro del paisaje costero. La polémica está instalada y la discusión se dará en la Legislatura bonaerense.
La tensión por los episodios de violencia en las escuelas terminó acelerando los tiempos del Concejo Deliberante. Después de una semana marcada por incidentes graves —con la Escuela 21 como caso detonante— la Comisión de Educación avanzó en la creación de un espacio formal para abordar la problemática: una mesa intersectorial que reunirá a todos los organismos involucrados en la vida escolar, desde el Estado municipal y provincial hasta las áreas de justicia, salud, seguridad y el sistema educativo en su conjunto.
El radicalismo, que preside la comisión a través de Gustavo Pujato, acompañó la iniciativa impulsada por los bloques opositores y permitió sellar un acuerdo político amplio. La propuesta prevé realizar una serie de encuentros coordinados por la Comisión de Labor Deliberativa con el objetivo de sistematizar información, definir criterios de intervención y ordenar un tema que comenzó a desbordar los límites de cada institución.
La movida legislativa llega luego de que docentes, auxiliares y sindicatos reclamaran una reacción del cuerpo deliberativo. La sucesión de hechos violentos, lejos de circunscribirse a una escuela o a un tipo de gestión, terminó por desnudar un fenómeno que atraviesa la totalidad del sistema educativo y que expone la falta de herramientas de prevención. Esa presión gremial y comunitaria empujó a los concejales a darle volumen político a una discusión que llevaba meses sin encontrar canales institucionales.
En el debate interno, el radicalismo sumó un pedido clave: solicitar información oficial sobre los episodios registrados en el último semestre y las intervenciones realizadas por las distintas áreas educativas. La intención es evitar diagnósticos construidos sobre percepciones aisladas y avanzar hacia un cuadro real de situación. La propuesta fue aceptada y será incluida en la convocatoria.
La mesa, cuyo nombre tentativo es “Escuelas Libres de Violencia”, incorporará a una extensa lista de actores: jefaturas regionales y distritales de gestión estatal y privada, el Consejo Escolar, la Secretaría de Educación municipal, organismos de protección de derechos, áreas sociales y sanitarias, el Fuero Penal Juvenil, fiscalías, juzgados, fuerzas de seguridad, la Universidad Nacional de Mar del Plata y sindicatos docentes y auxiliares, además de organizaciones sociales y de derechos humanos.
El amplio respaldo político —que incluyó a UxP, Acción Marplatense, el Frente Renovador, la UCR, el PRO y La Libertad Avanza— garantiza que la iniciativa supere sin sobresaltos el paso por Legislación, que preside el radical Daniel Nuñez. De conseguir dictamen, quedará en manos de Labor Deliberativa para definir el calendario de reuniones.
La pregunta ahora es si la mesa podrá convertirse en una herramienta efectiva o si quedará en una foto institucional. Lo cierto es que, por primera vez en meses, el Concejo acordó un diagnóstico común: la violencia escolar dejó de ser un episodio aislado y se transformó en un problema estructural que requiere respuestas coordinadas y sostenidas.
El puerto de Mar del Plata, a la deriva: un director salpicado por casinos clandestinos y un reinado de maltratos
l Puerto de Mar del Plata vive semanas intensas y de crisis institucional. Tras la fallida licitación de la Terminal Multipropósito, que tuvo que ser postergada “para re-analizar los pliegos” y ahuyentó a oferentes internacionales como la naviera CMA-CGM y dejó el puerto paralizado, el Consorcio Portuario acumula nuevos escándalos de alto voltaje. En el centro de la tormenta, el nombre del directivo Ignacio Amestoy, ratificado por la provincia de Buenos Aires en la última renovación como representante del Centro de Despachantes de Aduana, resonaría con estrépito en los pasillos judiciales.
En el marco de la investigación federal que desmanteló una sofisticada asociación ilícita dedicada al contrabando, al juego virtual clandestino y al lavado de activos —una causa que ya involucró a exfuncionarios de la Aduana— Amestoy se encontraría directamente imputado. La acusación sobre el directivo sería facilitar la importación de teléfonos celulares que habrían sido utilizados como herramienta operativa por la red de casinos ilegales. Los allanamientos realizados en domicilios de lujo como el barrio Rumencó habrían revelado la trama, pero en el Puerto, el silencio sería la única respuesta.
La pregunta que ronda a los sectores productivos es por qué, ante una acusación de tamaña gravedad que implica delitos económicos y aduaneros, el Directorio del Consorcio Portuario Regional, presidido por Marcos Gutiérrez, no habría emitido ningún comunicado oficial ni, lo que sería más grave, solicitado a Amestoy que se aparta de su cargo. La inacción del cuerpo directivo, en este contexto, se interpretaría como una presunta convalidación de un cargo institucional manchado por el escándalo, proyectando una sombra de complicidad sobre la gestión.
Como si el naufragio institucional no fuese suficiente, el malestar entre los permisionarios y operadores históricos del puerto estaría llegando a un punto de ebullición por el supuesto rol que estaría asumiendo la arquitecta Julia Gasalla. Las quejas se multiplicarían, apuntando a que Gasalla actuaría con una autoridad desmedida y un maltrato constante, modificando a su antojo las condiciones de los pliegos y los acuerdos establecidos.
La estrategia que se le atribuiría sería la de "ganar por cansancio" a los permisionarios, buscando generar un clima de hostigamiento para que estos se retiren y dejen libres sus predios. La sospecha de un nuevo "negocio" inmobiliario o logístico detrás de estas presiones se extienden como pólvora, aludiendo a maniobras similares a las que, según las críticas, habrían viciado y hundido diversas licitaciones y pliegos.
La suma de estos nuevos focos de conflicto, añadidos a la licitación fallida de la Terminal Multipropósito, pintan un panorama de caos y sospechas en la estación marítima. El Puerto, un motor vital para la economía de Mar del Plata, parecería estar secuestrado por la ineptitud, el secretismo y, lo que sería peor, las manchas de la corrupción, mientras sus autoridades se refugian en un silencio que solo incrementa las sospechas.
Lo que pintaba como un fracaso operativo estaría mutando en una crisis ética y judicial de proporciones, demostrando que el problema del Puerto sería mucho más profundo y preocupante, no solo para Mar del Plata, sino para la región y la provincia.
Se reabrió la paritaria municipal en medio de tensiones, crisis financiera y transición política
La mesa paritaria municipal volvió a abrirse este martes después de casi un año sin reuniones formales entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y el Ejecutivo, pero sin porcentajes. El regreso a la negociación no llega en un clima de normalidad: ocurre con las cuentas municipales al límite, con caída de ingresos, con el aguinaldo en duda y en plena transición política, factores que tensan aún más un vínculo con el gremio que ya venía desgastado.
Desde diciembre del año pasado no se actualizaba el acuerdo salarial. Aquel convenio —cerrado tras un año marcado por huelgas, judicializaciones y choques por la esencialidad— había pautado aumentos escalonados hasta marzo de 2025 y subas atadas a la inflación entre abril y julio, además de un plus del 50% por encima del IPC en agosto, septiembre y octubre. Ese acuerdo vence este mes, por lo que la negociación actual definirá no solo el cierre del ejercicio sino también el pago del medio aguinaldo.
La reapertura se da, además, con el STM en guardia tras el pago tardío y desdoblado de los sueldos de octubre, que afectó entre el 10% y el 15% de la planta. El sindicato formalizó su reclamo ante el Ministerio de Trabajo provincial, donde denunció que la comuna no solo no garantizó la liquidación en tiempo y forma, sino que tampoco brindó certezas respecto del aguinaldo. También advirtió que las decisiones de gestión que “afectan negativamente la recaudación” terminan repercutiendo en los salarios y en la prestación de los servicios municipales.
A este cuadro se sumó otro frente de conflicto: el gobierno municipal resolvió volver a descontar el día a los docentes y auxiliares municipales que la semana pasada realizaron un paro en rechazo a la escalada de violencia en las escuelas. La medida —que también alcanzó a los no docentes— replica lo ocurrido el mes pasado y volvió a tensar el vínculo con los delegados del sistema educativo municipal, que ya venían reclamando respuestas por episodios graves como los registrados en la Escuela Primaria N°21 del barrio Jorge Newbery.
El fin de año llega así cargado. Los tambores volvieron a sonar fuerte en los pasillos del Palacio Municipal, justo cuando avanza la transición: Guillermo Montenegro dejará la intendencia para asumir como senador provincial y Agustín Neme quedará al frente de la comuna. En ese marco, ya circula la pregunta que todos se hacen hacia adentro del Ejecutivo: ¿quién firmará el nuevo acuerdo salarial con el STM: el intendente saliente o el intendente entrante?
La negociación paritaria arranca, por ahora sin porcentajes, pero en un escenario de máxima fragilidad: crisis financiera, malestar gremial, caída de ingresos, docentes en conflicto y un cambio de mando que agrega más incertidumbre. Un comienzo de discusión que promete capítulos de alto voltaje en las próximas semanas.
La ADA doblega la voluntad del Municipio por Pueblo Chapa
La Municipalidad de General Pueyrredon ha tenido que digerir un trago amargo de rectificación para dar un paso formal en el expediente del controvertido desarrollo inmobiliario "Barrio Cerrado Pueblo Chapa" en Colonia Chapadmalal. Al emitir la Declaración Preliminar de Impacto Ambiental (DPIA), la gestión local, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), se limitó a formalizar su acatamiento a la tutela provincial. Esta resolución, publicada en el Boletín Oficial, constituye la aprobación de la etapa de prefactibilidad del proyecto que impulsa la firma Fiduciaria Espatolero y Lorenzo S.R.L., pero lo hace con una serie de condiciones vinculantes que reflejan la necesidad de mayor control ambiental y urbanístico sobre el emprendimiento.
El desarrollo, que busca emplazarse sobre la calle 749, a poco más de mil metros de la Ruta Provincial 11, había quedado en el centro de la controversia luego de que la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ordenara el cese inmediato de obras clandestinas por movimientos de suelo y la construcción de un paredón sin las habilitaciones correspondientes, tipificándolo como una infracción al Código de Aguas. La resolución municipal actual, impulsada por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) en el marco de la Ley 11.723, no implica una habilitación final, sino que otorga el visto bueno a la documentación técnica inicial presentada por la desarrolladora.
No obstante, el artículo segundo de la resolución es el más relevante en términos políticos y ambientales, ya que establece una estricta hoja de ruta para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental definitiva. Para avanzar, la firma deberá, obligatoriamente, solicitar el inicio de la etapa de factibilidad presentando un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo, el cual debe incorporar un Plan de Gestión Ambiental y un Proyecto de Forestación, además de considerar las observaciones técnicas ya realizadas.
Lo más significativo y revelador del cambio de poder es que el Municipio traslada la responsabilidad y el peso de la fiscalización al exigir, de manera taxativa, que el proyecto "acredite la Aptitud de Obra para Vuelco de Efluentes Líquidos, la Obra Hidráulica y la Explotación del Recurso Hídrico". Todas estas certificaciones, enfatiza la resolución, deben ser "emitidos por la ADA", la misma entidad que meses atrás ordenó el cese y paralizó el megaproyecto. Además, se exige la Convalidación Técnica y la Prefactibilidad de Barrios Cerrados en el marco del Decreto Provincial N° 1072/18.
Esta movida municipal demuestra que, si bien el gobierno local avanza en la evaluación de prefactibilidad, se ve obligado a incorporar en sus exigencias el "filtro bonaerense", reforzando la señal de que la aprobación municipal ya no es el único ni el paso final para los desarrollos inmobiliarios costeros en General Pueyrredon. Así, el destino de Pueblo Chapa y de proyectos costeros comienza a definirse fuera de Mar del Plata: se hará en La Plata, con la lupa de la ADA puesta sobre cada metro cuadrado.
Montenegro pidió licencia para dejar la intendencia y asumir en la Legislatura bonaerense
En un movimiento que reacomoda el tablero político local, Guillermo Montenegro envió al Concejo Deliberante el pedido formal de licencia para dejar la jefatura comunal y asumir como senador provincial por la Quinta Sección Electoral. La solicitud, que comenzará a regir el 10 de diciembre y no establece un plazo de finalización, abre una etapa inédita en la administración municipal y coloca en el centro de la escena al concejal Agustín Neme, quien quedará al frente del Ejecutivo de manera interina.
La decisión se concretó este jueves con el ingreso del proyecto del intendente al HCD. Allí, Montenegro apeló directamente a la normativa que habilita su salida temporaria y justificó sus motivos ante los ediles. “Me dirijo a ese Honorable Cuerpo a fin de solicitar licencia a partir del 10 de diciembre del 2025 en el ejercicio de mis funciones como Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon”, expresó en el mensaje enviado al Legislativo.
El jefe comunal también fundamentó su pedido en la reciente victoria electoral que lo ubicó en la Cámara alta bonaerense. “La presente solicitud obedece a que he sido electo Senador Provincial, conforme surge del acta de la Junta Electoral de fecha 26 de septiembre de 2025, debiendo cumplir con las obligaciones institucionales y actuaciones vinculadas a la asunción del cargo y al inicio del período legislativo”, argumentó, antes de solicitar que el Concejo apruebe la licencia según lo estipulado por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
La ingeniería institucional que se activa a partir de esta maniobra deja a Neme —presidente del bloque del Pro y primer concejal de la lista de 2023— como intendente interino. No habrá renuncia del actual jefe comunal: esa opción hubiera habilitado un recambio definitivo. En cambio, al optar por una licencia sin vencimiento, Montenegro mantiene la llave de regreso al Ejecutivo en cualquier momento del período que finaliza en 2027.
El cambio, sin embargo, no es menor. La llegada de Neme a la intendencia abre una etapa de transición política en la que se pondrá a prueba el equilibrio interno del oficialismo y la capacidad del interino para administrar un municipio atravesado por tensiones económicas, demandas sectoriales y una relación todavía incierta con la Provincia. El gesto del jefe comunal —una salida prevista en campaña, pero no exenta de lectura política— habilita un liderazgo acotado para su sucesor y deja un mensaje implícito: la conducción general del proyecto sigue bajo su órbita.
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