10 de diciembre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
General Pueyrredon formaliza la emergencia del transporte y garantiza la continuidad de las concesiones hasta la futura licitación
El Ejecutivo promulgó la ordenanza que extiende por un año, con opción a otro, el estado de excepción del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros, asegurando que las empresas actuales sigan prestando el servicio hasta 2027 o que se adjudique el nuevo pliego que ya está en el Concejo Deliberante.
El Municipio de General Pueyrredon oficializó la nueva declaración de emergencia para el Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros. A través del Decreto N° 2640/25, publicado en el Boletín Oficial, se promulgó la ordenanza, aprobada previamente por el Concejo Deliberante, que extiende la situación de excepción y la continuidad de los contratos vigentes de las empresas concesionarias. Esta medida, que se suma a una serie de prórrogas consecutivas que se han sucedido en los últimos años, busca garantizar la prestación del servicio mientras se destraba el proceso de una nueva licitación que se anticipa compleja.
La ordenanza establece la emergencia del servicio por el término de un año, a contar desde el vencimiento del plazo anterior, y habilita al Departamento Ejecutivo a prorrogarla por un período igual, lo que en la práctica podría extender el esquema actual hasta mediados de 2027. De manera paralela, y en lo que constituye el punto más relevante para la operatoria diaria, el mismo instrumento legal prorroga los contratos de prestación actualmente vigentes. Esta continuidad de las concesionarias está asegurada hasta que se cumpla el plazo de la emergencia o, lo que suceda primero, hasta que se concrete la adjudicación del servicio en el marco del nuevo pliego de transporte que ya se encuentra en tratamiento legislativo.
El paso dado por el Ejecutivo es la formalización de la decisión tomada en la Sesión de Prórroga del Concejo Deliberante a principios de diciembre. En aquella instancia, el oficialismo, junto con La Libertad Avanza (LLA), dieron su respaldo a la iniciativa impulsada por el gobierno municipal, mientras que la oposición, integrada por Unión por la Patria (UP) y AM, rechazó la medida, cuestionando la reiteración de "parches" en lugar de una solución de fondo. El Frente Renovador (FR), por su parte, optó por la abstención. El debate político refleja una tensión constante entre la necesidad práctica de sostener la prestación en un contexto de caída de pasajeros y costos crecientes, y la obligación de avanzar hacia un esquema regulatorio definitivo.
La insistencia en la emergencia y la prórroga de los contratos ocurre en un momento crucial, dado que el propio Ejecutivo municipal ha reingresado al Concejo Deliberante, el pasado 7 de noviembre, una versión actualizada del pliego de licitación. Este documento, que propone una concesión a 20 años y ha sido adaptado para reflejar la caída del 30% en la demanda post-pandemia –evidenciada en los datos del sistema SUBE–, busca ser el marco para la futura organización del transporte, incluyendo cambios en la flota, recorridos y el modelo tarifario. La declaración de emergencia, tal como se plantea en los considerandos del decreto, funciona como una herramienta para ganar tiempo y mantener la estabilidad del sistema mientras se analiza y debate el pliego.
Todo este proceso se enmarca en un sistema que arrastra un "desequilibrio financiero" significativo, con una baja drástica en la cantidad de pasajeros por kilómetro (IPK). Hace solo unas semanas, a mediados de noviembre, el gobierno municipal intentó aliviar esta situación con una nueva actualización en el valor del boleto, que escaló a $1.550 a partir de diciembre, un monto que busca contener el impacto de la inflación y los altos costos operativos sin aplicar la tarifa técnica completa solicitada por las empresas. La nueva prórroga de la emergencia, por lo tanto, no solo es una cuestión administrativa, sino un reflejo de la delicada situación financiera y operativa que atraviesa el servicio de colectivos en General Pueyrredon.