11 de diciembre de 2025
ENFRENTAMIENTO
Playa Paradise: la provincia declara nula la adjudicación a HOMS que el Municipio oficializó en septiembre
Un dictamen del Ministerio de Gobierno bonaerense emitido este 4 de diciembre expone que la entrega de la UTF Playa Dorada a la empresa Desarrolladora Homs S.A., sellada por el EMTURyC meses atrás, se realizó sin la convalidación obligatoria ni los estudios de impacto ambiental (IPAR-CUS). La provincia advierte que el expediente avanza en la "marginalidad de la ley", dejando en el aire el contrato por 20 años y la inversión millonaria anunciada por el oficialismo.
Lo que el gobierno municipal presentó en septiembre como un capítulo cerrado y un triunfo de gestión ha chocado de frente contra una pared normativa que pone en riesgo todo lo actuado. Una contundente respuesta oficial del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires revela que la adjudicación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Dorada —conocida comercialmente como "Playa Paradise"— carece de la validación legal indispensable. El documento provincial desmiente la solidez administrativa que el Ejecutivo local intentó proyectar al oficializar la entrega del predio a la firma Desarrolladora Homs S.A., confirmando que el trámite omitió sistemáticamente los procedimientos de ordenamiento territorial y evaluación ambiental vigentes.
El conflicto adquiere una gravedad institucional inusitada al contrastar las fechas. El pasado 16 de septiembre, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) había publicado en el Boletín Oficial la resolución que adjudicaba la unidad a Homs S.A., única oferente, por un plazo de 20 años. En aquel momento, el oficialismo celebró la medida como la consolidación de su modelo de "costa concesionada", destacando un canon anual de 70 millones de pesos —exceptuado por los primeros tres años— y una promesa de inversión de más de 2.000 millones en infraestructura. Aquella adjudicación se amparó en la Ordenanza 26.732, aprobada en julio gracias a la mayoría automática del interbloque oficialista y sus aliados libertarios, desoyendo los pedidos de veto de los vecinos de Chapadmalal y las advertencias de la oposición.
Sin embargo, la "letra firme" que el Municipio creyó imprimir en septiembre se ha diluido ante la respuesta provincial NO-2025-44125278. La Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial informó taxativamente que "no se encuentra en trámite" el proyecto de ordenanza en sus registros, lo que implica que el Municipio nunca elevó la documentación para su control. Más grave aún es la confirmación de que el proceso ignoró el Decreto N° 1.072/18, el cual exige desde 2018 la realización del IPAR-CUS (Informe de Prefactibilidad Ambiental Regional). Al saltarse este paso, el gobierno municipal otorgó la explotación de áreas sensibles —que incluyen zonas clasificadas como Yacimientos Paleontológicos— sin los estudios de capacidad de soporte ni la intervención obligatoria de la Autoridad del Agua.
La situación deja a la concesionaria y al Municipio en un limbo jurídico de difícil resolución. Lo que para la administración local era una política de "hechos consumados" —priorizando el corto plazo económico y la inversión privada sobre la planificación— es, para la Provincia, una actuación en la "marginalidad de la ley". La decisión de avanzar en septiembre sin modificaciones, desestimando la participación ciudadana y los planteos ambientales, ha derivado en un escenario donde la seguridad jurídica del contrato es nula. La Provincia ha dejado claro que, sin la convalidación técnica del uso del suelo y sin los certificados de prefactibilidad de servicios, la ordenanza municipal es inaplicable.
Este revés no solo afecta a Playa Paradise, sino que pone en tela de juicio la matriz completa de las licitaciones costeras recientes. La estrategia de acelerar concesiones como hoja de ruta de gestión se enfrenta ahora a la realidad de un sistema normativo superior que exige doble validación. La "avanzada" sobre la costa, que el oficialismo defendió como una potestad exclusiva para atraer capitales, queda ahora expuesta como una maniobra precaria que, al intentar esquivar los controles ambientales de La Plata, ha terminado por dejar a la inversión privada y al patrimonio natural en una zona de absoluto riesgo legal.