19 de diciembre de 2025
CLIMA CALIENTE
Tensión en Chapadmalal: denuncias por movimientos de arena y multas millonarias marcan el inicio de la temporada
El conflicto en la Unidad Turística Fiscal Arroyo Seco II reabre el debate sobre el control de las concesiones costeras y la preservación del patrimonio natural. Mientras el municipio de General Pueyrredon endurece las sanciones económicas contra el balneario Cruz del Sur, organizaciones vecinales denuncian intervenciones ilegales en sectores protegidos y una causa penal por daño ambiental pone en jaque la gestión del espacio público en el sur.
Con la llegada de la segunda quincena de diciembre y el inicio formal de la temporada estival, la zona sur de Mar del Plata vuelve a convertirse en un foco de conflicto político y ambiental. El centro de las miradas se posa sobre el balneario Cruz del Sur, ubicado en la zona de Chapadmalal, donde las recientes intervenciones con maquinaria pesada en el sector de playa pública han generado una nueva denuncia por parte del Observatorio Paseo Costanero Sur. Según el comunicado, se registraron movimientos mecánicos y perfilado de arena en el área intermareal, un espacio de dominio público que excede los límites de la concesión privada de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Arroyo Seco II. El conflicto técnico radica en que, para los denunciantes, estas maniobras rompen el equilibrio del sistema playa-acantilado y ponen en riesgo un yacimiento paleontológico de alto valor científico.
La situación administrativa del concesionario Mariano Giaccaglia, quien posee la explotación del predio hasta el año 2031, presenta un historial de fricciones con el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). En los últimos meses, el organismo encabezado por Bernardo Martín aplicó una multa de 2,5 millones de pesos —equivalente al 30% del canon de la concesión— debido al incumplimiento de un pago sancionatorio previo. Esta cadena de infracciones se remonta a años anteriores, incluyendo multas por obras no ejecutadas, cierres de sanitarios públicos y hasta episodios de obstrucción a las inspecciones municipales. Desde la gestión municipal se sostiene que la política de licitaciones de las UTF busca regularizar y mejorar la infraestructura de los balnearios, aunque las reiteradas faltas en unidades ya concesionadas alimentan las críticas de los sectores que demandan un control estatal más riguroso y efectivo sobre el cumplimiento de los pliegos.
El componente político de la disputa se agrava por el contexto geológico y legal de la zona. Los acantilados de Chapadmalal están protegidos por leyes que los declaran Yacimiento Paleontológico Excepcional, lo que otorga a cualquier intervención sobre el terreno un carácter de alta sensibilidad. En este sentido, la causa penal en trámite por daño ambiental y paleontológico añade una capa de complejidad judicial al caso, ya que se investiga si las obras realizadas con maquinaria pesada afectaron bienes de uso público y estratos de valor científico irreversible. El debate, por tanto, trasciende la simple administración de una unidad turística para situarse en una tensión de fondo: la convivencia entre la explotación económica de la costa, la preservación de los recursos naturales y el derecho de la comunidad al acceso irrestricto de las playas.
A medida que el flujo turístico aumenta, el caso de Cruz del Sur se convierte en un testigo del clima que atraviesa la gestión costera en General Pueyrredon. Mientras el municipio intenta avanzar con un modelo de licitaciones que delegue en privados el mantenimiento de la infraestructura, los incidentes en el sur subrayan las dificultades para garantizar que los intereses comerciales no colisionen con el patrimonio colectivo. La disputa en Chapadmalal no solo pone a prueba la capacidad de fiscalización, sino que también refleja una puja territorial donde la arena, los acantilados y el cumplimiento de la ley son las variables de una ecuación que permanece abierta y en conflicto.