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Contaduría en piloto automático: prórrogas y cuentas en tensión
Sin definiciones del Senado, Kicillof mantiene con decretos a los responsables del control financiero mientras la administración acumula pagos pendientes y parches institucionales.
El gobierno de Axel Kicillof volvió a extender por decreto el mandato de uno de los cargos más sensibles de la estructura administrativa provincial: el Subcontador de la Provincia. A través del Decreto N° 40/2026, el Ejecutivo prorrogó la designación de Nicolás Pablo Diner, cuyo mandato había vencido el 1° de febrero. La decisión se fundamenta en que el Senado aún no remitió la terna obligatoria para definir al titular del puesto, un requisito constitucional previsto por los artículos 82 y 156. Sin embargo, la medida reaviva cuestionamientos sobre la creciente dependencia del Ejecutivo de funcionarios prorrogados en áreas clave de control y administración.
La situación no es aislada: el Contador General de la Provincia, Carlos Francisco Balaztena, también se encuentra prorrogado desde fines de 2022 mediante sucesivos decretos —el último, el N° 2373/2022— bajo el mismo argumento de falta de terna legislativa. Así, las dos principales autoridades de la contabilidad y control financiero bonaerense continúan ejerciendo sus cargos sin renovación formal, una práctica excepcional que se volvió regla en la gestión de Kicillof.
El Gobierno sostiene que estas extensiones garantizan la “regularidad del funcionamiento del Estado” y evitan un eventual vacío operativo. Pero en la práctica configuran un esquema donde los principales puestos encargados de fiscalizar, administrar y supervisar la ejecución de los fondos públicos dependen del Poder Ejecutivo sin el contrapeso institucional del Senado. Para sectores opositores y especialistas en administración pública, la reiteración de estas prórrogas proyecta un signo de debilidad institucional y un manejo discrecional de cargos estratégicos.
La figura de Diner no es nueva en la administración bonaerense. Fue designado en 2022 tras integrar la terna elevada por el Senado y cuenta con experiencia en el PAMI, la Secretaría de Finanzas de la Nación, el sector privado y organismos internacionales. Sin embargo, su continuidad indefinida se enmarca ahora en un mecanismo excepcional que se ha vuelto recurrente: ocupar cargos vitales sin proceso de renovación, a la espera de un trámite legislativo que no avanza o que directamente no se impulsa.
Mientras tanto, la Provincia atraviesa un escenario económico delicado. El Ejecutivo acumula deudas con proveedores que se arrastran desde un 2025 marcado por la falta de liquidez. En ese período, Kicillof presionó por un endeudamiento adicional para sostener gastos corrientes, en un contexto donde la contabilidad estatal —precisamente las áreas bajo responsabilidad del Contador General y el Subcontador— enfrenta mayores exigencias de control, transparencia y auditoría.
En este marco, la decisión de mantener prorrogados dos de los cargos más neurálgicos del sistema financiero provincial genera dudas sobre la capacidad institucional del Estado bonaerense para ordenar sus cuentas y cumplir con sus obligaciones. La falta de definiciones del Senado y la respuesta del Ejecutivo con decretos excepcionales consolidan un esquema de emergencia permanente, donde los mecanismos constitucionales se diluyen en favor de parches administrativos.
La situación no es aislada: el Contador General de la Provincia, Carlos Francisco Balaztena, también se encuentra prorrogado desde fines de 2022 mediante sucesivos decretos —el último, el N° 2373/2022— bajo el mismo argumento de falta de terna legislativa. Así, las dos principales autoridades de la contabilidad y control financiero bonaerense continúan ejerciendo sus cargos sin renovación formal, una práctica excepcional que se volvió regla en la gestión de Kicillof.
El Gobierno sostiene que estas extensiones garantizan la “regularidad del funcionamiento del Estado” y evitan un eventual vacío operativo. Pero en la práctica configuran un esquema donde los principales puestos encargados de fiscalizar, administrar y supervisar la ejecución de los fondos públicos dependen del Poder Ejecutivo sin el contrapeso institucional del Senado. Para sectores opositores y especialistas en administración pública, la reiteración de estas prórrogas proyecta un signo de debilidad institucional y un manejo discrecional de cargos estratégicos.
La figura de Diner no es nueva en la administración bonaerense. Fue designado en 2022 tras integrar la terna elevada por el Senado y cuenta con experiencia en el PAMI, la Secretaría de Finanzas de la Nación, el sector privado y organismos internacionales. Sin embargo, su continuidad indefinida se enmarca ahora en un mecanismo excepcional que se ha vuelto recurrente: ocupar cargos vitales sin proceso de renovación, a la espera de un trámite legislativo que no avanza o que directamente no se impulsa.
Mientras tanto, la Provincia atraviesa un escenario económico delicado. El Ejecutivo acumula deudas con proveedores que se arrastran desde un 2025 marcado por la falta de liquidez. En ese período, Kicillof presionó por un endeudamiento adicional para sostener gastos corrientes, en un contexto donde la contabilidad estatal —precisamente las áreas bajo responsabilidad del Contador General y el Subcontador— enfrenta mayores exigencias de control, transparencia y auditoría.
En este marco, la decisión de mantener prorrogados dos de los cargos más neurálgicos del sistema financiero provincial genera dudas sobre la capacidad institucional del Estado bonaerense para ordenar sus cuentas y cumplir con sus obligaciones. La falta de definiciones del Senado y la respuesta del Ejecutivo con decretos excepcionales consolidan un esquema de emergencia permanente, donde los mecanismos constitucionales se diluyen en favor de parches administrativos.